El hijo de papa El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional ha realizado un informe que ha remitido al juez que sitúa a Iván Chavés, hijo del expresidente andaluz y presidente del PSOE, como eje de una red delictiva de "tráfico de influencias" por sus negocios con la Junta de Andalucía cuando era presidida por su padre. Según informa El Mundo, los investigadores consideran que los contratos con adjudicatarias de la Administración andaluza podrían encajar no sólo en el delito de tráfico de influencias sino también en el de cohecho. Sin embargo, la Fiscalía no ha ordenadao la inmediata apertura de una investigación sobre estos hechos detectados en la investigación original, que era el robo de documentos del despacho de Iván Chaves, denunciada por él mismo. El informe asegura que los contratos mercantiles que el hijo de Chaves denunció que le habían robado son pruebas de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo centro estaría Iván Chaves. El fin era conseguir, a cambio de comisiones, suculentos contratos de la Junta gracias a la situación de su padre. Los policías que han rastreado los documentos supuestamente robados, según Chaves, y no dudan en utilizar el término "corrupción" en el atestado para referirse a la actuación del hijo del socialista. De este modo, el informe asegura que en estos supuestos hechos delictivos estarían implicados tanto Iván Chaves como "terceros". Se apunta a que los testigos a los que tomaron declaración, excepto una exempleada, "tienen interés directo" en los negocios de Iván Chaves "por su implicación en esos mismos hechos". Éstos serían algunos socios y amigos y con los que también se buscaba "que se facilitase el acceso a la Administración andaluza". Sin embargo, la causa que tramita el Juzgado no investiga de momento estos negocios de Chaves sino que se centra en la supuesta sustracción de los documentos. La presunta trama de tráfico de influencias deriva de las pesquisas realizadas para esclarecer el robo. Según los investigadores habría sido simulado para invalidar pruebas en su contra. Según El Mundo, los policías que rastrearon los documentos cuyo supuesto robo denunció Iván Chaves Iborra no dudan en utilizar el término «corrupción» en el atestado en el que plasmaron los resultados de sus pesquisas, a partir de las cuales concluyeron que el hijo del también ex vicepresidente segundo del Gobierno simuló la sustracción de sus papeles y pudo incurrir, en consecuencia, en un delito de denuncia falsa. En estos hechos supuestamente delictivos a juicio del Grupo de Blanqueo, dependiente de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), estarían implicados, dice literalmente el informe redactado por los investigadores, Iván Chaves «y terceros» a los que no cita pero entre los que estarían, según se desprende de los contratos publicados por este diario, algunos de sus socios. De hecho, los policías apuntan también que todos los testigos a los que tomaron declaración a lo largo de su investigación, excepto una ex empleada, «tienen interés directo» en los negocios de Iván Chaves «por su implicación en esos mismos hechos». Se refieren, de esta forma, a Javier Olaegui de la Infiesta, íntimo amigo del hijo de presidente socialista y socio en dos empresas; a Julio Javier Moreno Valseca, amigo también de Iván Chaves y socio «de hecho », según una testigo; a Andrés Rodríguez Tapia, promotor inmobiliario que contrató a Olaegui «para que le facilitase el acceso a la Administración andaluza», y a Rocío Consolación Cabet del Castillo, ex esposa de Iván Chaves. La causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla se centra inicialmente en la supuesta sustracción de documentos denunciada por el hijo del ex presidente andaluz, y la presunta trama de tráfico de influencias que pone de manifiesto el informe del Grupo de Blanqueo deriva, precisamente, de las pesquisas principales realizadas para esclarecer el robo, simulado según la Policía por el propio Iván Chaves para invalidar pruebas que podrían usarse en su contra. Esto quiere decir que, formalmente, no hay ninguna investigación –ni judicial ni policial— que trate específicamente de los negocios del hijo de Manuel Chaves con la Junta de Andalucía que han ido publicando EL MUNDO y El Confidencial. Ello a pesar de las evidencias que han encontrado los agentes del grupo de Blanqueo, que llegan a hablar de una «trama de tráfico de influencias» para referirse a los hechos que ponen de manifiesto los contratos. Fuentes judiciales consultadas por este periódico indicaron que, a la vista del contenido del atestado, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17, María del Pilar Llorente, podría impulsar una investigación en profundidad acerca del hijo comisionista del presidente del PSOE. Lo podría hacer, añadieron estas fuentes, deduciendo testimonio de las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de las diligencias previas 1.469/11, las del supuesto robo de documentos denunciado en su día por Iván Chaves, lo que daría lugar a la apertura de un procedimiento independiente, ya por tráfico de influencias (como apunta el informe remitido al juez de la Policía Nacional), cuya dirección recaería en otro juzgado de Sevilla, el que correspondiese por turno de reparto ordinario. |