Cuevas Bajas - Malaga

La Guardia Civil ha desarticulado una presunta trama de títulos falsos de formación académica que ha salpicado a dos altos cargos del Partido Popular en Canarias: María Rosa de Haro Brito e Inmaculada Acosta, que fueron detenidas la pasada semana por agentes del instituto armado y puestas en libertad tras tomarles declaración. Ambas están imputadas por un presunto delito de falsedad documental y fueron directoras de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan), dependiente de la Consejería de Sanidad del Ejecutivo regional.

La causa tiene su origen en Cádiz, donde el Juzgado de Instrucción número 4 investiga varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil sobre la venta de títulos de formación a cambio de dinero. Los hechos tienen relación con la falsificación de diplomas y títulos oficiales de formación cuyos cursillos nunca se llegaban a ofrecer, pero se expedían los títulos a todo aquel que pagaba. Dichos títulos servían posteriormente para presentarse a bolsas de trabajo en la administración pública o para sumar puntos a la hora de presentarse a unas oposiciones, y están relacionados con el manejo de material sanitario, en unos casos, o con cursos de primeros auxilios, en otros.

La Guardia Civil ha practicado un total de diez detenciones en Cádiz, Badajoz y Canarias y otras dos personas más se encuentran imputadas. En el Archipiélago, al margen de los dos altos cargos del PP, también ha sido imputada Carmen Nieves Cáceres, residente en Tenerife y secretaria general de la Essscan. De todos ellos únicamente permanece en prisión el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores (Sitca), con sede en Andalucía y que era el organismo encargado de expedir los certificados y cobrar a quien lo deseara por cursos que nunca llegaban a realizarse.

El Sitca ofrecía a través de su página web un sinfín de cursos de formación, al parecer con el aval de ser un sindicato, a pesar de que la Guardia Civil investiga qué tipo de actividad sindical realizaban y si efectivamente la realizaban. El Sitca expedía títulos de formación que nunca llegaban a realizarse y éstos eran validados por organismos oficiales, tales como las Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, con quien tenía un convenio firmado, o por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía e, incluso, por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Lo cierto, según informa la Guardia Civil, es que dichos cursos nunca llegaban a realizarse y simplemente se expedían los títulos a cambio de dinero. De esta forma, la participación de los dos altos cargos del PP está relacionada con la firma, como directoras de la Essscan, de los títulos que expedía el Sitca, el sindicato domiciliado en Andalucía. Según fuentes próximas a la investigación, no se baraja la posibilidad de practicar más detenciones en Canarias.

El PP andaluz también alteró facturas de la campaña electoral de 2003 en connivencia con la red Gürtel, según un informe de Hacienda remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 13 de septiembre y que ya no está sujeto a secreto de sumario. Como ha venido informando Público, la modificación de facturas fue una práctica habitual en el PP de Madrid durante las elecciones de 2003 y 2004. El objetivo, tanto en Madrid como en Andalucía, habría sido el mismo: evitar que facturas de campaña parecieran tales y evitar así que el partido sobrepasara los límites de gasto impuestos por la legislación electoral.

Hacienda sustenta su afirmación en los documentos hallados durante el registro de las oficinas de Gahler, la gestoría que, supuestamente, fabricaba facturas para otras empresas de la trama. Según Hacienda, entre los documentos incautados figuran facturas donde la expresión "Campaña" se cambió por la de "Precampaña".

El PP andaluz niega conocer la nota donde pedía que se cambiasen facturas
Precampaña y no campaña
El registro deparó un segundo hallazgo de importancia: una nota manuscrita sobre un folio con membrete del PP andaluz, sin firma pero con fecha: 25 de mayo de 2003, es decir, dos días antes de las elecciones municipales. El contenido de esa nota es el siguiente: "Muy Sres. Nuestros: Rogamos nos rehagan las adjuntas facturas, con el texto que indicamos en las mismas. Gracias".

Hacienda, que no reproduce en su informe las facturas, considera claro que hubo alteración. Y lo expone así en el texto enviado a Pedreira: "Las rectificaciones de las facturas a que se refiere esta nota [la manuscrita], emitidas a nombre del PP de Andalucía (...) consistieron en eliminar de las mismas toda referencia a la campaña electoral Elecciones Autonómicas y Municipales 2003 y al eslogan Cumplimos".

El informe no precisa cuál de las empresas del grupo de Correa emitió las facturas, pero todo indica que se trata de Rialgreen: todos los papeles hallados en la sede de Ghaler e incluidos en el tomo que analiza Hacienda se relacionan con esa empresa. Rialgreen facturó al PP andaluz 520.491 euros en la campaña para las elecciones autonómicas de 2004, pero incumplió la obligación legal de informar a la Cámara de Cuentas

EN CÁDIZ:
Rota: Antonio Peña, concejal de urbanismo, del PP, está imputado por prevaricación.

EN GRANADA:

Ogíjares: José Luis del Ojo, el diputado nacional y ya ex concejal de Urbanismo en el municipio granadino de Ogíjares, entregó el pasado martes (17 octubre) su acta de edil. Renunció a su cargo en ese ayuntamiento ante las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en el municipio de las que se le acusa. IU pide su cabeza en el Congreso de los Diputados.

Almuñécar: Juan Luis González Montoro (ex alcalde de Almuñécar, actual concejal en ese ayuntamiento y diputado nacional) está imputado en un proceso judicial por supuestos pagos irregulares en su etapa de alcalde para intentar beneficiar a su partido (PP) en la campaña electoral. Fernando Callejón (concejal de Almuñécar) está imputado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental en relación a una presunta factura falsa por importe de 12.000 euros.


Alhendín: El concejal de urbanismo ha dimitido tras quedar en libertad condicional por cinco delitos. El PP de esa localidad mantiene abierta una investigación sobre la tramitación del polígono industrial de Marchalhendín, supuestamente fraudulenta,

EN JAÉN:

Alhendín: El PSOE tiene previsto denunciar las presuntas irregularidades urbanísticas del Gobierno local del municipio, del PP, como la urbanización ilegal de un polígono industrial o el intento de convertir unos terrenos públicos donde se emplaza el colegio de la localidad en suelo libre.

EN SEVILLA:

Espartinas: el PA denunció al Gobierno local por un presunto delito de prevaricación , delito urbanístico y delito societario. Según la denuncia, el alcalde, Domingo Salado, y el concejal de Urbanismo, Javier Jiménez, habrían actuado de intermediarios al servicio de una promotora en la recalificación de una finca de la familia Guardiola (muy conocida en Sevilla).

EN MÁLAGA :

Cómpeta:El alcalde, Leovigildo López (PP), está a la espera de un juicio en el que se enfrenta a la pena de un año de cárcel y 10 de inhabilitación por conceder una licencia de obras en suelo no urbanizable.

Alhaurín el Grande: El alcalde Juan Martín Serón y el concejal de Urbanismo Cristobal Guerra (ambos del PP) fueron detenidos por un presunto delito de cohecho horas después de la conversación que el segundo mantuvo en su despacho oficial con un promotor con un proyecto en el municipio. Este último la grabó, con permiso judicial, como denunciante y testigo protegido.

psoe y pp LA MISMA MIERDA ES

Tienes en parte razon pero del pp hay mas y te lo puedo demostrar y alguno de iu tambien tiene bastante mierda.