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Imputado un ex trabajador en el ERE de 2007

La juez ha imputado a un trabajador que presuntamente se acogió al Expediente de Regulación de Empleo de 2007 el mismo día que firmó su contrato de trabajo

abc / sevilla

Día 17/02/2011 - 19.55h

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La juez que investiga presuntas irregularidades en Mercasevilla ha imputado en la causa a un trabajador que presuntamente se acogió al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2007 el mismo día que firmó su contrato de trabajo. Fuentes del comité de empresa de Mercasevilla han informado a Efe de que el trabajador J.A.R.M. ha recibido por burofax la notificación del juzgado de instrucción 6 de Sevilla de que debe nombrar abogado y procurador, aunque aún no ha sido citado a declarar.

El nombre de este trabajador figuraba entre los casos que la juez había acordado investigar en un auto de enero pasado, por lo que había solicitado a la empresa pública que remitiera su contrato de trabajo de 16 de abril de 2007, "la misma fecha de solicitud del ERE donde fue finalmente incluido". El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez, ha negado a Efe que este caso suponga una irregularidad porque el afectado trabajaba desde 1999 en Mercasevilla y estaba incluido en la Bolsa de Contrataciones.

Su situación laboral era equivalente a un fijo discontinuo y la empresa tenía obligación de hacerlo fijo en cuanto se produjese una vacante, según Domínguez. La juez acordó en enero pasado ampliar su investigación sobre Mercasevilla a este trabajador, a los ERE de 2003 y 2007, determinar los criterios de financiación por parte de la Junta e investigar la posible "connivencia" al incluir en el ERE a un dirigente del PSOE de Jaén y a una viuda sevillana.

La juez solicitó entonces a la Policía o a la Junta nueve diligencias, entre ellas que se investigue por qué Mercasevilla justificó sus ERE de 2003 y 2007 por razones económicas y organizativas "y en ese periodo prácticamente contrató el mismo número de trabajadores fijos que despidió". Además, pidió a la Policía que investigase las cantidades percibidas por prejubilación por Antonio Garrido Santoyo, miembro de la Ejecutiva del PSOE de Baeza (Jaén) que nunca trabajó en el mercado central, y que informase sobre las presuntas "connivencias" y la persona que pudo beneficiarse de la inclusión en el ERE de Carmen Fontela, una viuda sevillana de 66 años que nunca fue empleada de la empresa. Posteriormente, la juez ha abierto una nueva línea de investigación que abarca a una treintena de fraudes en los ERE de otras empresas andaluzas.

La imagen del Partido Popular y la herencia política del ex presidente balear Jaume Matas, empañadas por nueve casos de supuesta corrupción, se someten a examen estos días en los juzgados de instrucción de Baleares. La magnitud de los escándalos de presunta malversación de dinero público y la alta cifra de implicados alargará hasta cuatro años, toda una legislatura, los procesos judiciales.

LOS NUEVE CASOS DE CORRUPCIÓN DEL PARTIDO POPULAR EN BALEARES
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Tres ex dirigentes populares cumplen condena firme por casos de corrupción
Junto al ex presidente balear, figuran como imputados otros 40 ex altos cargos del PP en el Gobierno autónomo de 2003 a 2007. Tres ex responsables populares cumplen ya pena de prisión con condena firme por corrupción. El resto de los imputados espera turno.

El último de esta larga lista ha sido el ex director general de Turismo, Juan Carlos Alía, en prisión sin fianza por el caso Ibatur. Tras levantarse el secreto de sumario el pasado miércoles, se supo que el Instituto Balear de Turismo pagó 5.568 euros a una entidad por traducir tres nombres al chino, según la Fiscalía Anticorrupción, que lo pone como ejemplo del desvío de fondos en el organismo público.

Matas, que fue ministro con el ex presidente del Gobierno José María Aznar entre 2000 y 2003, es el denominador común de esta catarata de irregularidades. Además, está imputado en uno de los casos (Palma Arena). También han caído cuatro de sus ex consejeros en el Ejecutivo balear: los de Industria, José Juan Cardona; Economía, Luis Ramis de Ayreflor; Medio Ambiente, Jaume Font; y Turismo, Juan Flaquer. Los dos últimos siguen en política como diputados regionales del Partido Popular.

De la cúpula de aquel Gobierno, también están imputados otros 24 altos cargos (ex directores generales, gerentes de empresas públicas, jefes de gabinete y un secretario), a los que hay que sumar una decena más de cargos del organigrama autonómico.

Esta cadena cada vez más extensa y pesada lastra al nuevo presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, ungido en su día por el líder nacional, Mariano Rajoy, como ejemplo de "un hombre limpio". Bauzá quiere dejar atrás lo que considera "pasado", hasta el punto de que incluso ha intentado incorporar a su partido a la causa contra Matas como acusación particular, diciéndose víctima de sus presuntas corruptelas.

Pero el juez José Castro se ha negado, al considerar que "todos los indicios apuntan en sentido diametralmente opuesto". Es decir, parece que el PP, y más en concreto su maquinaria electoral, se benefició de fondos negros para "diseñar la campaña electoral de 2007

sin repercutírsele determinados gastos electorales y facturando otros de manera opaca".

Ni siquiera la familia ha quedado al margen de sospechas: el cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, está imputado por abonar 50.000 euros de una caja b a la agencia de publicidad Nimbus. Empleados de esta firma han admitido que no facturaron al PP algunos trabajos o que los cobraron en dinero negro.

Pero son varias agencias más la investigadas por trabajar en la campaña electoral del PP al tiempo que recibían contratos millonarios de la Administración regional. Dos de ellas, Estudi Joan Rosselló y Espiral, ya han reconocido que no cobraron sus servicios al PP. De otras se sospecha que pagaron comisiones para recibir contratos.

Estos episodios de supuesta financiación irregular del PP balear -que aparecen en al menos tres de las nueve causas- han aflorado durante la investigación por el presunto desvío de caudales en empresas y obras públicas.

Y es que los grandes agujeros de la era Matas se encuentran precisamente en las empresas públicas autonómicas. Hasta 176 se crearon para, presuntamente, sortear los controles previos de gastos (y así destinar fondos a fines irregulares) y plantilla (para colar a militantes afectos).

La respuesta del PP ha consistido en enfilar la proa contra el juez José Castro. Fue él quien impuso una fianza de tres millones de euros sobre Matas al encontrar indicios de hasta una docena de delitos que le pueden suponer 24 años de cárcel. Su actuación ha sido respaldada, sin embargo, por la Audiencia de Palma.