Cuevas Bajas - Malaga

Con el dinero de los parados

Cinco casos Mercasevilla destapan el fraude de las prejubilaciones falsas

La grabación que en 2009 desveló el cobro de comisiones ha conducido al «fondo de reptiles», que pone en jaque la política de subvenciones andaluza


Día 13/02/2011 - 10.43h

La grabación que dio origen al caso Mercasevilla y que ABC transcribió en exclusiva el 22 de abril de 2009, es un auténtico manual de corrupción. Algunas de las frases pronunciadas ante el micrófono oculto eran premonitorias de lo que dos años después hemos conocido gracias a la investigación realizada por la Policía a instancias del Juzgado de Instrucción numero 6 de Sevilla. Hoy, el caso Mercasevilla está dividido en cinco ramas bajo el denominador común de la corrupción en el ámbito del Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía por el cobro de favores y comisiones a cambio de ayudas públicas. Hasta el momento, la juez Mercedes Alaya ha imputado a catorce personas, entre las que hay cargos públicos socialistas y técnicos de la Administración, pero las últimas investigaciones han desvelado una trama de fraude masivo y millonario en las ayudas de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que convierte el caso en una seria amenaza para la estabilidad del Gobierno andaluz. Un gobierno, que durante dos años se negó a investigar a fondo la trama a pesar de estar implicado desde el primer momento. La trascendencia del caso supone un escándalo político que el Partido Popular relaciona con la financiación ilegal del PSOE.

«La Junta colabora con los que colaboran»

La investigación del caso que actualmente sigue la pista al fraude generalizado en las subvenciones de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía centró inicialmente en un petición de comisiones por parte de los directivos de Mercasevilla, empresa gestionada por la sociedad estatal Mercasa y el Ayuntamiento de Sevilla, a dos empresarios del grupo de hostelería La Raza como contrapartida por una subvención de 900.0000 euros concedida por la Junta de Andalucía a la Fundación Mercasevilla para la puesta en marcha de una escuela de hostelería que gestionaría La Raza. La conversación fue grabada el 26 de enero de 2009 por los empresarios, José Ignacio Rojas y Pedro Sánchez Cuerda, actual presidente de la Asociación de Hostelería de Sevilla. A ambos Fernando Mellet y Daniel Ponce, director y subdirector de Mercasevilla, respectivamente, les pidieron 300.000 euros de «colaboración» —más 150.000 «para enganchar la luz»— con el pretexto de que «la Junta colabora con quienes colaboran». Posiblemente esa sea la frase más destacada de la grabación pues supone un indicio para sospechar de la existencia de un cobro sistemático de comisiones desde la administración andaluza, presidida entonces por Manuel Chaves, a partir de las subvenciones que concedía, en este caso en materia de Empleo.

Según las indicaciones previas, los empresarios deberían entregar el dinero en un maletín que dejarían olvidado en un despacho cuya ubicación no precisaron lo directivos.

La cinta fue entregada el 27 de enero por uno de los empresarios a un asesor de la Consejería de Presidencia, ocupada entonces por Gaspar Zarrias. El propio asesor se lo transmite a sus superiores, a los servicios jurídicos de la Junta al viceconsejero de Empleo y al propio alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como máximo responsable de los directivos «pillados» en la grabación, Mellet y Ponce, ambos personal de su confianza y militantes de la Agrupación Socialista Macarena de Sevilla.

La Junta no traslada hasta el día 17 de febrero la cinta a la Justicia, si bien no decide hacerlo al juzgado de guardia sino que la pone en conocimiento de la Fiscalía de Sevilla conscientes de que los empresarios tendrían una copia de la misma.

Nada trascendió a la opinión pública hasta el 31 de marzo cuando ABC informa de la investigación que al respecto había abierto la Fiscalía. Hasta entonces, y a pesar del conocimiento de los hechos que tenían tanto el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía no se habían tomado públicamente medidas disciplinarias contra los implicados. El director de Mercasevilla, Fernando Mellet dimitió el 17 de febrero «por motivos personales» a pesar de que el alcalde sostiene que cinco días antes había ordenado por fax su cese. Sin embargo, Mellet dimite recibiendo una efusiva felicitación del vicepresidente ejecutivo de la empresa pública, el teniente de alcalde y portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, socio de gobierno municipal. El subdirector imputado, Daniel Ponce, sigue trabajando hoy en Mercasevilla, donde pretende prejubilarse. Mellet y Ponce fueron expulsados del PSOE en junio, tres meses después de que ABC destapara el escándalo.

Ante la aparente pasividad de la Fiscalía de Sevilla en la investigación, limitada prácticamente a la transcripción policial de la cinta y a la toma de declaraciones, el PP, a través de su portavoz municipal, Juan Ignacio Zoido, interpuso en mayo de 2009 una querella que aceptó a trámite el juzgado de instrucción número seis. La investigación judicial derivó en la imputación de Mellet y Ponce, de la secretaria de dirección de Mercasevilla Regla Pereira y del delegado provincial de Empleo de la Junta en Sevilla, Antonio Rivas, el primer alto cargo socialista de la Junta implicado en el caso que, sin embargo, no dimitió hasta el 20 de abril de 2010, amparado por el ferviente apoyo que le daba su partido y la cúpula política del Gobierno andaluz. La Junta hasta ese momento había restado importancia al escándalo, que entendía de competencia municipal, pero en el origen de todo está en una frase fundamental para reconocer la trascendencia del asunto: «la Junta colabora con quienes colaboran» y Rivas no iba a ser el único cargo de la administración pública implicado.

Mercedes Ayala: La juez

Su persistencia ha permitido que el caso no quedara en una simple tentativa de cohecho. Indagó en las entrañas de la conversación hasta abrir cuatro causas diferenciadas del caso. Conocida por instruir otras causas de relevancia como la de la descapitalización del Real Betis durante la dirección de Manuel Ruiz de Lopera, ha sufrido el acoso de las defensas y del PSOE que ha criticado su celosa forma de instruir. Incluso ha superado una recusación de una imputada, que apoyó parcialmente le Fiscalía, y que la Audiencia consideró de «mala fe».

POSDATA:COPIADO

DOS EXALCALDES DEL PP DEBEN DEVOLVER A BOADILLA 500.000 EUROS DE PAGOS ILEGALES.

El Tribunal de Cuentas ha condenado a los ex alcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero y Nieves Fernández Crespo, ambos del Partido Popular, a abonar 488.357 euros a ese Ayuntamiento madrileño. Les considera responsables del perjuicio causado a las arcas municipales por unos complementos a la paga extra de los funcionarios concedidos de forma irregular entre 1998 y 2000.

Fernández Crespo fue alcaldesa de Boadilla (43.400 habitantes) entre junio de 1995 y noviembre de 1999. González Panero era concejal de Hacienda en los dos últimos años de mandato de la regidora, y en 1999 le sucedió en el puesto.

Dimitió en 2009, contra su voluntad y por las fuertes presiones de la dirección nacional y regional de su partido, horas después de haber sido imputado en el caso Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP. Según las pesquisas judiciales, González Panero favoreció de manera irregular la contratación por parte del Ayuntamiento de empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, ahora en prisión, que se refería a él con el apodo El Albondiguilla.

Esta sentencia no está vinculada en principio con el Gürtel. Fernández Crespo (como alcaldesa) y González Panero (como concejal de Hacienda) validaron el abono de un complemento de la paga extra de los funcionarios municipales de junio y diciembre de 1998 y de junio de 1999. Además, y ya como regidor, González Panero autorizó los correspondientes a diciembre de 1999 y junio y diciembre de 2000.

El Tribunal de Cuentas considera que estos pagos conllevaron una gestión indebida de fondos públicos, amparada además en una cláusula retributiva ilegal introducida en la normativa municipal bajo su responsabilidad.

Los abonos, sin justificación jurídica suficiente, dañaron las arcas municipales, según el tribunal, que imputa por ello responsabilidad contable a Fernández Crespo y González Panero.

Ambos deberán abonar (a medias) 220.657 euros por las pagas durante el mandato de Fernández Crespo. Además, González Panero tendrá que entregar 267.700 euros adicionales por las irregularidades cometidas cuando era alcalde. A estas cantidades hay que sumar intereses.

El tribunal ha admitido de forma parcial un recurso interpuesto por el ex concejal Antonio González Samos contra una sentencia de julio de 2006 que eximía de responsabilidad a los dos ex alcaldes. Es recurrible ante el Tribunal Supremo. La sentencia cuenta con el voto particular del consejero Rafael María Corona Martín, que se inclina por desestimar en su totalidad el recurso de González Samos, al no entender que se haya cometido infracción alguna.

El demandante, Antonio Samos González, fue elegido concejal de este Ayuntamiento madrileño en las elecciones de 2003. Su partido, Alternativa por Boadilla, logró entonces el 7,44% de los votos y dos asientos, frente al 51,96% del PP, que obtuvo 13. Los otros seis fueron al PSOE.

POSDATA: COPIADO