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El PP asegura que Monteseirín y Zarrías están "hasta las cejas" en el "mayor escándalo de subvenciones de España"

14:45 (05-02-2011) | 1

El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla Beltrán Pérez ha afirmado este sábado que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteserín, y el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, están "hasta las cejas", apuntado a la implicación de la "familia política socialista en Jaén", en el "mayor escándalo de subvenciones públicas de España", en referencia al caso Mercasevilla y a la trama de subvenciones públicas que está siendo investigada.

Beltrán Pérez ha afirmado que se está ante una "corrupción generalizada, institucionalizada en la Junta de Andalucía y en el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, al calor del poder que ha ejercido el PSOE en Sevilla y en Andalucía con un escenario conocido, consentido y amparado por los primeros espadas de este escándalo".

"Nunca se ha planteado en España una situación así sobre gestión de ayudas públicas, tanto por la cuantía (más de millones), como por el periodo investigado (superior a ocho años) o por el número de personas", añade. Pérez recuerda que estas investigaciones sobre las ayudas de la Consejería de Empleo a las empresas con problemas es "sólo un bloque" del caso Mercasevilla, que supone un "escándalo de corrupción de escala monumental con epicentro en el Ayuntamiento de Sevilla, en la Junta de Andalucía y en la sede del PSOE".

En este sentido, apunta directamente a la responsabilidad "clara" de Sánchez Monteseirín, Zarrías y del ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aunque no descarta otros implicados. "El PSOE tiene el agua al cuello a nivel judicial, con la implicación de instancias superiores", recalca Pérez, que insiste en que "aún queda mucho por conocerse" y no descartan nuevas detenciones.

Tras lamentar que "aquí, pase lo que pase, no dimite nadie", afirma que los autos han confirmado "punto por punto" los escenarios que había dibujado el PP de Sevilla desde hace dos años en cuanto a personas implicadas y hechos. "La confirmación de estas implicaciones es un fracaso para la democracia y los juzgados deben poner coto a estas actitudes", añade Pérez, que critica a los que dicen que el PP pretende judicializar la política cuando "sólo actúa como garante y ellos son los que corrompen la política".

En este marco, advierte de que "aún queda mucho por conocerse, porque esto no ha hecho más que empezar," y afirma que en la Consejería de Empleo "seguro que habrá más actores de actualidad política implicados, pero se irá viendo con el tiempo". Pérez lamenta que el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, "tape y encubra todos estos hechos de importancia".

Pérez insiste en que en el Ayuntamiento "por encima de Manuel Marchena sólo queda Monteseirín, mientras que en el PSOE de Sevilla queda José Antonio Viera, situando la responsabilidad en el segundo escalafón tras los máximos responsables". "Esa responsabilidad judicial que tienen en el cuello, está políticamente definida en Monteseirín, Chaves, Zarrías y ahora Griñán", concluye.

Igualmente, pide al secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, como responsable de Empleo de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2004 que dé explicaciones sobre su gestión, "pero no con negativas vacías y amenazas con querellas, sino con la verdad". Pérez recuerda que en noviembre de 2010 Viera aseguró que "en 48 horas daría explicaciones sobre las investigaciones abiertas, tras estudiar el ajuste a derecho, y han pasado ya más de 48 días sin que lo haya hecho".

Así, pide que explique que pasó con Santonjo y el por qué se incluyó en el ERE de Mercasevilla y deja claro que "esos movimientos de dinero eran conocidos por instancias superiores, más allá del director general de Empleo, ya que las aprobaciones eran competencia exclusiva del consejer".

"Mientras que se endurecen las condiciones de las jubilaciones y se recortan los derechos de los jubilados, los mismos que recortan esos derechos son los que corrompen las políticas de empleo y están implicados en los hechos", sentencia.

Por último, indica que su grupo continuará ejerciendo una "labor de denuncia de la corrupción, aunque nos amenacen, porque nuestra obligación como cargo público es llegar al final". Así, señala que es la "obligación más desagradable" que ha tenido como concejal, pero que desde el PP se continuarán impulsando investigaciones en este caso a pesar de los "insultos, querellas, denuncias, amenazas veladas y presiones de todo tipo" que han sufrido.
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El ex presidente de Baleares Jaume Matas y cuatro miembros de Gobierno regional del PP (2003-2007) están imputados en las diferentes causas judiciales en las que se investigan escándalos y causas de supuesta corrupción. Este viernes se ha conocido la citación por el juez del caso Palma Arena del ex consejero balear de Educación y Cultura y actual parlamentario autonómico, Francisco Fiol, que se ha declarado "tranquilo" tras conocer por la prensa su implicación.

Calatrava y sus desmanes
Font registra la Lliga regionalista tras dejar el PP
Jaume Matas Palou
El que se ha convertido en el quinto imputado del Ejecutivo de Matas, el político y abogado Fiol, declarará en la pieza separada por la contratación directa y el pago de 1,2 millones al Santiago Calatrava, por la cesión de una miniatura y un pre proyecto de un video y una maqueta para un teatro de la ópera. El ex presidente Matas encargó el proyecto al ingeniero-arquitecto en 2007, en plena campaña preelectoral, para levantar un icono estelar en el centro del puerto y la bahía de Palma.

Calatrava también está imputado por el juez y los expertos de Hacienda desgranan las supuestas irregularidades del mundialmente conocido constructor de puentes y grandes complejos. Con el ingeniero están siendo investigados Matas y Fiol y otros ex cargos. La junta electoral vetó la presentación institucional de la ópera de Calatrava, sin plan urbanístico en Palma, sin un proyecto definido de construcción ni solar disponible sobre las aguas del Estado.

Matas perdió el poder, Calatrava cobró 1,2 millones del Ejecutivo en funciones del PP -después de las eleciones- y reclamó el retorno de la miniatura del plan urbanizador del puerto de Palma. El consejero Fiol encabezó el organismo autónomo que Matas creó para actuar con agilidad en su plan de obras y acciones estelares, el Instituto Balear de Infraestructuras, Servicios Educativos y Culturales desde el que se tramitó el pago.

Además de Matas y Fiol, del último Gobierno balear del PP están acusados en otras causas el ex consejero de Turismo y diputado en activo Juan Flaquer; el ex consejero de Economía, Luis Ramis de Ayreflor y el ex consejero de Industria, José Juan Cardona; estos dos últimos abandonaron el partido tras ser imputados y sometidos a medidas cautelares. Más de cuarenta ex altos cargos del PP están encausados, entre ellos el ex presidente balear Gabriel Cañellas (1983-1995); tres ex políticos cumplen condena en la cárcel, Rodrigo de Santos, Jaume Massot y Eugenio Hidalgo.
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