Alcaucín - Malaga

El PP denuncia connivencia de la Junta con las corruptelas de Alcaucín

jueves, 28 de enero de 2010

El alcalde socialista de Alcaucín, detenido por la Guardia CivilEl presidente provincial del PP de Málaga , Elías Bendodo, pidió ayer la dimisión de la delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio, Josefa López, tras descubrirse en el sumario del caso Arcos una conversación en la que, según dijo, la responsable autonómica pide a la Guardia Civil que "no denuncie las irregularidades urbanísticas" que encuentren en los municipios. El diálogo está recogido en una de las escuchas telefónicas realizadas a José Manuel Martín Alba, ex alcalde de Alcaucín, en el mes de enero. En ese diálogo, López informa al ex alcalde socialista encausado ahora que ha mantenido "una reunión en la Delegación del Gobierno con el Seprona y con el director general de Inspección" en la que dice que "el Seprona a partir de ahora irá con otro talante por el Ayuntamiento". Es decir, se trata de influir en el comportamiento de la Guardia Civil para propiciar la impunidad del regidor socialista del pueblo.

Bendodo consideró lo ocurrido como "escandaloso" y de "intervencionismo político". "Una persona así no puede estar al frente del urbanismo en la provincia de Málaga. Ese intervencionismo demuestra una mezcla de intereses de partido con los públicos. No puede seguir al frente de la Ordenación del Territorio una persona que maneja a la Guardia Civil", añadió, al tiempo que lamentó "el espectáculo que se está dando en el caso Arcos no sólo con la implicación de la Diputación sino también con participación "activa" de la Junta de Andalucía.

Frente a las acusaciones de Bendodo, la delegada de Vivienda explicó que lo recogido en el sumario judicial es "una deducción que hace el policía que se encarga de transcribir la conversación telefónica". Este diálogo, expuso, tenía por objeto informar sobre las negociaciones que se habían mantenido en la Subdelegación del Gobierno para firmar un convenio con el Ministerio del Interior con el fin de que el Seprona colaborase con los ayuntamientos en tareas de disciplina urbanística, acuerdo que se rubricó en octubre el pasado año.

"La idea era que el Seprona ayudase a los municipios no sólo denunciando sino también informándoles cuando observasen un movimiento de tierra o el levantamiento de una estructura para que ejerciesen sus competencias", dijo. "Para nada decía que se dejase tranquilo a ese Ayuntamiento", añadió López, quien recordó que hay algunas corporaciones locales "sin personal e incluso sin policías". "En ningún caso hemos tratado de obstruir su trabajo; estamos para defender la legalidad urbanística", sentenció, al tiempo que aseguró tener la conciencia "muy tranquila".

El caso Arcos

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, decretó el levantamiento parcial del secreto de sumario del caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística en la localidad malagueña de Alcaucín el pasaso mes de noviembre. Según la jueza, el procedimiento debería continuar secreto en parte debido a que la Guardia Civil continúa el análisis de la documentación intervenida y la práctica de diligencias. Argumentó además que existía riesgo de destrucción y manipulación de pruebas por parte de algunos de los imputados, por lo que decidió que debía mantenerse el secreto "el tiempo imprescindible" para asegurar dichas pruebas.

La instructora del caso Arcos acordó el secreto de las actuaciones el pasado 19 de septiembre de 2008, decisión que ha prorrogado en doce ocasiones. La trama del caso 'Arcos', con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora. Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo, que abandonó tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la juez. La operación destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la Axarquía.

El PSOE lo sabía y calló

El secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, ya dijo en marzo de 2009 que el PSOE intentaba ocultar que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial de Málaga tienen una responsabilidad en el caso de presunta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga). Sanz precisó que había documentos que demuestran que ambas instituciones conocían las irregularidades y podían haber actuado, pero que el PSOE había optado por "tapar sus vergüenzas". Antonio Sanz explicó que uno de estos documentos acreditaban que la Junta de Andalucía archivó una denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Alcaucín, lo que prueba que no cumplió con su responsabilidad. Otros documentos evidenciarían cómo el arquitecto de la Diputación Provincial avaló el cumplimiento de la legalidad de varias actuaciones en el municipio con membrete y sello de la institución, pese a que desde el PSOE se enmarcó la actuación del arquitecto en el ámbito privado.

Asimismo, señaló que, antes de las últimas elecciones municipales, el PSOE ya conocía las presuntas irregularidades, puesto que le fue advertido desde miembros del propio partido y, aún así, optó por "tapar las denuncias y decidir que el alcalde repitiera como candidato con tal de no perder el poder". Sanz dijo que tanto el gobierno andaluz como el PSOE en la Diputación tienen que dar explicaciones al respecto después de que se haya demostrado que han mentido.

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