Alcaucín - Malaga

El PP entregará a la jueza del caso Arcos las denuncias que el PSOE no quiso investigar

J. M. CAMACHO. SEVILLA
Publicado Martes, 24-03-09 a las 07:54

El PP entregará a la jueza del «caso Arcos» las denuncias sobre las irregularidades cometidas en Alcaucín que el PSOE no quiso investigar, según anunciaron ayer en rueda de prensa el secretario del PP regional, Antonio Sanz, y el presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo.
Según los responsables del PP, tanto la dirección provincial del PSOE de Málaga como la Ejecutiva regional socialista, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía conocían las irregularidades urbanísticas de Alcaucín, pero «miraron hacia otro lado».
Sanz cree que hubo una presunta negligencia de los responsables de la administración andaluza, del ente supramunicipal y del PSOE. Explicó que la Junta no hizo nada tras el «goteo de denuncias» de militantes del PSOE, ecologistas y Defensor del Pueblo, pese a los «indicios claros de ilegalidad» que había en uno de los casos urbanísticos.
«Presentaremos una serie de denuncias que tanto particulares como militantes socialistas realizaron a su partido y que evidencian una presunta complicidad con la corrupción urbanística de Alcaucín», indicó Sanz, quien añadió que la obligación del PP es poner en conocimiento de la justicia estos documentos, que apuntan a posibles responsabilidades políticas e incluso penales si se demuestra que miraron para otro lado.
Sanz explicó que ya en junio de 2006, el PSOE tuvo constancia de una serie de denuncias respecto a la construcción de 45 viviendas en cuatro parcelas en las que el plan parcial sólo permitía la construcción de cuatro viviendas unifamiliares, así como la edificación de 325 apartamentos en un terreno rústico.Sin embargo, hasta el 16 de mayo de 2008, dos años después de las primeras denuncias, no actúan los inspectores de la Junta, quienes emiten un informe denunciando las irregularidades.
Concretamente, los inspectores de la Junta informaron de que se estaban desarrollando obras de urbanización en un terreno rústico y con una licencia que sólo permitía movimientos de tierras y la edificación de un muro. La Junta, sin embargo, zanjó el asunto el pasado 20 de febrero pidiendo únicamente que se eliminaran unas banderolas de promoción y los carteles informativos, según explicó Antonio Sanz. Esta decisión se adoptó a pesar de que el Defensor del Pueblo andaluz ya le había instado a que fuera a la Fiscalía del TSJA tras recibir denuncias similares.
Sanz aseguró que el propio Ayuntamiento de Alcaucín admitió el delito, pero la Junta aceptó un informe del arquitecto de la Diputación, ahora imputado, para legalizar la situación, el mismo informe que el presidente del ente Salvador Pendón, considera ilegal por «no tener registro de salida».
Para Sanz es «ridículo», de «chiste» y «vergonzoso» que el vicepresidente del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, diga que se ha actuado con tolerancia cero, y el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se jacte de que todas las actuaciones que le llegaron se trasladaron a los tribunales.
El secretario general del PP acusó de conocer los hechos al entonces presidente de los socialistas malagueños, Juan Paniagua; Marisa Bustinduy, que ostentaba la vicepresidencia de Diputación; el secretario de política municipal, Luis Reina, y el secretario de organización del comité provincial socialista, Francisco Fernández España.
También denunció al presidente del Comité de Ética del PSOE regional, Francisco Dodero, por no investigar la denuncia de los militantes socialistas, quienes fueron amenazados, según Sanz. «Los denunciantes se encontraron con muros infranqueables y, al final, recibieron la bofetada del comité de ética», dijo el dirigente popular.
«Estas denuncias de las que los socialistas tuvieron constancia demuestran que sí ha habido tolerancia total con la corrupción y que se ha mirado hacia otro lado», afirmó Sanz, que cuestionó «la honradez de la que Manuel Chaves tanto presume».
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