Velilla de San Antonio - Madrid

Y digo yo, que si (supuestamente)la declaración de la renta es un asunto privado (supuestamente, repito); ¿qué hace el fiscal anti-corrupción acosando a este pobre hombre?.
A ver si va a ser un error burocrático.
Prensa canalla.
Vaya campaña de injurias que tienen montada contra este ciudadano.
Vamos kali, curro y carnaza pa tus abogaos, que esta ronda también la pagamos tod@s.


LA NOTICIA:


Carlos Fabra reaparece este jueves para declarar ante el juzgado de Nules
El presidente de la Diputación de Castellón declara hoy como imputado
EP 23-09-2010

El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, va a declarar este jueves en el juzgado de Instrucción número 1 de Nules por presuntos delitos contra la administración pública y un supuesto fraude fiscal. Es la reaparición pública del dirigente popular tras varios meses de convalecencia por enfermedad.

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12 comentar La cúpula del PP en la Diputación de Castellón, en los tribunales
Esta comparecencia, solicitada por el propio presidente de la Diputación y del PP provincial, se produce después de que el dirigente no pudiera asistir a otras, por motivos de salud, y después de que el Ministerio Fiscal haya elaborado su calificación provisional de hechos, en la que reclama 15 años de prisión para Fabra, paso previo a la apertura de juicio oral. En marzo, el presidente de la corporación provincial castellonense delegó sus funciones ''sine die'' por cuestiones de salud, a través de un decreto, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.

La causa tiene su origen en una denuncia de Hacienda contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999. En relación con este delito, un informe de los ingresos del dirigente ''popular'', realizado en la investigación judicial, apuntaba a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario. En este procedimiento se investigan los ingresos y las cuentas bancarias del presidente castellonense desde 1999 a 2004. La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.