Velilla de San Antonio - Madrid

Resolución de la Comisión Ejecutiva de IU-CM. 16/06/10

El pasado 16 de junio, el Gobierno del PSOE impuso por decreto una reforma laboral cuyo objetivo central es abaratar el despido y favorecer a la patronal, al aceptar las demandas de la CEOE sobre las causas y el coste del despido.
Reforma laboral, que junto al plan de ajuste, suponen el mayor recorte social de nuestra historia reciente, con los que el Gobierno central defiende una salida conservadora a la crisis vinculada a la pérdida de derechos sociales y laborales. Salida conservadora que trae como consecuencia inmediata el inicio de un conflicto social mantenido en el tiempo, que tendrá una primera respuesta masiva a través de la huelga general convocada por los sindicatos de clase para el próximo 29 de septiembre.

El problema del empleo en España no está en el mercado de trabajo, sino en la crisis económica y financiera provocada por un modelo basado en bajos salarios, la precariedad laboral, el control de la economía por parte de la banca privada, el monocultivo inmobiliario y la especulación económica. Ninguno de esos problemas van a ser resueltos por la reforma laboral aprobada. El objetivo de la reforma no es crear empleo, sino cumplir con las imposiciones de la banca y del capital financiero internacional a través de la política de ajustes impuesta por la UE y el FMI.

La reforma laboral supone la asunción del discurso de la patronal por parte del Gobierno del PSOE, al profundizar, por un lado, en un modelo económico basado en bajos costes laborales, al facilitar el despido y el abaratamiento del mismo; y defender por otro, un marco de relaciones laborales en el que se aumenta el poder discrecional de los empresarios y se ataca a la negociación colectiva. De esta forma se apuesta por una salida a la crisis que lesiona los derechos de los trabajadores y trabajadoras a la vez que favorece los intereses de la patronal y de los empresarios.

la Comisión Ejecutiva regional de IU-CM manifiesta su rechazo al Decreto de reforma laboral por los siguientes motivos:

Primero. La reforma laboral no va a generar empleo. El abaratamiento del despido no tiene efecto sobre la creación de empleo, ni se mejora la calidad del mismo flexibilizando la contratación. En los últimos 18 años se han llevado a cabo 8 reformas del mercado de trabajo cuyo elemento en común es el abaratamiento del despido y la flexibilización en la contratación, cuyo resultado ha sido el aumento de la temporalidad y de la rotación de contratos, precariedad que afecta en la actualidad a 13 millones de trabajadores.

Segundo. La reforma laboral solo busca abaratar el despido y la descausalización del mismo. Las medidas propuestas suponen la ampliación de los supuestos en los que los empresarios pueden despedir improcedentemente a los trabajadores con una indemnización de 33 días de salario por cada año trabajado, a la vez que facilita la realización de despidos por causas económicas, cuya indemnización es de 20 días de salario por cada año trabajado, frente al actual de 45 días.
Abaratamiento del despido que tiene su respaldo en la modificación del Estatuto de los Trabajadores que permiten aligerar las causas que delimitan el despido objetivo por razones económicas y que favorece su decausalización, lo que permite abrir las puertas a un despido más fácil y más barato, así como la desjudicialización de las relaciones laborales.

Tercero. La reforma laboral no va permitir acabar con la temporalidad ni con la dualidad del mercado laboral. La temporalidad no se reduce con la simple actuación en el mercado de trabajo por medio de la generalización del abaratamiento del despido. La falta de empleo y la generalización de la temporalidad no tienen relación con los modelos de contrato, sino con el modelo productivo imperante en la economía española.
La reforma laboral pretende convertir a todos los trabajadores en precarios, al imponer la generalización de un contrato con un despido más barato, discrecional a voluntad del empresario y prácticamente sin indemnización y convertir la contratación indefinida ordinaria en la gran damnificada de nuestro sistema de la relaciones laborales.

Cuarto. La reforma laboral aumenta el poder discrecional del empresario en la empresa, genera inseguridad jurídica entre los trabajadores y trabajadoras y supone un ataque a la negociación colectiva y los sindicatos. El Decreto aprobado por el Gobierno contempla medidas de flexibilidad interna que facilita que las empresas puedan modificar las condiciones laborales referidas a horarios, jornada, movilidad funcional y geográfica, al margen de la negociación colectiva, además de contemplar un sistema arbitral para los casos de desacuerdo, cuyo laudo será de obligado cumplimiento.
A lo anterior hay que añadir el hecho de que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) abone 8 días por año trabajado para todos los despidos, tanto en los colectivos como en los objetivos individuales, con independencia del número de trabajadores que tenga la empresa, por lo que el empresario solo pagará 12 días por año, con lo que el coste empresarial del despido se reduce de manera sustancial.
Por último, la posterior tramitación como Ley del actual Decreto, puede llevar a un endurecimiento, y por tanto, una modificación del mismo, lo que genera una fuerte indefensión jurídica al trabajador.

Quinto. La reforma laboral amplía el campo de actuación de las ETT´s, al poder actuar en sectores hasta ahora prohibidos para estas empresas como el de la Administraciones Públicas, y legalizan las empresas privadas de colocación, que estaban prohibidas en el Estatuto de los Trabajadores, con funciones al mismo nivel que los Servicios Públicos de Empleo, incluida la potestad de proponer sanciones.

Sexto. La reforma laboral profundiza en la precariedad laboral que sufren los jóvenes y la mujer trabajadora. Las medidas aprobadas amplían los supuestos en los que se puede aplicar contratos de carácter formativo para jóvenes que implican un salario sustancialmente inferior al resto de trabajadores, a la vez que plantean medidas sin contenido real y efectivo en cuanto a la promoción de la igualdad de hombres y mujeres en el trabajo.