Velilla de San Antonio - Madrid

EL PAIS

La sesión parlamentaria del miércoles 12 de mayo de 2010 quedará grabada en la memoria de España. Ese día, el jefe del Gobierno anunció uno de los ajustes económicos más impopulares y dolorosos de la democracia.

Cinco millones de pensionistas, 2,8 millones de funcionarios, cientos de miles de ancianos necesitados de asistencia y los 400.000 nuevos padres de 2011 sufrirán en sus bolsillos las consecuencias del recorte. Las constructoras perderán un negocio de 6.000 millones de euros en obra pública y los países en vías de desarrollo dejarán de recibir 600 millones de euros de la cooperación española.


La tijera de Zapatero se llevará por delante 15.000 millones de euros en año y medio, una factura dramática que el Gobierno socialista ha decidido pagar para ahuyentar algunos fantasmas que amenazan la estabilidad financiera de España y de la Unión Europea.

El presidente que se juramentó para no tocar las prestaciones sociales en medio de la tormenta de la crisis y que se aferró a la paz social como un salvavidas con el que salir a flote en plena recesión, descendió el pasado miércoles a su particular infierno para anunciar la reducción de unos gastos que, hasta ese momento, eran sagrados e intocables. "No había alternativas. Había que hacerlo y lo hizo. Estaba determinado", cuenta un ministro.

Lo hizo sin encontrar en el hemiciclo ni una sola mano tendida, salvo la de su propio grupo parlamentario; lo hizo a sabiendas de que lloverían huelgas en España y de que le darían la espalda los sindicatos mayoritarios, con los que se ha entendido bien durante estos dos años de calvario económico y paro desbocado; lo hizo a la fuerza, porque le obligaron otros gobiernos de la Unión Europea; lo hizo en la intimidad de su teléfono móvil conversando con apenas media docena de colaboradores y algunos líderes europeos;