Velilla de San Antonio - Madrid

publicado en el PAIS. 2009.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha imputado a 11 personas más por el caso Pretoria de corrupción urbanística y las ha citado a declarar para mañana y el próximo viernes. Con estas nuevas imputaciones, ya son 20 las personas inculpadas en este caso de corrupción urbanística. Cuatro de ellos permanecen en prisión desde el pasado 30 de octubre por orden de Garzón, que el martes acordó la libertad bajo fianza de 200.000 euros de Manuel Dobarco, ex teniente de alcalde de urbanismo de Santa Coloma de Gramenet. Entre las 11 personas que han sido imputados figura Emili Mas, gerente del Instituto Catalán del Suelo, al que el juez Garzón imputa por sus estrechas relaciones con el cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi, que permanece en prisión. Mas ha sido suspendido temporalmente de militancia del PSC; como ocurrió con el caso de otros cargos socialistas como Bartomeu Muñoz. El departamento de Política Territorial y el departamento de Medio Ambiente -del que también depende el Incasò- ha aceptado la "renuncia voluntaria" de Mas para "facilitar la instrucción del caso".

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Baltasar Garzón Real

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En esa relación de imputados también figuran Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas, esposas del ex consejero de CiU Macià Alavedra y del ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta, respectivamente, y que permanecen en prisión. La imputación de ambas mujeres está relacionada con su participación como administradoras en las sociedades utilizadas por sus esposos para cobrar las comisiones ilegales derivadas de diversas operaciones urbanísticas. Fuentes de Convergència no quisieron confirmar la militancia de estas dos mujeres. Los nacionalistas no tomarán ninguna medida "porque sólo han sido llamados a declarar", informa Clara Blanchar.

También ha sido imputada Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz, también encarcelado por esta causa, y a la que se vincula con una sociedad adquirida por Luigi. Al margen de estas 11 imputaciones, el juez Garzón ha citado a declarar para el próximo día 12 de enero a un total de diez personas como testigos. Entre ellas figura Maite Arqué, ex alcaldesa socialista de Badalona, la ciudad en la que se realizó una de las operaciones urbanísticas que investiga Garzón.

17,6 millones sustraídos

Según el auto dictado por Garzón, la trama de corrupción habría sustraído 17,6 millones euros de las arcas municipales de Sant Andreu de Llavaneras, y un total 44,7 millones de euros en el conjunto de municipios barceloneses en los que operaba (Sant Andreu, Badalona y Santa Coloma de Gramanet). El abogado de Prenafeta y Alavedra solicitó la excarcelación de ambos argumentando motivos de salud, pero Garzón la rechazó.

Con estas nuevas imputaciones asciende a 20 el número de implicados en este procedimiento, de los cuales cuatro se encuentran en prisión: el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García; los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; y el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz. El juez investiga las operaciones urbanísticas desarrolladas en Sant Andreu de Llavaneres, Santa Coloma de Gramenet y Badalona, que dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por las actividades de la trama.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de que el pasado viernes el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, le solicitara su imputación en respuesta a un requerimiento que le dirigió Garzón "con la finalidad de avanzar en la investigación de los hechos".