Velilla de San Antonio - Madrid

EL PAIS.
La gestación del plan fue rápida pero su puesta en marcha resulta compleja. El Gobierno ha tenido que retrasar una semana la aprobación de los recortes que anunció ayer el presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que debía aprobar hoy el Consejo de Ministros. El motivo es "la complejidad técnica del contenido del decreto", aseguran fuentes del Ejecutivo. La variedad de materias que incluirá el decreto ley (funcionarios, pensionistas, dependencia...) y sobre todo las dificultades para graduar las rebajas salariales para los empleados públicos explican la demora.

El departamento que dirige María Teresa Fernández de la Vega trabaja ahora para distribuir ese recorte medio del 5% entre los 2,6 millones de empleados públicos que existen en España. Según los ingresos, el tijeretazo oscilará entre el 15% que se aplicarán los miembros del Ejecutivo hasta la congelación que se decidirá para los mileuristas. Las modificaciones deberán estar listas para aplicar ya en la nómina de junio.

También en estos días se debe dilucidar si los empleados de empresas públicas (Renfe, Adif, los metros de las comunidades...) se ven concernidos por la bajada o no. En principio, debería afectar a todas las categorías que los Presupuestos Generales del Estado definen como gastos de personal y que incluyen los ejemplos mencionados anteriormente, pero aún no está cerrado.

También la congelación de las pensiones presenta problemas técnicos. La revalorización automática de las prestaciones con la inflación real está respaldada por ley desde finales de los noventa. Como no es orgánica, cualquier otra ley puede derogarla, aunque resulta más fácil dejarla en suspenso temporalmente (mediante una disposición transitoria, por ejemplo) en lugar de invalidarla. De la congelación se salvan las pensiones mínimas y las no contributivas, aunque está por decidir la subida para esos colectivos.