San Martín de Valdeiglesias - Madrid

Molesta su compromiso con el oficio, su lealtad a la sociedad y su vocación de proteger nuestro patrimonio natural de los especuladores. Molesta que no se presten a chanchullos ni negocios ajenos al cumplimiento de su deber, que es el de prevenir las infracciones y evitar los daños medioambientales. Molesta que lo hagan con la más alta profesionalidad y solo acaten lo que les exige la ley. Por eso han decidido cambiarla.

La vigente Ley de Montes concede a los agentes forestales y medioambientales la función de autoridad policial y judicial, otorgándoles la capacidad de realizar las inspecciones necesarias y tomar las pruebas que consideren oportunas de forma coordinada con los cuerpos y las fuerzas de seguridad del estado: policía autonómica, policía nacional y guardia civil. Algo que hasta la fecha ha venido sucediendo de manera coordinada y eficaz.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha decidido poner en marcha una reforma de la citada ley que incluye, entre muchas otras modificaciones que desvirtúan su carácter conservacionista, la de convertir a los agentes forestales y medioambientales en meros auxiliares de campo, simples apuntadores de la policía y la guardia civil, retirándoles la capacidad para realizar atestados y perseguir directamente los delitos contra la naturaleza y el medio ambiente.

¿Qué se pretende con ello? pues quitarse de en medio a los 6.400 agentes forestales que desde hace 140 años vienen custodiando el medio ambiente y defendiendo la naturaleza de quienes siempre han creído que el campo es su cortijo.

La Ley de Montes que prepara el PP es uno de los mayores ataques a este cuerpo de profesionales en su casi siglo y medio de historia.