San Martín de Valdeiglesias - Madrid

Por si había alguna duda, la juez Mercedes Alaya que instruye el caso de los ERE fraudulentos lo ha dejado muy claro: los políticos eran los máximos responsables de un sistema ilegal que duró diez años y la causa no puede dividirse como sugieren algunos.

En un auto firmado recientemente por la juez al que ha tenido acceso ABC, Mercedes Alaya asegura que «los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años» y que, en segundo lugar estarían los intermediarios que, alternándose, «se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales, a día de hoy, penden diligencias de interés».

Rechaza dividir la causa
Alaya, que este miércoles continúa tomando declaraciones por el ERE del Hotel Cervantes, hace estas manifestaciones en el auto en el que rechaza dividir la causa y separar «la trama política» de los intrusos tal y como le había pedido una de las imputadas, Encarnación Poto, intrusa en el ERE de Acyco.

Sin embargo la uez seura que no hay causa que justifique la división de la causa pues «se rompería la continencia de la misma» e insiste en que se trata de unas diligencias que son «inescindibles». El auto es recurrible por las partes personadas.

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla pone de manifiesto que la imputada, «lejos de mantenerse al margen de lo que ella denomina en su recurso como 'trama política', se aprovechó de ella en virtud de las presuntas influencias ejercidas sobre ciertos cargos -como así se deduce de la declaración del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero- para conseguir elevadas subvenciones».

A su juicio, la imputada conocería que dichas subvenciones «se otorgaban discrecionalmente y sin que se justificara por los solicitantes, como ella, o por el órgano concedente, el fin público o el interés social de tales ayudas públicas, sobre todo cuando como es el caso las mismas se imponían como parte de una estrategia empresarial sobre la seguridad que se iba a disponer de tales fondos públicos».

Más de diez años de fraude
Por todo ello, argumenta la juez, «al menos en el estado actual de la presente causa, al amparo del artículo 17.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con independencia de cada empresario o directivo, la causa se configura como inescindible, pues en cada expediente de subvenciones sociolaborales o ayudas a empresas podría derivarse responsabilidad criminal para las mismas personas». «Nos referimos primero a los diferentes cargos políticos y técnicos de la Junta de Andalucía, que en estructura piramidal serían los promotores de un sistema ilegal de concesión de subvenciones públicas que ha permanecido vigente más de diez años, y en segundo lugar a los intermediarios que, alternándose, se repiten en cada uno de estos expedientes, sobre los cuales a día de hoy penden diligencias de interés», asevera la instructora.

En conclusión, la juez insiste en que, «hasta la fecha, no existe razón alguna que justifique la división de la causa, pues se rompería la continencia de la misma, como así se expuso también por la Audiencia Provincial» en su auto de 13 de diciembre de 2013.

Aqui no hay manifestaciones?

es q no es madrid ni burgos rutas. es psoelandia, jijijiji.