Pinto - Madrid

La Comunidad abrirá una investigación en Pinto

MADRID- La Comunidad investigará la denuncia que han realizado los policías municipales de Pinto. Los agentes locales de esta localidad, gobernada por el socialista Juan José Martín, aseguran que desde el Consistorio se les obliga a utilizar los vehículos de las Brigadas de Seguridad Ciudadana (Bescam) para patrullar.
La Consejería de Presidencia e Interior del Gobierno regional, dirigida por Francisco Granados, abrirá una investigación para aclarar si, como aseguran los agentes locales, los vehículos de la Bescam están siendo utilizados para labores de la Policía municipal. Tal y como adelantó ayer este periódico, en un escrito remitido al Ayuntamiento el pasado 16 de septiembre, los municipales se quejan de que «se nos está obligando a patrullar con los vehículos de las Bescam estando éstos sin revisar y con múltiples deficiencias que no se reparan, todo ello con el objeto de no sacar los vehículos nuevos propiedad del Ayuntamiento, por ahorrar en combustible».
Las Brigadas de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid fueron creadas con el único objetivo de velar por la seguridad. El sueldo de los agentes que forman parte de estas patrullas, así como sus vehículos, uniformes y demás material de trabajo, son pagados íntegramente por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, son los ayuntamientos los que, a través de un convenio, los que gestionan su labor.
El vicepresidente y portavoz regional, Ignacio González, aseguró ayer que el Gobierno sancionará al Ayuntamiento de Pinto en el caso de que esté utilizando los medios de las Bescam fines que no sean los establecidos en el convenio firmado entre la Comunidad y el Consistorio pinteño.
Los agentes locales pidieron la dimisión de la concejala de Seguridad, Alita Camacho, porque además aseguran que faltan taquillas, que la fotocopiadora está rota, que no tienen folios y que ni siquiera hay cinta policial para acordonar. En el escrito remitido al Ayuntamiento de Pinto, por el que aún no han obtenido respuesta, también denuncian que la empresa que revisa los etilómetros «parece que no da más crédito» y que se les ha retirado ropa de trabajo y que el personal de nuevo ingreso «tiene que pedirla prestada a los compañeros más veteranos».

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