Pezuela de las Torres - Madrid

El tribunal no encuentra a la testigo protegida que acusa a Elpidio Silva de hacer "magia negra"
La Fiscalía basa todo el caso de la filtración de los correos de Blesa en el testimonio de la mujer
El Tribunal Superior de Madrid ordena a la Policía encontrar a la testigo después de que no acudiera a la citación del 17 de julio

¿Dónde está TP 1/14? La testigo protegida con esta denominación se ha quitado de en medio. Con su desaparición, las intenciones de la Fiscalía de Madrid de condenar a Elpidio Silva a una pena de cárcel se evaporan. El juez está imputado por un delito de revelación de secretos, acusado de haber filtrado a los medios de comunicación los correos electrónicos enviados por Miguel Blesa desde la dirección corporativa de Caja Madrid. Todo el caso se basa en el testimonio de la mujer, que se presentó a la Policía como examante del juez y que, al llegar la hora de la verdad, no se presentó a declarar ante la juez que instruye el caso. Estaba citada para el 17 de julio. A día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desconoce su paradero.

La jueza Susana Polo había llamado a declarar a TP 1/14 al término de una ronda de declaraciones dentro de la investigación a Silva. Todos los citados como testigos habían sido señalados por la mujer como personas del entorno del juez con acceso a los correos de Blesa. No había más indicios que el testimonio ante la Fiscalía y la Policía de la testigo protegida. Durante las declaraciones del mes pasado, uno a uno los testigos negaron haber tenido acceso a los mensajes, intervenidos por el juez durante su investigación al expresidente de Caja Madrid.

Pero al llegar el turno de ratificar su testimonio ante la jueza instructora, la testigo no se presentó. Por este motivo no pudo repetir las afirmaciones realizadas ante la Fiscalía y la Policía, tales como que el juez Elpidio Silva hace “magia negra” a sus examantes o que personas de su entorno son capaces de pinchar teléfonos. Tampoco se presentó a declarar Alberto Henarejos, el hombre que convenció a la testigo, según ésta, de acudir a la Fiscalía para denunciar a Silva. Henarejos decía trabajar para el CNI y ser miembro del Cuerpo Nacional de Policía, pero esos dos extremos han sido desmentidos por los investigadores. Él también está en paradero desconocido.
La imposibilidad de localizar a la mujer es más llamativa si cabe porque la jueza le había concedido, a petición de la Fiscalía, la condición de testigo protegida. Por este motivo, constaba un lugar de residencia y había agentes de la Guardia Civil encargados de su vigilancia. Sin embargo, esta no era permanente debido a la escasez de efectivos en la zona donde dijo vivir la mujer. Ahora, el TSJM ha ordenado a la Policía localizar a la testigo y a Henarejos.

La jueza Polo concedió la condición de testigo protegida a la examante de Silva a pesar de que los policías encargados de la investigación despreciaron el “valor probatorio” de sus afirmaciones y descartaron que el juez suponga una amenaza para ella. Además, la condición de testigo protegido se reserva a los casos de terrorismo o crimen organizado. "Se puede afirmar objetivamente que la TP (testigo protegida) podría pecar de cierta credulidad en cuanto al peligro que sufre, en cuanto a las posibilidades técnicas de intervenir y evitar la intervención de sus comunicaciones y el contenido de sus teléfonos y ordenadores, así como en cuanto a calidad de información que tuvieron realmente del caso Blesa las personas que menciona que le habían estado ayudando y apoyado para que denunciase", decía el informe del Grupo III de la UDEV de Madrid.
Los policías aludían al testimonio de la mujer, que aseguraba que dos personas del entorno del juez le habían intervenido su ordenador y teléfono y que Henarejos había conseguido “despincharlos”. Respecto a las personas que dijo tuvieron acceso al correo, TP 1/14 asegura que solo a uno de ellos vio que Elpidio Silva le entregaba un pendrive, sin poder certificar lo que contenía. De la copia de esos correos, los policías dicen en su informe: “Nunca vio el contenido de los papeles”. La mujer también afirmó ante la Policía y la Fiscalía que Silva les practicó magia negra a ella y a otra examante, con el resultado de un esguince en el caso de la segunda.

Con pena de cárcel

El delito de revelación de secretos por parte de un funcionario está castigado con hasta cuatro años de prisión. En los próximos días podría conocerse el fallo del juicio que se ha seguido en el TSJM contra Silva por prevaricación durante la instrucción del ‘caso Blesa’. Tanto ese juicio, como el caso de la filtración parte de denuncias del Ministerio Público, con el impulso decisivo de su fiscal jefe, Manuel Moix. En su escrito de conclusiones, Moix aseguró que Silva debe ser condenado a 40 años de inhabilitación porque de lo contrario, la justicia quedará “desahuciada”. De esta forma aludía al título del libro de Elpidio Silva, La Justicia desahuciada, en el que el magistrado en excedencia carga contra la actuación de Moix en el caso Blesa.

Pero la acusación no queda ahí. La mujer entregó unos mensajes intercambiados con Silva para intentar demostrar que había sufrido maltrato. La Policía concluyó que se trataba de “una discusión de pareja por supuestas infidelidades”. "Ni en los minutos que expresamente mencionaba la TP 1/14 como de interés para la causa, ni en el resto de la conversación, se encontró ningún fragmento trascendente para la investigación sobre los delitos concretos ordenados", concluyeron los policías. A pesar de ello, la jueza Polo derivó el posible delito de maltrato a un juzgado ordinario de Madrid.

El juez Ruz, y las fiscales de la trama Gürtel, sueltan la primera bomba: ‘imputan económicamente’ al PP nacional

El magistrado concluye sus primeras conclusiones sobre lo sucedido entre 1999 y 2005, y pide a 'los populares' que "designen abogado y procurador para que les represente"

Como veníamos contándoles en ELPLURAL.COM en diferentes informaciones, el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, se disponía a comenzar a cerrar el sumario de la trama Gürtel. Acaba de concluir un documento clave en este sentido. La publicación de lo que ha denominado un ‘auto incoación pieza separada”, centrado en lo sucedido entre los años 1999-2005.

Lo que esto significa es que el juez ha decidido, de acuerdo con las fiscales del caso, en trocear el sumario no por personas, o por áreas geográficas, sino por diferentes épocas. Y la que concluye ahora es la primera.

En esta pieza separada el juez hace un relato detallado de todo lo sucedido en esos años, del comportamiento de la trama, así como de la participación de toda una serie de personajes que él recuerda dando una lista de los imputados (nada menos que 45).

Pero lo más importante, quizás, después de haber investigado las responsabilidades de quienes estaban en control de los hechos y los personajes del PP que actuaban en ellos, el juez, con el apoyo, insistimos, de las dos fiscales que durante estos años le han acompañado en la confección del sumario, hace una especie de ‘imputación’ al PP nacional como responsable de lo sucedido.

La imputación del partido como tal no resultaba posible, pero Ruz y las fiscales, ante las evidencias que se han acumulado, han encontrado una puerta que les ha llevado, como se puede ver en el párrafo que reproducimos a ‘hacer una imputación’ de Génova, 13 como “posible partícipe a título lucrativo (art. 122 CP), designando abogado y procurador que en tal condición le represente, por el beneficio que pudiere haber obtenido de la actuación atribuida a Jesús Sepúlveda y a, entre otros, Guillermo Ortega”.

Lo que viene a decir el juez, después de estudiar los estatutos del PP, es que es el partido en sí quien resulta responsable del control de la financiación de las campañas electorales también en municipios y Comunidades Autónomas. De hecho, el juez viene a decir que los tesoreros nacionales, de hecho mete de lleno a Álvaro Lapuerta, y no sólo a Luis Bárcenas, en este auto, como responsables de lo que pasó en las operaciones entre el PP y la trama Gürtel.

Y en consecuencia, el juez advierte al PP que se busque defensa legal. El artículo 122 del Código Penal se titula “Responsabilidad civil directa de terceros en la comisión de infracciones penales”, y viene a decir que “el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta está obligado a la restitución de la cosa con base en el art. 111CC o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación con base en el art. 113 CC”.

Es decir, lo que viene a plantear el juez es que el PP se lucró económicamente de la trama Gürtel, más allá de que la participación en la trama fuera de personas determinadas, porque es la estructura económica del propio partido la que resulta responsable, y beneficiada, de lo sucedido.