Pezuela de las Torres - Madrid

La juez de los ERE implica a CC OO y UGT en el cobro de comisiones
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El País Sevilla

La magistrada Mercedes Alaya afirma que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" para las mediadoras y los sindicatos.

La Guardia Civil busca dinero bajo el suelo de la casa de Lanzas
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EP Sevilla

Los agentes emplea un geolocalizador para rastrear la vivienda de los padres del exsindicalista.

La juez que investiga los ERE fraudulentos cree que Vitalia al menos ordenó el pago a CC OO y UGT de 4.291.384 euros, según se recoge en el auto de prisión del exdirector de la mediadora, Antonio Albarracín. En sus últimos autos de prisión, Mercedes Alaya afirma que el sistema de ayudas se había convertido en un "verdadero negocio" en el que las mediadoras "corrompían" a cargos públicos y los sindicatos buscaban "nuevas empresas en situación de crisis para incrementar el negocio", informa Efe.

Así, la magistrada señala en estos documentos que los ERE se habían convertido en un "negocio bilateral" en el que los directivos de las aseguradoras, "previo ofrecimiento de dádivas" al exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, encarcelado el miércoles, se garantizaban que se "obviaría la celebración de un concurso público para la adjudicación de los servicios de mediación de seguros". La juez incluye en la "trama corrupta" a la autoridad pública que "permitía la ilícita disposición de los fondos de la Administración" y a los sindicatos CC OO y UGT e intermediarios en los ERE, que buscaban empresas en crisis.

Esta distracción de fondos públicos suponía "todo un proceso en el que han de intervenir múltiples actores: por un lado la Consejería de Empleo, otorgando las subvenciones, y por otro las consultoras, intermediarios y los despachos de abogados que tramitarían el proceso de reestructuración empresarial".
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El sistema permitió a las aseguradoras cobrar "sobrecomisiones elevadísimas, superiores en un 15%" a las de mercado, que eran soportadas en su mayor parte por la Junta de Andalucía a cambio, para los políticos implicados, de "importantes gratificaciones" y de la posibilidad de incluir como beneficiarios de las pólizas a "personas cercanas a su entorno privado o político".

En el caso de Albarracín, este sistema permitió "importantes beneficios para su empresa", a la vez que él pagaba presuntamente "comisiones a todo aquel que hubiera facilitado que Vitalia gestionara las pólizas derivadas de los procesos de reestructuración".

Entre otras cosas, le imputa haber pagado al intermediario Juan Lanzas, también encarcelado hoy, 1.964.763 euros solo en el periodo 2003-2007, pero además le incluyó a él mismo y a su esposa en el ERE de Hytemasa e intentó de nuevo incluirlo en el ERE de 2007 de Mercasevilla.

Además, la póliza de Lanzas y su esposa se pagó por una "cantidad notablemente superior a la que aparecía en sus certificados" pues alcanzó los 227.509 euros en lugar de 29.627 para él y 18.144 para ella.

La Junta de Andalucía "consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público", como también la inclusión en los expedientes de esposas de sindicalistas y amigos de Juan Lanzas", entre ellos César Braña, fallecido consejero delegado incluido en el ERE de HAMSA y "antes gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz", dice Alaya en uno de los autos.

"La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta del que se nutre no solo la mediadora, sino, presuntamente, y a espaldas de ésta, sus principales responsables", añade la juez.

Albarracín, dice la juez en el auto de prisión contra él, pasó de ser titular de cuatro inmuebles a comienzos de 2001 a poseer en 2011 un total de 16 inmuebles, de los que "al menos ocho" procedían de las sobrecomisiones


Los protagonistas de la trama que dieron “dádivas” al ex alto cargo
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Javier Martín-Arroyo Sevilla

La juez señala una trama de cuatro personas con Guerrero en el centro, recibiendo y complaciendo prebendas durante años.

Una consultora pagó a Guerrero y su esposa 249.000 euros
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Javier Martín-Arroyo Sevilla

La empresa Vitalia, que se lucró con comisiones de tramitación de los expedientes, les tuvo a sueldo durante varios años

El PP sigue sin publicar las declaraciones de la renta de su dirección nacional

Hace dos meses que Rajoy anunció que estos documentos se presentarían a los ciudadanos. Casi todos los presidentes autonómicos y líderes conservadores regionales las han hecho públicas ya.

PÚBLICO / EUROPA PRESS Madrid 28/03/2013 13:35 Actualizado: 28/03/2013

La publicación de las declaraciones de la renta de la cúpula del PP sigue pendiente, a dos meses ya de que el presidente del Gobierno y el partido anunciara que iban a ser accesibles para todos los ciudadanos.

Sí las han hecho públicas todos los presidentes autonómicos salvo José Antonio Monago. El jefe del Ejecutivo extremeño, precisamente, quien pidió a sus compañeros de partido que se hiciera este gesto de transparencia, está pendiente de que el Parlamento autonómico le dé el visto bueno. Por su parte, el presidente de La Rioja ha hecho público su patrimonio, aunque no la declaración de la renta.

El líder del PP anunció la intención de hacer públicos ingresos y bienes el pasado 2 de febrero, cuando convocó al Comité Ejecutivo de forma extraordinaria y diez días después de que los indicios sobre la presunta financiación ilegal del PP adquirieran mucha mayor gravedad con la publicación de los llamados papeles de Bárcenas en El País. Allí, Rajoy se comprometió a publicar, asimismo, sus declaraciones de la renta y patrimonio entre 2003 y 2011, cosa que hizo una semana después, el 9 de febrero (se pueden consultar en la web de La Moncloa)Además, María Dolores de Cospedal se había comprometido 48 horas antes que Rajoy a que los dirigentes del PP hicieran declaraciones juradas ante la tesorera-gerente del PP, publicaran sus declaraciones, se realizaran auditorías externa e interna de la contabilidad del partido (la primera se ha descartado por falta de auditora) y la interposición de acciones judiciales (las ha realizado el PP en conjunto y, a título individual, Cospedal y José María Aznar, presidente de Honor del partido)

Once son los dirigentes del PP que adquirieron ese día el compromiso de dar visibilidad a su contabilidad personal y que aún no lo han hecho. Sí han presentado estas cuentas el presidente Rajoy, la secretaria general del PP (publicadas en el Parlamento de Castilla-La Mancha, Comunidad que preside), y los portavoces de Congreso (Alfonso Alonso), Senado (José Manuel Barreiro) y Parlamento Europeo (Jaime Mayor Oreja) Faltarían por hacerlo los tres vicesecretarios generales (Carlos Floriano, Javier Arenas y Esteban González Pons), los dos coordinadores (Juan Carlos Vera y José María Beneyto) y los secretarios ejecutivos (Juan José Matarí, de Política; Manuel Cobo, de Política Local; Vicente Tirado, de Electoral; Juan Carlos Aparicio, de Formación; José Ramón García Hernández, de Relaciones Internacionales, y Alfredo Prada, de PP en el Exterior)

El PP matizó más tarde que las declaraciones se presentarían desde el momento en que los cargos asumieran responsabilidades en la dirección del PP, lo cual reduce el ámbito de aplicación, pues algunos de ellos fueron elegido en el Congreso de febrero de 2012 y ese ejercicio fiscal aún no se ha presentado.

Las increíbles excusas de Feijóo por su relación con 'Marcial de la Isla'

Dorado, en cuyo barco se solazaba en el 95, era el contrabandista más famoso de Arousa desde los 80, fue detenido en 1990 en la 'operación Nécora' y sobornó entre 1997 y 1998 a guardias civiles para que hicieran la vista gorda

Alberto Núñez Feijóo debía ser el único gallego que no sabía en 1995 a qué podía dedicarse Marcial Dorado Baúlde. El presidente gallego alega que mantuvo una relación con él en los años 90, que se subió en su barco para disfrutar del ocio en 1995, y que posteriormente cortó el contacto al enterarse por un medio de comunicación de que tenía "problemas con la justicia".

Pero lo cierto es que Dorado arrastraba esos 'problemas' desde mucho antes de 1995, lo que había sido recogido profusamente tanto en la prensa gallega como nacional. Desde los ochenta, era señalado por sus actividades de contrabando de tabaco en el entorno de la isla de Arousa, su localidad natal, y era apodado 'Marcial de la Isla'.

Fue investigado durante años en un macrosumario de la Audiencia Nacional por contrabando de tabaco que arrancó en 1984 --finalmente infructuoso-- y había sido detenido por orden del juez Baltasar Garzón en 1990 en el célebre caso Nécora, la primera gran macrooperación contra el narcotráfico gallego.

Entonces consiguió salir también exculpado, pero toda la prensa de la época informó de su detención en su casa a cargo de 50 policías, y detalló en sus páginas la fama que ya ostentaba de contrabandista principal de tabaco en la comarca. Como tantos otros de los personajes dedicados a esa actividad --primero legalmente y luego de forma ilegal--, se pasó después al tráfico de cocaína.

Varios de ellos fueron arrestados con él en la operación Nécora, como Laureano Oubiña.
La primera condena a Marcial Dorado le llegó en 2005, pero los hechos de la sentencia se referían a 1997 y 1998, años muy próximos a su relación con Núñez Feijóo, aunque éste no se enterase de sus trapicheos.

De acuerdo a esa sentencia --ratificada en forma de condena de dos años y cinco meses de prisión por el Tribunal Supremo--, Marcial Dorado entregó un total de 3,1 millones de pesetas (unos 19.000 euros) a dos guardias civiles para que le ayudasen a introducir tabaco de contrabando en España salvando el control de Vigilancia Aduanera. Fue condenado por delito de cohecho --soborno--.

Pero no fue hasta 2005 cuando la Audiencia Nacional abrió una investigación a Marcial Dorado por narcotráfico que permitió su más alta condena firme hasta la fecha --10 años de cárcel-- por narcotráfico. El antiguo contrabandista participó desde 2002 en el envío por barco desde Colombia a España de 2 toneladas de cocaína. También fue condenado a pagar una multa de 139 millones de euros, según la sentencia definitiva dictada por el Supremo en 2011.

Desde 2009 está siendo objeto de otra investigación patrimonial por parte de la Audiencia Nacional, por presunto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a través de cuentas en Suiza y paraísos fiscales como Bahamas, que manejaba presuntamente con testaferros.

En total, dentro de esa causa, tiene bloqueados bienes por unos 12 millones de euros, lo que incluye gasolineras, su casa en la Isla de Arousa, bateas de mejillón, 12 plazas de garaje, 16 locales comerciales y 170 fincas rústicas. Asimismo, la Agencia Tributaria tiene bloqueadas en cuentas de 'Marcial de la Isla' 4,1 millones de euros, de los cuales 1,8 millones estaban en Suiza, 1,5 en las Bahamas, 514.220 euros en España y 300.000 en Portugal