Moraleja de Enmedio - Madrid

El PP de Humanes ha solicitado al Ayuntamiento Pleno que vuelva a instar a la Dirección General del Catastro, y en consecuencia al Ministerio de Economía y Hacienda, para que proceda a realizar una nueva revisión catastral de los inmuebles del municipio adaptándose a los valores actuales del mercado, que han disminuido considerablemente o, en su caso, que se congelen dichos valores, para que la cuota tributaria a pagar por los contribuyentes sea más acorde a la situación actual y no sufra mayores incrementos en los próximos años.

Con motivo de la última revisión catastral que se realizó por la Dirección General del Catastro en el año 2005, los valores catastrales de los inmuebles de la localidad se vieron incrementados aproximadamente en un 100% respecto de los existentes hasta el momento, fruto de la situación de boom inmobiliario del momento, y teniendo en cuenta los valores de mercado de entonces, los cuales son uno de los referentes a la hora de fijar los valores catastrales del suelo.

Ahora, el portavoz del Partido Popular de Humanes, José Antonio Sánchez, pide que se tenga en cuenta “que el precio de nuestras viviendas se ha venido devaluando año tras año en contraposición al incremento del valor establecido por la actualización de valores efectuada por el Ministerio de Economía y Hacienda”. A petición, y con la conformidad, del Ayuntamiento de Humanes, añado yo.

Si esta es la postura del PP en el pueblo de al lado podría nuestro Alcalde tomar nota y apuntarse al carro, de lo contrario, aquí en Moraleja, al cabo de unos años habremos pagado nuestras viviendas al Ayuntamiento. Aquí queda la Magnífica idea del PP de Humanes, así que a ver si aprenden de ella nuestro equipo de gobierno y la ponen en práctica.

La crisis financiera municipal
En los últimos años, los municipios
han recibido una gran cantidad
de ingresos procedentes de la
actividad urbanística, a través del
impuesto sobre construcciones y
obras, el del incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana
(plusvalías), los ingresos patrimoniales
de concesiones y
aprovechamientos especiales, la
enajenación de terrenos procedentes
de las cesiones urbanísticas,
las tasas por licencias urbanísticas,
las cuotas de urbanización
y los aprovechamientos urbanísticos.
Estos ingresos, que llegaron a
suponer en 2006 el 11,52% de sus
ingresos no financieros, han conducido
a los Ayuntamientos a
prestar unos servicios, que han
elevado considerablemente los
gastos impropios o no obligatorios,
que no son de su competencia.
No existe una regulación clara
y precisa de cuáles son los gastos
que debieran asumir las entidades
locales.
Por ello, una de las cuestiones
planteadas en el Panorama de la
Fiscalidad Local 2010 que hemos
elaborado junto con el Registro
de Economistas Asesores Fiscales,
del Consejo General de Economistas
de España, es la necesidad
de una mayor y mejor regulación
de las competencias municipales
en la prestación de los servicios
públicos locales y, por tanto, del
gasto que deben asumir.
La reducción de ingresos aparejada
a la crisis inmobiliaria no
se vio acompañada inicialmente
de la misma reducción en el nivel
de gasto municipal. La mayoría
de municipios optaron por reducir
de manera drástica las inversiones,
mantener el gasto corriente
y acudir al endeudamiento en
la medida en que les resultaba posible
legalmente. Esto elevó su carga
financiera hasta alcanzar en
2008 el 6,5% del gasto municipal.
Como consecuencia de todo
ello, la deuda viva de los Ayuntamientos
ha crecido considerablemente
en los últimos años, suponiendo,
en 2009, 615,5 euros por
habitante, con notables diferencias
entre los municipios.
Para comprender mejor esta
situación debemos hacer referencia
a la financiación local. Los tributos
locales representan alrededor
de la mitad de los ingresos
municipales. A esta cantidad habría
que añadir la procedente de
los ingresos patrimoniales y de la
enajenación de inversiones (principalmente
de la venta de terrenos),
que supusieron en 2008 solamente
el 5%, por lo que los municipios
se autofinancian en alrededor
de un 55%.
El resto de ingresos los obtienen
mayoritariamente de transferencias
del Estado; en menor medida,
de las comunidades autónomas,
y por último, del recurso al
endeudamiento.
Este sistema de financiación
hace depender a los municipios
de los recursos procedentes de
otras Administraciones Públicas,
por lo que se hace necesaria una
reforma del sistema de financiación
de las entidades locales, tantas
veces mencionado y olvidado.
Los tributos locales son vestigios
del pasado necesitados de reformas.
Pensemos que el impuesto sobre
bienes inmuebles (IBI) procede
de la antigua contribución de
inmuebles, cultivo y ganadería de
1845. Debería ser modificado en
la determinación de la base imponible.
No obstante, el IBI es una
de las principales fuentes de ingresos
de las Haciendas locales,
pues supone un tercio de la recaudación
tributaria municipal. Otro
tercio procede de las tasas —tan
necesitadas de una reordenación
y armonización—, y el resto, de
los otros impuestos locales.
En el trabajo planteamos la necesidad
de modificar los impuestos
locales. El impuesto sobre vehículos
de tracción mecánica debería
estar basado en la emisión
de gases contaminantes, en vez
de la regulación actual, atendiendo
a los caballos fiscales; y el impuesto
sobre actividades económicas
(que sufrió un zarpazo mortal
en 2002, cuando se estableció que
los pequeños negocios no debían
hacer frente a su pago) plantea
serios problemas para las grandes
empresas, que sufren una elevada
tributación derivada de este
impuesto.
El panorama de los municipios
españoles es complicado y necesita
de la reforma del sistema
de financiación local, sin olvidar
la ineludible delimitación de los
gastos que debe asumir cada nivel
de Administración y la dotación
económica que debe llevar
aparejada, que, en la actualidad,
produce duplicidad de gastos e ineficiencias
que no se pueden asumir,
dada la situación económica
actual.
María José Portillo Navarro es directora
de la Cátedra de la Hacienda
Territorial de la Universidad de Murcia.