Majadahonda - Madrid

PSOE e IU se enfrentan a una multa de 664.808 euros del Tribunal de Cuentas

25 Septiembre 09 - Marta Palacio

MADRID- El Partido Socialista de Madrid (PSM) se puede enfrentar a una sanción de 537.508 euros por infringir la Ley de Financiación de partidos políticos. El Tribunal de Cuentas podría imponer a la formación liderada por Tomás Gómez esta multa por haber aceptado donaciones por encima del límite que establece esta ley.
Fue el pasado año, cuando a través de la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, el PSM aceptó un total de 418.754 euros en concepto de «aportación» por parte de la Fundación Caja Madrid. Esta cantidad excede en 268.754 euros el máximo que la Ley de Financiación de partidos políticos fijó en 2007 (por persona y año) en su disposición adicional séptima, para las donaciones a asociaciones o fundaciones vinculadas a partidos políticos.
El doble de la aportación ilegal
Esta misma norma, en su artículo 17, establece que «cuando un partido político obtenga donaciones que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos en esta Ley, el Tribunal de Cuentas podrá proponer la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida». La Ley de Financiación de partidos especifica, asimismo, que los 537.508 euros serán deducidos «del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento».
La Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades, que comparte sede con el PSM (en la calle Miguel Fleta) nació en 1996 de la mano de algunos de los «hombres fuertes» del PSOE entre los que se encuentran Enrique Cascallana –actual alcalde de Alcorcón y vocal de la Ejecutiva del PSM–, Jaime Lissavetzky –secretario de Estado para el Deporte y representante del PSM en el Comité Federal del PSOE– o Manuel Robles, actual alcalde de Fuenlabrada y vocal de la Ejecutiva de Tomás Gómez.
Además, actualmente son miembros del Patronato de la fundación, unida al PSM, socialistas como el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya; el segundo teniente de alcalde de Pedro Castro en Getafe, Rafael Caño Rufo; el candidato del PSOE en Alcobendas, Manuel Aragüetes; o la directora general de Inmigración del Ministerio de Trabajo, Marta Rodríguez Tarduchy.
En el caso de Izquierda Unida, la multa podría ascener a 127.300 euros. Y es que, al igual que el PSM, la Fundación de Estudios Municipales y Territoriales, ligada a la coalición de izquierdas, aceptó el pasado año una aportación de 213.650 euros de la Fundación Caja Madrid, pese a que, de mismo modo, la ley sólo permite a las fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos aceptar un máximo de 150.000 euros por persona física o jurídica al año.
La Fundación de Estudios Municipales y Territoriales fue fundada en 1989 por el Partido Comunista de Madrid, con el que actualmente comparte sede en la calle Fray Luis de León de la capital.
La sanción del Tribunal de Cuentas podría incrementarse, ya que, en el caso de la Fundación de Estudios Municipales y Territoriales, según pudo comprobar este periódico, no presentó las cuentas de, al menos 2008, en el Ministerio de Cultura (en el que está registrada).
Esta irregularidad podría suponer, según el artículo 17 de la Ley e Financiación de partidos políticos, que «no le sean libradas al infractor las subvenciones anuales para sus gastos de funcionamiento».
Esta sanción también podría afectar al PSM, ya que su fundación, en 2003 y 2004, no justificó actividad alguna; además, desde este mismo año hasta la actualidad, no ha desglosado la partida de acreedores nid deudores; y desde 2005 hasta ahora ha justificado sus ingresos con la realización de jornadas y seminarios y conferencias, aunque nunca ha especificado la cantidad, ni la fecha, lugar y coste individual de cada uno de ellos.
Si el Tribunal de Cuentas inciara el caso, ambos partidos políticos tendrían un plazo de 15 días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estimen convenientes y soliciar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.

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