Humanes de Madrid - Madrid

El fiscal del Juzgado de Instrucción número 1 de Fuenlabrada pide diez años de inhabilitación para el alcalde de Humanes de Madrid, Adolfo Álvarez Sojo (CSH), por un "delito continuado de prevaricación" entre 1998 y 2001 al considerar que "fraccionó varios contratos de ejecución de obras a pesar de contar con reiterados informe negativos el secretario y el interventor del Ayuntamiento".

Estas actuaciones tenían como objetivo "disminuir la cuantía de la obra y eludir así los requisitos de publicidad, procedimiento y forma de adjudicación de las mismas, impidiendo la participación de otras empresas", según reza el texto de la diligencia según el PSOE de la localidad, que fue quien presentó la denuncia.

Concretamente, Álvarez Sojo habría adjudicado diez obras por importe de 30 millones de euros a las empresas Consvial, S.L. y Jemecon, S.L. en 1998. Además, fraccionó 33 contratos menores de ejecución de las obras de la avenida Campohermoso y en el barrio de la Estación, ambas "con informes negativos del secretario y del interventor".

En el año 2000, y también con un informe negativo del secretario y prescindiendo del procedimiento negociado o concurso, el alcalde habría adjudicado asimismo directamente a la empresa Jemecon la realización de once obras menores en la misma zona.

Un año después, el alcalde procedió, según el PSOE, a fraccionar los contratos en la realización de las obras de la plaza Miguel Echegaray y Campo Hermoso. Una vez más las empresas adjudicatarias fueron Consvial y Jemecon.

Por su parte, el regidor negó este jueves que cometiese un presunto delito de prevaricación al fraccionar dichos contratos de obras, y afirmó que todas las operaciones de aquel entonces "contaron con el visto bueno" del arquitecto municipal y que fueron aprobadas en Comisión de Gobierno.

"Tengo la conciencia muy tranquila porque actué conforme a lo que me dijeron los técnicos municipales, ahorrando dinero al municipio y acelerando los trabajos", declaró.

Por otro lado, Álvarez Sojo atribuyó la petición del fiscal a "una denuncia política" de sus ex compañeros en el PSOE, que le expulsaron del partido en 2002. Por último, admitió que algunas de las adjudicaciones contaron con el informe desfavorable del secretario municipal o de Intervención, pero recalcó que en estos casos los firmantes de los informes "no visitaron las obras para verlas" y comprobar que la segregación estaba justificada.

Pues eso si a pillado, que de metan en la cárcel a el y los que estén pringados.

Si, y detrás que vaya el alcalde de moraleja de enmedio

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