Fuente el Saz de Jarama - Madrid

Trasncribo un articulo como muestra edidtado en le Perodico El País. Esto es lo les pasara a muchos de los vayan a vender su vivienda cuando entren en vigor los nuevos valores catastrales de Fuente el Saz

Vender viviendas, cada vez más caro. Las comunidades ignoran la caída del precio de los pisos al cobrar impuestos -LUIS DONCEL - Madrid - 21/06/2009.
El portal www.idealista.com ofrece un piso en la calle Dimas, en pleno centro de Madrid, de 90 metros cuadrados por 210.000 euros. Pero, según los cálculos del Gobierno regional, esa vivienda vale muchísimo más. Exactamente, 344.520 euros. Y este sobreprecio que estima la comunidad autónoma le va a salir muy caro al dueño. Porque en el hipotético caso de que encontrara comprador, no sólo tendría que rebajar sus expectativas y adaptar sus precios a estos tiempos de reventón del ladrillo, sino que además se verá obligado a soportar un gravamen mucho más alto de lo que en teoría le corresponde.
"Hemos recibido quejas, pero muy pocas", dicen en el Gobierno de Madrid
Gracias al impuesto de transmisiones patrimoniales, cada comunidad autónoma se queda con el 7% del importe de la compraventa de un inmueble. Cada administración regional utiliza sus propios métodos para evitar que los propietarios declaren que la operación se ha cerrado por una cantidad inferior a la real. El problema es que este mecanismo antifraude funcionaba en la época del boom, cuando los precios no dejaban de crecer y las ventas se cerraban por cantidades cada vez más altas. Pero ahora las regiones no se están dando la prisa necesaria para adecuar sus cálculos a la nueva -y deprimida- realidad del ladrillo.

Así, volviendo al ejemplo del piso madrileño en la calle Dimas, el Gobierno regional estima que debe ingresar unos 24.000 euros. Pero si el 7% se aplicara sobre los 210.000 euros teóricos a los que se cerrará la venta, las arcas de la comunidad se deberían conformar con 14.700 euros. Es decir, la falta de diligencia de la administración regional le cuesta al propietario del piso en cuestión más de 9.000 euros. Y eso suponiendo que la operación no se firme al final a un precio inferior, lo más habitual en estos tiempos en los que el comprador es el que dispone de más poder para negociar. Cuando la administración regional detecte que el contribuyente ha ingresado una cantidad inferior a la que esperaba hará una liquidación complementaria exigiendo la diferencia.

Los casos en que el sobreprecio es mayor afectan a aquellos que están dispuestos a rebajar más el precio de sus propiedades para venderlas. Así, los que más se adaptan a la nueva coyuntura son los más perjudicados.

"Nos encontramos con gente que vende por debajo de mercado y que tiene que pagar impuestos en función del valor que las comunidades han estimado del inmueble. Es profundamente injusto, cuando no inconstitucional porque viola el principio de la proporción en la carga tributaria", aseguran fuentes de los notarios.

Y lo peor de todo es que la injusticia de esta carga se irá agravando a medida que los precios caigan más y las comunidades no reflejen en sus valoraciones estos descensos. Fuentes de la Consejería de Economía de Madrid señalan que siguen muy de cerca lo que ocurre en la calle para adaptar sus valoraciones una vez al año, y que incluso lo hacen por debajo de los precios del mercado. Lo actualizaron por última vez el pasado mes de diciembre. "Es cierto que hemos recibido alguna queja, pero muy pocas; no significativas", señalan fuentes de la consejería.

Luis del Amo, director del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica que cada comunidad autónoma utiliza sus propios métodos para calcular las valoraciones: Madrid lo individualiza para cada inmueble, otras usan el valor catastral multiplicado por un coeficiente y otras, la tasación que se incluyó en el préstamo hipotecario. "Las quejas están llegando de varias comunidades. El afectado puede recurrir a una tasación pericial contradictoria para pagar el impuesto sólo por el dinero que efectivamente ha recibido. Pero el que se acoja a esta alternativa también asume riesgos, porque si pierde tendrá que pagar las costas del perito", señala Del Amo.

La solución a este problema, según fuentes notariales, es que las comunidades no sean perezosas y estén atentas a las bajadas de precios para actualizar las valoraciones. Pero que esto ocurra es especialmente dudoso en estos tiempos de crisis en los que la recaudación de las administraciones se ha desplomado
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Sra Alcaldesa y concejales del PP y del Innde que conforman el Gobierno Municipal de Fuente el Saz,tomen nota, porque el catastrazo hecho a los inmbubles el muncipio, va a suponer a muchas familias que vendan su vivienda en los proximos años (siempre que puedan y haya alguna demanda),un perjucicio impositivo claro que podria hasta imposibilitar su venta funcionalmente, por no parar una actualización catasral hecha con total descaro y sin ajuste alguno en pleno bBoom del ladrillo, ahora en deplome total.

Esto es lo que hizo un Ayuntamiento responsable como el Valencia dirigido por la Sra Rita Barbera, ante la situación inflacionista de precios que habia en 2008. Esta es la Noticia aparecida en su dia que acredita la responsabilidad de una Alcaldesa y no de lo que se ha hecho en Fuente el Saz, que espero los vecinos se lo apunten al actual gobierno en su debe, puesto que en un mucnicpio tan pequeño parece obvio han primado intereses particulares (que ni siquiera de partido) por encima de los generales de los residentes en el muncicipio.
Aqui va la noticia tal cual:

Valencia aplaza la revisión catastral pese a la elevada deuda municipal
El IBI subirá el 2% obligatorio al no actualizar valores tras 10 años
SARA VELERT - Valencia - 25/07/2008. Este es el enlace al archibvo de el PAIShttps://ww.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Valencia/aplaza/revision/catastral/pese/elevada/deuda/municipal/elpepiespval/20080725elpval_2/Tes)

La subida de los valores catastrales en Valencia se aplaza. El equipo de gobierno de la alcaldesa, Rita Barberá (PP), aprobará hoy una moción para pedir a la Dirección General del Catastro que suspenda el proceso de revisión del valor de los inmuebles iniciado el año pasado ante "la complicada situación económica actual". El teniente de alcalde, Alfonso Grau, y el concejal de Política Tributaria y Fiscal, Silvestre Senent, aseguraron que pretenden dar un respiro a las economías familiares con el aplazamiento del aumento del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que grava el valor de los pisos y terrenos.

El Consistorio renunciará así a mejorar la maltrecha situación de las arcas municipales, que ya han comenzado a notar la disminución de los ingresos por el parón de la construcción. La recaudación del IBI asciende a unos 170 millones de euros anuales. Valencia soporta, además, una importante deuda que a 31 de marzo pasado ascendía a 776 millones de euros (en torno al 102%), según el Banco de España. Senent explicó recientemente que en otoño habrá que planificar ajustes, en la línea de las políticas de austeridad que acaba de anunciar el PP en una reunión de alcaldes.

La última revisión del catastro de Valencia se remonta a 1997. En los diez años siguientes, el Ayuntamiento aplicó una subida escalonada de los valores para evitar de golpe el famoso catastrazo en los recibos. Hace justo un año, el gobierno local pidió la actualización. Según la previsión de Senent, debía darse a conocer a los ciudadanos el año que viene. El primer recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) gravado con el nuevo valor hubiera llegado a los hogares en 2010.

Con la suspensión anunciada ayer, los valencianos que posean un piso, local o terreno pagarán el año que viene por el mismo valor que este ejercicio. No obstante, la congelación del recibo -o "el no aumento de la presión fiscal", según Grau- no es tal. El teniente de alcalde puntualizó que en los municipios que no hacen a tiempo su revisión, la Ley de Presupuestos Generales del Estado exige un aumento del 2%, que es el que se aplicará en 2009 en el recibo. También dejó abierta la posibilidad de incrementarlo con el IPC, que podría alcanzar otro 5%. La decisión de frenar la revisión catastral "por motivos sociales" se produce mes y medio después de que el PP promoviera en la entidad metropolitana de residuos una tasa de la basura de entre 22,20 y 44,40 euros al año por familia. Los socialistas acusaron al Consistorio de cobrar dos veces el tratamiento de los desechos, que ya se cobra en el IBI.En pleno debate por el nuevo recibo, Grau defendió primero que no se cobrará dos veces el tratamiento de la basura, como denunció el concejal socialista Juan Ferrer, pero acabó admitiendo el aumento de la presión fiscal a los vecinos. Ferrer, por su parte, exigió que se rebajara el IBI entre un 12% y 13%, el equivalente al coste de la eliminación de los residuos que facturará el nuevo recibo.

Visto que el IBI no bajará por la tasa de la basura, y que habrá que aumentar la contribución urbana el 2% por obligación legal, Ferrer consideró que el anuncio del PP "es un acto de propaganda y de cinismo" porque no habrá menor presión fiscal. Además, Grau aseguró que es posible incrementar el IBI con el IPC (Índice de Precios al Consumo), que con la referencia de junio es del 5%. Valencia aplica sobre el valor catastral el coeficiente del 0,97, el más alto de la Comunidad Valenciana y entre las grandes ciudades.

Revisión sin fecha. Los concejales populares urgieron al Gobierno a reformar la financiación local, ya que los ayuntamientos sólo participan en los tributos estatales un 13% y asumen muchos servicios que no son de su competencia. Recordaron también que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) trabaja en un nuevo modelo y también se ha dirigido a la Dirección General del Catastro para revisar el sistema de valoración de los inmuebles.

La revisión catastral se aplaza sin fecha. Grau insistió en que la situación "es complicada para muchas familias" y que su "tranquilidad" es el motivo principal de la medida. Hay también "un motivo técnico", subrayó el teniente de alcalde, y es que la "inestabilidad" del mercado inmobiliario ha bajado los precios desde que comenzó la revisión catastral el año pasado, por lo que a su juicio sería "francamente injusto" ajustar ahora el nuevo valor tributario. El precio de las operaciones de venta que se cierran ahora es un 20% a 30% menor, por lo que los datos del año pasado que maneja el catastro acarrearían un valor "desajustado a la realidad".

Grau afirmó que el Ayuntamiento esperará a que se estabilice la situación económica y del mercado antes de pedir de nuevo la revisión catastral. No será antes de dos años, a los que se suman otros tantos por el proceso de actualización. La decisión dependerá también de que mejore la financiación local. "Si no, estamos arreglados", añadió Grau.