Cubas de la Sagra - Madrid

Resulta, además, muy llamativo que servicios públicos ampliamente consolidados durante las últimas décadas de la democracia española, con un coste económico razonable y un amplio beneficio social, se pongan en cuestión por parte del Gobierno.

La razón oculta
¿Qué es lo que se esconde, en realidad, detrás de este planteamiento? Pareciera que se está buscando el deterioro progresivo de la calidad de estos servicios públicos para favorecer la entrada del sector privado y generar así nuevas oportunidades de negocio solo para unos pocos, claro.

Lo cierto es que esta improvisación y descoordinación con la que está actuando el Gobierno de Rajoy en un asunto tan importante para los españoles no sólo está logrando transmitir mayor inquietud y desconfianza fuera de España, sino que también está generando inseguridad, preocupación y hasta alarma entre la ciudadanía y los profesionales del sector.

Preocupación ciudadana y profesional
Quiero recordar que hace tan solo un par de meses, los profesionales ─la Organización Médica Colegial y otras organizaciones─ ya alertaron sobre el deterioro de la sanidad y se rebelaban contra los recortes, por sus consecuencias en la calidad de los servicios y, por tanto, sobre la salud de las personas.

Los ciudadanos también están preocupados y, según los datos del CIS, ya sitúan la sanidad como una de sus preocupaciones más relevantes cuando, hace apenas un año, la sanidad era valorada como el mejor servicio público y los ciudadanos la situaban al final de la lista de sus preocupaciones.

La coartada de la crisis
Es verdad que en estos momentos es necesario reducir el déficit. Ahora bien, lo que no estamos dispuestos a permitir es que, con la coartada de la crisis económica, el Gobierno de Rajoy imponga su modelo de sanidad, y se abogue por la supuesta necesidad de incorporar medidas de copago sanitario para poder sufragar los costes de los servicios sanitarios.
Desde la creación del sistema sanitario público, hace ya varias décadas, los ciudadanos no tienen que pagar ninguna tasa por ningún servicio, a excepción de la participación económica del  40% sobre el precio de venta al público de los medicamentos que corresponde satisfacer a los usuarios, con carácter general, en el momento de la dispensación en oficina de farmacia (con las excepciones de los medicamentos para pacientes crónicos y para pensionistas).