Cubas de la Sagra - Madrid

En un mapa plagado de comunidades que sufren problemas de liquidez, ellas son las más vulnerables. Si quieren salvarse, deberán renunciar a parte de su autonomía fiscal.

Con el año nuevo, el recién estrenado Gobierno español anunció que el déficit presupuestario de 2011 podría exceder el 8 por ciento del PIB (más de 2 puntos porcentuales por encima del objetivo inicial acordado con la Unión Europea del 6 por ciento del PIB). El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, culpó del grueso del exceso fiscal a las comunidades autónomas.

El déficit regional global fue del 2,7 por ciento, notablemente por encima del objetivo del 1,3 por ciento, mientras que el del Gobierno central apenas superó el 5 por ciento, frente al 4,8 por ciento acordado.

Si nos fijamos en la dinámica de la deuda, está claro que la crisis económica y financiera ha afectado más gravemente a nivel regional que central. Aunque la deuda del Gobierno central representa el grueso del total, la regional ha aumentado a un ritmo mucho más rápido. Entre 2000 y 2011, la deuda autonómica ascendió un 100 por ciento, pasando del 6,3 al 12,6 por ciento del PIB, mientras que la central sólo aumentó marginalmente (0,6 por ciento) en el mismo periodo. Entre las autonomías que se enfrentan a una situación más delicada destacan la Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla-La Mancha, tal y como veremos más adelante.

'Números rojos' al alza
Desde 2007 se ha producido un grave deterioro de la dinámica de la deuda. Constante en gran medida durante la primera mitad de la última década, la deuda de las comunidades autónomas ha subido un 125 por ciento en los últimos cuatro años, con el agotamiento de los ingresos fiscales de origen inmobiliario tras el estallido de la burbuja y la acusada recesión económica, mientras que el gasto social ha aumentado drásticamente.

El deterioro de las finanzas públicas ha añadido problemas de liquidez a la mayoría de las regiones, especialmente preocupantes a la luz de los 9.000 millones de euros en amortización de obligaciones de 2012 sólo en las tres mayores comunidades.

Varios mercados autonómicos de obligaciones (en general, relativamente ilíquidos) están prácticamente congelados con los inversores preocupados por el deterioro de los perfiles de crédito de las regiones y su incapacidad para cumplir con sus objetivos fiscales. Ello ha conllevado un acusado aumento de las primas de riesgo, lo que, a suvez, ha disparado el precio que pagan las autonomías por financiarse en los mercados. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, tendría que pagar entre un 14 y un 20 por ciento de intereses anuales si lo hiciese.

Las regiones también se encuentran bajo la presión del Gobierno central, que retira o retrasa unas transferencias vitales de fondos y que, según algunas autonomías, han ayudado a embellecer el rendimiento fiscal del Gobierno.

Por ejemplo, de los tres fondos principales (convergencia, suficiencia y garantía), sólo el 61 por ciento del total de 14.500 millones de euros adeudados el año pasado se había transferido a finales del tercer trimestre.

El Gobierno central ya detenta el poder para autorizar la emisión de deuda a largo plazo y, si las regiones no cumplen con los déficits fiscales fijados el año anterior, puede vetar los planes de emisión de deuda. En caso de un excesivo déficit, debe establecerse un plan de reequilibrio. Curiosamente, y teniendo en cuenta que el requisito de autorización sólo atañe en gran medida a la deuda a largo plazo, se ha producido un marcado aumento en la emisión de deuda a corto plazo por las autoridades regionales.

Con las líneas de crédito aparentemente agotadas, las comunidades recurren cada vez más a medidas quijotescas para seguir a flote y que han resultado en un importante aumento de la deuda oculta, en concreto financiándose retrasando los pagos de bienes y servicios, dado el acceso restringido a financiación. Según la Plataforma anti-morosidad, las empresas están cobrando con una media de 157 días de retraso (cerca del triple del plazo de pago legal).


https://ww.eleconomista.es/espana/noticias/3705202/01/12/Valencia-Cataluna-y-CLM-deberan-ser-rescatadas.html