Cubas de la Sagra - Madrid

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, una de las ovejas negras del PP valenciano, ha sido imputada por un presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en el caso que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan Rabasa, el proyecto urbanístico sobre la instalación de Ikea en el barrio alicantino de Rabasa. Castedo ya está imputada, además, en el caso Brugal. La permanencia de la regidora en su cargo deja en papel mojado el llamado Código de Buenas Prácticas del PP, que regula (en el papel) la actuación de sus dirigentes políticos para evitar la corrupción.

Castedo declarará el 27 de noviembre
El titular del juzgado de instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón ha citado a la alcaldesa de Alicante para el 27 de noviembre a las 10.00 horas para declarar por presunta prevaricación y tráfico de influencias. En esta causa están también obligados a declarar el constructor Enrique Ortiz, los técnicos del Ayuntamiento Enrique Sanus e Isabel Campos y otros dos especialistas del Ministerio de Fomento, Emilio Peiró y Francisco Javier Criado, informa EFE

La regidora desafió a la Justicia y siguió adelante con el plan
Según un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante, la alcaldesa siguió adelante con la tramitación del expediente administrativo del Plan Rabasa, a pesar de que estaba suspendida su ejecución desde diciembre de 2009 por orden del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El juez dice en su auto que en el informe policial “existen indicios de que esta actuación pudo realizarse para beneficiar los intereses” del empresario Enrique Ortíz.

También imputada en el caso Brugal
La alcaldesa de Alicante está también imputada en la parte del ‘caso Brugal’ que investiga presuntas irregularidades en el Plan General de Orientación Urbanística por los delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho. El caso se instruía en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana hasta el pasado mes de mayo cuando Castedo presentó su renuncia al acta de diputada, por lo que volvió a los juzgados de Alicante.