Cubas de la Sagra - Madrid

El copago provoca que José Francisco de 57 años, un discapacitado de Alzira, pierda a su tutor por no poder hacer frente a su mantenimiento.
Ricardo Peris se hizo cargo de él en el año 1999 tras el fallecimiento de su padre. Peris dirigía, por entonces, el Centro Ocupacional La Salut de Algemesí y presidía la Federación de Empresas de Atención a los Discapacitados.
Pero a las 10,30 horas de hoy presentaba su renuncia a la tutoría del discapacitado que ha ostentado durante los últimos 25 años ante el titular del juzgado nº 4 de Alzira para que “la conselleria de Bienestar Social asuma la tutoría y su capacidad económica”.
José Francisco percibe una pensión anual de orfandad de 9.413,60 euros por las 14 pagas de 672,40€ mensuales y otra pensión por hijo a cargo de 4.390,80 euros anuales por las 12 pagas a razón de 365,90€.
Hasta el pasado mes de diciembre los gastos por asistencia al centro ocupacional ascendían a algo más de 6.000 euros, pero a finales de año le subieron el copago hasta sumar 13.606,30 euros, por lo que Peris lamentaba hoy que “apenas le queden 16,50 euros mensuales para cubrir el resto de sus gastos como medicinas y manutención entre otros.
Peris le acompaña a diario en su trayecto de ida y vuelta al Centro Ocuapcional del que dista unos 5 km y gestiona su mantenimiento. Esta mañana se mostraba muy “indignado” a la salida del juzgado; “crearon la Ley de Dependencia sin dinero”, lamenta “y ahora le quitan la ayuda a través de una carta firmada por la Directora General de la conselleria”. Yañadió ” no sé cómo hacen los números en la Genralitat porque no han contado con nosotros a la hora de quedarse con el 100% de la pensión”.
Entrevistado por Ana Martínez en la emisora Nivel10FM, Ricardo Peris recordó que hace más de 40 días presentó un recurso de alzada “contra el decreto del copago” sin que haya obtenido respuesta hasta la fecha. Y se lamentaba una y otra vez de haber llegado a este extremo después que “le haya dedicado mucho tiempo”.
Ahora el titular del juzgado nº 4 deberá pronunciarse sobre la petición de Ricardo y decidir si no admite su renuncia o por el contrario le adjudica la tutoría a la conselleria de Bienestar Social.