Cubas de la Sagra - Madrid

Se trata de una reforma injusta e injustificada, que penaliza a los mayores de 55 años, a los que el Gobierno lleva acorralando socialmente desde que inicio la legislatura. Y que dificulta aún más el acceso al empleo de los jóvenes.

Es injustificada, porque viene a reformar una ley, la 27/2011, que aún no había entrado en vigor. Y sin esperar a ver sus efectos, el Gobierno la modifica, sin acuerdo social y sin acuerdo político, con lo que una vez más incumple sus compromisos con el Pacto de Toledo.

España gasta hoy en pensiones cerca del 10% del PIB, casi 3 puntos porcentuales menos que la media de la UE. Alegar unas previsiones para el 2060 es toda una desfachatez. Para la sostenibilidad económica de la Seguridad Social, la evolución demográfica es importante, pero tienen mucha más importancia factores como la creación de empleo (volumen de cotizantes), la calidad del empleo (niveles salariales y de cotizaciones) y la productividad (innovación y formación).

EDADES DE JUBILACIÓN
España tiene una de las edades legales de jubilación más elevadas, 65-67 años, una edad real por encima de la media, que es de 63,8. Es el país en el que la edad real de jubilación más ha crecido en los últimos años, y el diferencial entre edad legal y edad real es de los más bajos de la UE. O sea que todo el andamiaje argumental de la reforma del PP se construye sobre una falsedad.

Aunque con una intensidad menor de la inicialmente prevista, el Gobierno endurece el acceso a la jubilación anticipada. Especialmente doloroso cuando se trata de la forzosa, en la que penaliza los coeficientes reductores de los que han cotizado entre 38,5 y 41 años, o sea la mayoría. Se trata de personas mayores despedidas, sin empleo y sin expectativas de tenerlo, a los que el Gobierno ya endureció las condiciones de acceso al subsidio de desempleo y redujo sus cotizaciones. Y ahora las remata endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación anticipada forzosa.

LA SEGURIDAD SOCIAL
Es además radicalmente falso que esta modalidad de jubilación tenga costes para el sistema de Seguridad Social y el Gobierno no ha sido capaz de aportar datos, a pesar de haber sido requerido varias veces en la comisión de seguimiento del Pacto de Toledo.

La reforma aprobada convierte la jubilación parcial en una modalidad teórica, de imposible acceso, excepto para el sector de la automoción (importante, pero no el único). Al impedir la jubilación parcial, el Gobierno bloquea la posibilidad de contratación de jóvenes a través del contrato de relevo, en un país con niveles de desempleo juvenil del 50%.