Cubas de la Sagra - Madrid

UPyD ayuda al PP a frenar la investigación sobre Arturo Fernández
E.B.
La Asamblea de Madrid no investigará los supuestos pagos en dinero negro en empresas de Arturo Fernández, el presidente de la patronal madrileña. La propuesta de la bancada socialista en el parlamento regional se ha topado con el rechazo de UPyD, que ha seguido la doctrina marcada por el PP, color político con el que se vincula estrechamente al empresario.

Luis de Velasco, representante de UPyD en la Junta de Portavoces de la Cámara madrileña, ha defendido su posición en la votación de la mañana de este martes porque faltan datos para conocer lo ocurrido. Así, ha anunciado que su formación optará por guardar cautela y no tomar una decisión sobre el asunto hasta que haya documentación “más consistente”. Una decisión que Tomás Gómez, portavoz de los socialistas, ha lamentado profundamente.

Según el representante del PSM, la aprobación de su solicitud hubiera permitido la apertura de un “proceso de estudio y de investigación” que hubiera aportado luz a las denuncias de “decenas de trabajadores” contratados por Arturo Fernández que dicen cobrar parte de sus salarios en ‘B’. Por su parte, el portavoz del grupo popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha defendido su negativa para “dejar actuar a las instituciones” a la par que ha animado a denunciar a cualquiera que tenga pruebas sobre estas prácticas en las empresas del que es también vicepresidente de la CEOE.

Mientras que Gómez ha tachado de “auténtico escándalo” las informaciones sobre estas supuestas irregularidades y ha conminado al presidente de la patronal española, Juan Rosell, a pronunciarse al respecto, el portavoz de Izquierda Unida ha ido más allá. Eddy Sánchez ha manifestado que estas supuestas conductas confirman la “egoísta, abusiva e intolerable conducta como empresario” de Fernández y ha señalado que se deben “depurar responsabilidades y sanciones, si fuera necesario”.

En este sentido, Sánchez ha apuntado que habría que “actuar de inmediato” para rescindir los contratos de explotación de cafeterías y restaurantes que el empresario ostenta en la Asamblea de Madrid y en el Congreso de los Diputados.