Cubas de la Sagra - Madrid

Desde Médicos del Mundo están denunciando reiteraramente “el caos existente tres meses después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria” y el “desconcierto generalizado en su aplicación”, apuntando por ejemplo a “derivación a pacientes de un servicio a otro, respuestas contradictorias, rechazo a la tramitación de la tarjeta sanitaria aun cuando la persona afectada tenía derecho a ella, negación de atención a embarazadas y menores…”. “La casuística documentada por Médicos del Mundo a través de su presencia en 12 comunidades autónomas es muy diversa y refleja perfectamente el caos en la aplicación de este nuevo modelo sanitario”, advierten.

Sin defensas ante patologías asociadas al sida
Entre los casos más dramáticos que han detectado figuran las denuncias de la ONG en Baleares donde advierten de que “pacientes infectados por el VIH (virus del sida) reciben antiretrovirales pero no el resto de medicación que precisan para otras patologías que padecen por la debilidad de sus defensas”. Además, “la persona que sospecha que puede haber contraído este virus no tiene derecho a hacerse una prueba de forma gratuita”. Así lo denuncia Miguel Reyero, vicepresidente de Metges del Món, según recoge El Diario de Mallorca.

“Riesgo de un problema de salud pública”
Reyero recuerda que la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró con la entrada en vigor de la reforma sanitaria que los pacientes con sida y oncológicos seguirían recibiendo una atención sanitaria regular, sin embargo, Médicos del Mundo tiene documentados en Baleares unos cien casos en los que vulnera la ley dejando sin asistencia a personas que tienen derecho a ella. Como ejemplo, apunta casos de tuberculosis en los que se da la medicación sólo al paciente con la enfermedad y no a las personas que viven en su entorno, “con el consiguiente riesgo de un problema de salud pública”. Los pacientes que necesitan medicación quedan “al albur de la buena voluntad de un médico o una enfermera que les facilite de manera irregular los fármacos que precisan”. La organización lleva meses reclamando al Gobierno balear la puesta en marcha de la comisión a la que se comprometió para estudiar casos sensibles de exclusión con el real decreto.