Cubas de la Sagra - Madrid

La cifra del rescate a la banca española podría más que duplicar la aconsejada en su informe por el Fondo Monetario Internacional (FMI) esta madrugada y llegar hasta los 100.000 millones de euros, según ha filtrado una fuente gubernamental europea citada por la agencia France Presse. Se esperaba que el montante final se diera a conocer tras las auditorías independientes encargadas por el Gobierno de Rajoy, que ha mantenido una total opacidad sobre todo lo referido a la intervención de Bruselas en un intento de minimizar su impacto de cara a la opinión pública.

La negación del Gobierno
El Gobierno español se negó a confirmar este viernes que hoy el Eurogrupo estudiaría el plan de rescate para la banca española. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió ayer admitirlo ante las insistentes preguntas de los medios en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Sin embargo, la agencia AFP, que cita fuentes gubernamentales europeas, asegura que la solicitud para que Bruselas intervenga ya estaría hecha por parte del Ejecutivo, desde hace algunos días, aunque no de manera oficial.

Holanda y Filandia piden condiciones muy duras
Nada se sabe con certeza aun sobre la cifra definitiva, ni tampoco sobre cuáles serán las condiciones que, a cambio, impondrá Bruselas a España. Fuentes comunitarias han afirmado que Holanda y Finlandia están presionando para someter a España a unas condiciones muy duras.

Como si no pasara nada
El Gobierno sigue con su estrategia de intentar minimizar la situación. Como ayer Sáenz de Santamaría o el ministro de Exteriores, García-Margallo, que intentaron quitar hierro al asunto, este sábado ha sido la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, quien ha lanzado su mensaje de que “no hay incertidumbre sobre la economía española” y que España “tiene la solidez suficiente para aguantar la situación actual y salir airosa de los momentos en que nos encontramos”. El mismo dicurso ha mantenido el ministro de Industria, José Manuel Soria, también hoy, que ha dado a entender que es el Ejecutivo el que marca el ritmo y que no pedirá la ayuda hasta que no haya visto los análisis de los auditores.