Cenicientos - Madrid

La Juez Mercedes Alaya no se ha creído
nunca la versión oficial . No se la creyó
cuando unos empresarios de hostelería
denunciaron que los máximos dirigentes
de la empresa pública Mercasevilla, con la
connivencia de altos cargos de la
Consejería de Empleo de la Junta , habían
exigido el pago de una importante
comisión a cambio de concederles una
cuantiosa subvención para poner en
marcha una escuela de hostelería .
Oficialmente , para el Ayuntamiento de la
ciudad, gobernado por el socialista
Alfredo Sánchez Monteseirín , y para la
Junta de Andalucía , con Griñán al frente , la
cosa empezaba y terminaba en los
participantes en aquella reunión. Ni
siquiera el entonces delegado provincial de
Empleo , Antonio Rivas, que posteriormente
sería imputado por la juez y se vería
obligado a dimitir no sólo como delegado
de la Junta sino de todos sus cargos
orgánicos dentro del PSOE, tenía nada que
ver en el intento de extorsión llevado a
cabo, presuntamente , por el director
gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet ,
y su adjunto, Daniel Ponce.
La juez no se creyó aquella versión , y
terminó abriendo hasta cuatro sumarios
diferentes , todos relacionados con la
investigación: el presunto cobro de
comisiones ilegales , la venta fraudulenta de
unos suelos que eran propiedad de
Mercasevilla a una filial de la empresa
Sando, un presunto delito societario en el
seno de la empresa pública , y otro de
irregularidades en la gestión de los
expedientes de regulación de empleo (ERE )
presentados y ejecutados por el mercado
central de abastos de Sevilla, que terminó
por destapar uno de los escándalos de
saqueo de las arcas públicas de mayor
alcance de los conocidos hasta ahora en
España, la concesión de subvenciones por
parte de la Junta de Andalucía para
financiar ERE de empresas supuestamente
en crisis en los que , oficialmente, hasta el
momento , se han detectado hasta 183
casos irregulares.
Entre los 183 casos irregulares detectados
hay circunstancias de dos tipos . Por un
lado , están los 72 ' intrusos' -personas que
nada tenían que ver con las empresas en
cuestión, que nunca habían trabajado para
ellas y que en muchos casos estaban
relacionados directamente o a través de
familiares con cargos del Partido Socialista
Obrero Español (PSOE )- y, por otro, las
personas que , habiendo trabajado en la
empresa , no reunían todos los requisitos
para acogerse a la prejubilación o
incurrían en cualquier otra irregularidad de
carácter administrativo.
La juez Alaya tampoco se cree la versión
oficial de la Junta de Andalucía de que sólo
hay estos 183 casos de irregularidades en
los 68 expedientes de regulación de
empleo analizados por la Junta de
Andalucía. Y por este motivo ha llegado a
pedir al Gobierno que José Antonio Griñán
heredó de Manuel Chaves las actas de
todas y cada una de las reuniones del
Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía en la última década. La Junta,
que tanto ha alardeado de colaborar con la
Justicia en el esclarecimiento de unas
irregularidades que , oficialmente, las
habían cometido " cuatro gatos " , se ha
negado a dar esta información a la juez y
no renuncia a elevar un " conflicto de
jurisdicción " ante el Tribunal Supremo .
Un entramado sencillo
El objetivo de todo el entramado es
sencillo : distraer dinero público eludiendo
cualquier tipo de control. Pero la forma es
bien sofisticada : en unos casos , a través
de empresas públicas en las que el control
político de la oposición es prácticamente
inexistente, como es en el caso de
Mercasevilla.
Pero también mediante la concesión de
subvenciones saltándose la reglamentación
existente al respecto , haciendo uso de un
" fondo de reptiles " , según la expresión de
uno de los ex altos cargos imputados ,
Francisco Javier Guerrero , del que disponía
la Consejería de Empleo - con conocimiento
de los máximos responsables, según
Guerrero - para estos casos .
Sólo en el asunto de los ERE , la Junta de
Andalucía ha llegado a subvencionar casi
700 millones de euros desde el año 2001.
La Junta se resiste a admitir el saqueo y
sólo habla de " uso indebido" . Y ello sólo
cuando se ha visto obligada , ante las
evidencias, a cambiar su discurso inicial
negándolo todo.
El dinero con el que se subvencionaban los
expedientes de regulación de empleo los
libraba el Instituto de Fomento de
Andalucía (IFA) , que posteriormente se
transformaría en la Agencia IDEA, al que la
Consejería de Empleo transfería las
cantidades procedentes de una partida
destinada a ayudas a empresas en crisis.
Es cuando el dinero llegaba al IFA -o ,
posteriormente, a la Agencia IDEA - cuando
se convertía en el ' fondo de reptiles' del
que Guerrero habló a la Policía . De nuevo,
aparece un ente dependiente de la Junta
pero ajeno al control público como
vehículo para mover el dinero .
Además, ni el IFA ni la Agencia IDEA tienen
entre sus fines , precisamente , la
financiación de despidos , que en eso y no
otra cosa consisten los expedientes de
regulación de empleo .
En muchos de esos ERE - la juez trata de
averiguar en cuántos- se colaron personas
relacionadas con el PSOE , con los
sindicatos o con los que actuaron como
intermediarios en la negociación de los
expedientes , que nunca trabajaron en las
empresas afectadas , que no obstante
percibían determinadas cantidades como
supuestos prejubilados de esas sociedades .
Entre los prejubilados se cuenta incluso un
ex consejero de Empleo, Antonio
Fernández, imputado por la juez Alaya . En
este caso , Fernández sí había trabajado
para la bodega González Byass , que lo
prejubiló . Pero en el expediente aparecía
su fecha de nacimiento como la de ingreso
en la nómina de la empresa acogida al ERE.
La Junta se resiste aún a admitir
responsabilidades políticas de ningún
tipo. Se ha negado a crear una comisión
de investigación parlamentaria tantas veces
como veces la oposición la ha solicitado .
Entre los imputados hay directores
generales -que autorizaban las
subvenciones -, delegados provinciales de
Empleo y hasta consejeros. E incluso
existen informes de la Intervención General
de la Junta de Andalucía dirigidos
expresamente al presidente de la Junta,
José Antonio Griñán, en su etapa de
consejero de Economía, que advertían de
las irregularidades y hacían
recomendaciones para acabar con éstas,
que nunca se tuvieron en cuenta .
El caso está absolutamente abierto. La
Fiscalía Anticorrupción - que hasta ahora
sólo había participado en alguno de los
sumarios del ' caso Mercasevilla' - acaba de
aterrizar en la investigación de los ERE .
Aún en fase de instrucción , fase que se
prevé muy larga por el alcance - en
cuantía y en el tiempo - del escándalo , el PP
lo ha convertido en una de sus principales
puntas de lanza frente a su contrincante en
las urnas, después de varios años
sufriendo el castigo del escándalo Gürtel,
con el que el PSOE ha fustigado duramente
a los populares .
El PP ha llegado a asegurar que , tras el
escándalo de las prejubilaciones falsas , lo
que se esconde es un caso de financiación
ilegal del Partido Socialista Obrero Español .

El P.P, menos lo de los gurtel, lo demás se lo cree todo. Es como en Cenicientos un pueblo que han arruinado con alevosía y premeditación.Lo sabemos todos menos los arribistas del P.P. que no quieren darse por enterados.