Arganda del Rey - Madrid

La operación de compra de votos por la que están imputadas 27 personas, la mayoría dirigentes del PSOE y Coalición por Melilla (CpM), salpica directamente al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Como ya contó LA GACETA, según el informe realizado por el Equipo Contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, que ha investigado los hechos, el ahora ministro de Fomento, José Blanco, conocía la presunta compra de votos que habría realizado la federación socialista de Melilla en las elecciones generales de 2008. Además, ahora conocemos que en el primer paso de esa supuesta operación participó también el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Según ha denunciado el presidente de la Asociación Musulmana de la ciudad autónoma, Abderraman Benyaya, el PSOE melillense les pidió en 2008 que solicitasen el voto para la lista que los socialistas presentaban en unión con Coalición por Melilla. Los dirigentes de la asociación musulmana –mayoritaria en Melilla– exigieron para dar su apoyo electoral al PSOE que se realizaran unas modificaciones en las normas que regulan la nacionalización española de los ciudadanos marroquíes.

Tal y como expone Benyaya, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, viajó a Melilla el 8 de febrero de 2008 para reunirse con la Asociación Musulmana. En aquella reunión, que tuvo lugar en el parador de la ciudad autónoma, el titular de Justicia prometió a Benyaya que modificaría la norma y que, además, se reuniría con él en cuanto el PSOE ganara las elecciones y fuera nombrado nuevamente ministro.

Con ese apoyo de la asociación mayoritaria de musulmanes los socialistas pretendían ganar votos. A esa estrategia electoral, se sumaba otra mucho más potente. Según consta en los atestados de la Guardia Civil en los que se sustenta la imputación de 27 cargos políticos de PSOE y CpM, entre ellos el del secretario general y candidato socialista Dionisio Muñoz, la captación de votos iba más allá.“El desarrollo de la misión –encargada por PSOE y CpM a su cabeza de lista en los barrios periféricos de Melilla, barrios básicamente musulmanes– era la de ofrecer a las familias de esos barrios la concesión de un puesto de trabajo de los planes de empleo públicos a un miembro de cada familia, todo ello a cambio de la solicitud del voto por correo de todos los componentes de cada una de ellas”, explica el informe policial.

Esas solicitudes de votos por correo eran gestionadas, según la misma instrucción de la ECO, en las propias sedes de las Juventudes socialistas y de CpM. Esa acusación está ratificada, además, por el testimonio de la que en 2008 era secretaria de Organización de las Juventudes, Ikram Aanan. Según ha declarado, el propio candidato socialista Dionisio Muñoz dio orden de que los militantes no se acercaran a la sede de la organización porque iba a ser utilizada como centro de operaciones para la campaña, pero Aanan sí fue al local y pudo comprobar cómo un gran número de ciudadanos, la mayoría musulmanes de los barrios más pobres, habían acudido a la sede de Juventudes. Allí les ayudaban a introducir su papeleta de voto en el sobre y se les entregaba un formulario con el que solicitar un puesto de trabajo que ofrecía la Delegación del Gobierno en Melilla.

Más de 2.500 melillenses dieron su voto por correo a la coalición PSOE-CpM creyendo, como les habían prometido, que ello les llevaría a obtener un puesto de trabajo. Pero la realidad fue otra y una vez pasadas las elecciones de 2008, en las que el voto por correo aumentó un 180%, esos planes de empleo no dieron trabajoa los miles de ciudadanos que votaron en la sede del PSOE.

Cuando se dieron cuenta del engaño muchos protestaron y un administrativo del PSOE, Nordin Abdellah, denunció lo sucedido ante el juez, consciente de que él sería también imputado por haber participado en la operación.

El escándalo salió a la luz y el líder socialista Dionisio Muñoz acudió a Madrid para reportar de lo sucedido en Ferraz, directamente ante el vicesecretario de Organización socialista, José Blanco. Tras ese viaje la Policía constató que Nordin sufrió un intento de soborno. Tal y como consta en el sumario del caso, el testigo y denunciante fue citado el día 10 de marzo de 2010 en el hotel El Puerto de Melilla, donde se le ofreció “un puesto de trabajo en la Administración sin que tenga que asistir a la jornada laboral, a cambio de no ratificarse en la denuncia”.

Tras todos estos hechos, el juzgado número 4 de Melilla imputó en el mes de enero a 27 dirigentes políticos. La denominada operación Fortaleza continúa abierta y el candidato del PSOE en su puesto.

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