Val de San Román - Leon

LAS CUENTAS MUNICIPALES








Hacienda detecta un fraude de los leoneses de 25 millones de euros en el catastro


Viviendas ganadas al jardín, edificios con más plantas que las declaradas, habitaciones en terrazas o piscinas sin permiso







Los inspectores han utilizado fotografías aéreas para la comprobación de los datos - NORBERTO

Los inspectores han utilizado fotografías aéreas para la comprobación de los datos - NORBERTO





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ÁLVARO CABALLERO | LEÓN 07/12/2014


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El rastreo decretado por el Ministerio de Hacienda para hallar bolsas de fraude catastral en León ya tiene sus frutos. La cosecha aporta 1.500 unidades urbanas fraudulentas en las que los técnicos de la empresa encargada por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria y Patrimonio S.A. (Segipsa) han detectado un valor catastral de más de 25 millones de euros sin declarar hasta ahora: casas en las que se ha ganado espacio de vivienda a costa del jardín, edificios con más plantas levantadas de las que constan en el Catastro, habitaciones surgidas como fagocitación de las terrazas, casetas ejecutadas en medio de una finca, piscinas para las que no había permiso dentro de las parcelas de algunos chalés, oficinas convertidas en viviendas, casas reformadas por completo sin que se cursara ninguna notificación, terrazas en áticos que pasan a ser vivienda...

La lista de causalidades forma parte del informe elaborado en los últimos seis meses y para el que todavía resta plazo hasta finales de año, después de que el Ayuntamiento de León requiriera al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que le incluyese con prioridad en el proceso de amnistía fiscal impulsado por el departamento de Cristóbal Montoro. Un procedimiento por el que el Estado quiere hacer aflorar las bolsas de fraude, bien por el resultado de los rastreos o por propia iniciativa de los titulares. A cambio, los propietarios logran la regularización por medio del pago de una tasa de 60 euros, en lugar de enfrentarse a las multas de hasta 6.000 euros que tendrían que pagar si se les pilla en futuras inspecciones y no demuestran que los cambios tienen más de cuatro años, que es la fecha de prescripción. Pese a ello, en ningún caso se puede legalizar aquellas que se hayan construido en espacio sin autorización.

El resultado de este rastreo afectará de manera principal al recibo del IBI que tengan que pagar a partir del próximo año los titulares de las 1.500 unidades urbanas detectadas, pero además afectarán a otros tributos como las plusvalías, que se abonan en el caso de las transmisiones patrimoniales, y a los cálculos del IRPF dado que, salvo que sea la vivienda habitual, el resto tributan entre el 1,1 y el 2% del valor catastral.

La mayoría de inmuebles fraudulentos se han detectado por medio de las inspecciones hechas por la empresa adjudicataria. Un trabajo en el que se han utilizado vuelos a baja altura, fotografías aéreas, planos sacados con satélite y visitas directas a edificaciones. Todo un material que han aportado tras cruzar datos con el padrón municipal que tiene el Ayuntamiento de León, en el que hay registradas 130.509 unidades urbanas con su correspondiente valoración catastral cada una y su ficha acreditativa de las condiciones, y cotejar la posible existencia de licencias solicitadas en su momento que no se comunicaron al Catastro dentro de los dos meses establecidos por ley para poder hacerlo.

Ahora, los propietarios recibirán una notificación oficial con el resultado de las inspecciones, ante el que podrán hacer alegaciones en el plazo de 15 días, tras los cuales quedará asentado el nuevo valor catastral y su tributación correspondiente.