Val de San Lorenzo - Leon

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El precio de un niño
La mitad de los bebés adoptados se legitima al margen de la ley


Las disposiciones legales para la adopción de niños en España facilitan que ésta se curse dentro del mercado negro. La fuerte demanda de recién nacidos y la complejidad legal que los adoptantes deben superar hasta conseguir un adoptado conducen a que muchos matrimonios sorteen esta vía u opten por otras menos complicadas y más rápidas: la del confesonario o la de la simple compraventa, a través de médicos cómplices e intermediarios sin escrúpulos.

Ángeles Vidales y Victoria Mendoza, tía abuela de la niña nacida en la clínica de Santa Cristina de Madrid, lo hicieron muy mal. Su ignorancia, su falta de conocimiento del mundo y su incredulidad religiosa les han conducido a la cárcel.Ni Ángeles, ni Victoria, ni Mari Loles -la madre que la trajo al mundo- saben cómo se hacen estas cosas para que todo salga por lo legal, sin que nadie se entere, sin que les denuncien ante un juzgado, sin que la Prensa se eche encima como una marabunta y sin que vayan a parar a la cárcel.

Si hubieran sido creyentes y asistentes a la misa dominical, por lo menos, se habrían enterado, por el párroco de la iglesia que frecuentan, cómo funciona el sistema de adopción. Es el que utiliza la mayoría de los matrimonios sin hijos que ansían adoptar uno ajeno. El procedimiento es muy sencillo. El matrimonio entabla contacto con el párroco o el capellán de la orden religiosa que regenta la iglesia a la que pertenecen como feligreses y le expresa su propósito. El párroco recoge su deseo y le confía la posibilidad de satisfacerles, dado que se trata de un matrimonio de fiar, discreto, con recursos económicos suficientes para mantener y educar a un niño y de una moralidad intachable. Lo único que les recomienda es un poco de paciencia.

El plazo de espera suele oscilar entre los seis meses y el año, aunque últimamente se ha estirado algo más, a causa del control que ejercen algunas instituciones del Estado. Mientras tanto, el sacerdote o religioso traslada la petición a una religiosa amiga -asistente social- que asiste a las embarazadas solteras en una residencia regentada por hermanas de su orden o en la clínica donde dan a luz.

A partir de ahí, el proceso se simplifica. Muchas de las embarazadas acogidas en residencias especiales no desean tener a su hijos, y si tienen dudas, se les convence para que así sea. Su régimen libertino de vida no les capacita para ser madres responsables. En su caso, lo más adecuado es que entreguen sus hijos a un matrimonio que se haga cargo de él con todas las consecuencias y con las máximas garantías para su futura formación cristiana.

De esta manera, cuando se produce el alumbramiento, la madre no ve a su hijo. Se recupera físicamente y sale de la clínica como entró: con las manos vacias y un vientre menos pronunciado. Entre tanto, el matrimonio adoptante es avisado sigilosamente para que se presente en la clínica, donde se le entrega el bebé sin ninguna clase de filiación, como si hubiera caído del cielo.

A continuación, la religiosa le conduce hasta la residencia donde se hospedó la embarazada. Allí se le pone en evidencia lo que ha costado su mantenimiento, así como los gastos de las atenciones sanitarias en la maternidad: ¿200.000,400.000 pesetas? A esto hay que añadir la voluntad y los gastos del abogado que tramitará el asunto ante el registro, como si el niño hubiera nacido de las entrañas del matrimonio.

En estas condiciones, nadie probará jamás que ese niño no es hijo legítimo y biológico de la pareja que lo ha registrado como tal,

aunque no haya intervenido para nada en su concepción. Ni sus padres adoptivos, ni la monja y el sacerdote que han actuado como intermediarios, ni el abogado que les ha asesorado dirán jamás la verdad de lo sucedido, cómo cada uno de ellos ha intervenido en un encadenado de actuaciones completamente al margen de la ley.

Estas operaciones perfectas se rompen cuando algún eslabón quiebra el pacto de silencio. Son los casos cuyas rupturas parecen truenos, de lacerantes y crueles que parecen. Por ejemplo, el del matrimonio levantino -la región que más adopciones demanda- que devolvía a la antigua Inclusa de la Diputación de Madrid un niño de nueve meses que padecía politraumatismo cerebral congénito. Estos modestos labradores de secano habían adoptado, por el procedimiento descrito, a este niño cuando apenas había cumplido los tres meses. Pese a su inexperiencia, la pareja observaba que con el paso del tiempo el niño apenas registraba progreso alguno. Con el niño a cuestas, de clínica en clínica, los labradores acabaron con un diagnóstico de incurable en sus manos y su escasa fortuna en números rojos, arruinados. "Venimos a devolverlo; no podemos más", es todo lo que dijeron a la puerta de la Inclusa.

Un bebé en el frigorífico
Fue un caso excepcional. Los más frecuentes son los contrarios, los de aquellos niños que una vez adoptados son reclamados por sus auténticas madres o porque alguien no ha satisfecho el precio convenido por efectuar la operación. Una madre de Cieza (Murcia) presentó denuncia porque las 500.000 pesetas que le habían abonado por vender al hijo que había engendrado resultaron ser sólo un guarismo en un cheque sin fondos."Cualquier maternidad es un centro potencial para ser tentado por los cazadores de recién nacidos", dice la responsable de un centro oficial de adopción. Pero sólo en casos excepcionales se ha logrado probar que han cazado. En Zaragoza, la madre Asunción Vivas fue condenada por la Audiencia a cuatro meses de arresto mayor por el delito de sustracción de menores. La hermana de la Caridad María Gómez Valbuena, asistente social de la clínica Santa Cristina de Madrid -donde se efectuó el secuestro de la hija de Mari Loles-, se vio envuelta en tres denuncias presentadas por otras tantas madres, quienes la acusaban de haberle arrebatado a sus hijos para entregarles en adopción. Ninguno de los tres casos pudo ser probado, pero los hechos eran tan verosímiles que provocaron el traslado de la religiosa.

Otro tanto sucedió con Pura, una religiosa encargada de dirigir una residencia de madres solteras en Carabanchel. Muchos matrimonios felizmente padres adoptivos de criaturas nacidas en la clínica del Rosario, de la calle de Velázquez, en Madrid, y entregadas por la religiosa podrían dar fe de su intervención. Muchos de ellos se sienten tan agradecidos por sus nuevos hijos que por nada del mundo denunciarían la ilegalidad de su adopción. Sin que haya mediado denuncia pública alguna, el papel de sor Pura debió de alcanzar tal volumen de actividad que tanto los directivos del Consejo Superior de Menores como la Diputación de Madrid, bajo control socialista, mediaron para apartar a la orden de sor Pura de la dirección del centro de Carabanchel y encomendársela, bajo control, a la orden de las oblatas.

A esta decisión contribuyeron numerosas denuncias de madres solteras que acusaban a sor Pura de coaccionarlas para que se decidieran a entregar a sus futuros hijos. "A unas les decían que tenían la pelvis estrecha y que su hijo iba a salir malformado, y a otras, que, por sus condiciones morales o económicas, no eran dignas de sostener a un hijo como Dios manda".

Medio millón
En las clínicas de San Ramón (Madrid) y Benisalem (Mallorca), dirigidas, respectivamente, por el doctor Vela y la comadrona Margarita Campins, llegaron a métodos más sofisticados. En ambas maternidades tenían en depósito un bebé muerto congelado, que en algunos casos mostraban como suyo a la madre que acababa de dar a luz. Mientras el bebé muerto era reintegrado a su depósito refrigerado para seguir supliendo nuevos nacimientos, el auténtico, vivo, era vendido por 200.000 o 500.000 pesetas. El doctor Vela fue denunciado y acusado, además, de negligencia por la muerte de una madre y su hijo en el momento del parto. Cinco años después, los cargos contra Vela han sido archivados, y su caso, sobreseído por la Audiencia de Madrid.

https://ww.elmundo.es/elmundo/2011/04/25/castillayleon/1303714886.html




Tribunales | 542 denuncias en España
Las fiscalías de Castilla y León investigan veinte casos de niños robados

La falta de documentación dificulta la investigación
La provincia de León encabeza la lista con seis casos


Las fiscalías provinciales de Castilla y León investigan 20 casos, ni uno más, de niños robados. Mientras las declaraciones se suceden en los medios, sólo 20 familias han formalizado su denuncia, la mayoría de ellas de la mano de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). En toda España, hay 542 denuncias de este colectivo. En Castilla y León, León se encuentra a la cabeza con seis denuncias, le siguen Salamanca con cinco, Zamora con cuatro, Valladolid con tres, y Burgos y Ávila con un caso cada una.

En todos los casos el problema principal es que apenas hay datos que avalen la versión de los denunciantes. Bien porque se realizaron expurgos en los archivos, bien porque alguien lo quiso, faltan registros de ingresos, de partos, de partidas de nacimientos, de autopsias o de certificados de defunción. "Investigar estos casos es muy complicado porque han pasado muchos años y la documentación es escasa", explicó el fiscal de Castilla y León Manuel Martín Granizo. Muchas de las denuncias, reconoció pueden quedar archivadas.

Por otro lado, fuentes judiciales no descartan que se esté produciendo un fenómeno de 'contagio', en padres cuyo bebé falleció realmente y que no han superado su pérdida.
Pasos del proceso

Los primeros pasos en la investigación consisten en solicitar la documentación al centro hospitalario donde se produjo el alumbramiento y tomar declaración a los testigos, si existen y si están vivos, porque hay casos se remontan a más de medio siglo atrás.

La tesis que maneja Anadir es que existió una trama que se urdía en los hospitales. Allí parían madres muy jóvenes, madres solteras, mujeres con problemas económicos y varios hijos a su cargo... y también mujeres sin ningún problema a los que arrebataban el niño. La práctica habitual era contar a los padres que el niño había muerto. En algunos casos les llegaban a mostrar un cadáver, en otros una caja. Pero otras veces ni eso. Directamente los médicos les indicaban que ellos se ocuparían de todo.

"Ningún médico va cavando tumbas", indicó la responsable de Anadir en Castilla y León, María Labarga. "La documentación de esos niños no aparece ni en los hospitales ni en los registros civiles", indicó Labarga. Pero ahora hay una dificultad más. "Empezamos a tener problemas para consultar los registros de los cementerios, como el de Burgos. Nos hablan de la Ley de Protección de Datos, pero eso es para los vivos, no para los muertos. Los nombres de quienes están enterrados ahí están en las lápidas ¿no?", cuestionó Labarga.
Adoptivos

Una vez que habían engañado a los padres biológicos, llegaba el momento de los adoptivos. Se trataba de matrimonios estériles dispuestos a pagar lo que fuese por tener un recién nacido. En Anadir creen que en la mayoría de los casos pagaban lo que ellos pensaban que eran "gastos de gestión o papeleo", o ayudas para las congregaciones religiosas que prestaban servicios en los hospitales.

Anadir habla de trama porque hay unos rasgos comunes en todos los casos: médicos y religiosas y muertes súbitas de bebés que parecían sanos. Algunos casos que se han esclarecido demuestran que los pequeños eran trasladados a otras provincias, por lo que se cree que había un 'registro' o 'lista de espera'. Los niños podían ser entregados fuera del hospital, pero también se hicieron ingresos falsos. La madre adoptiva ingresaba y se le facilitaba un acta de alumbramiento, como si ella hubiese parido el bebé con el que luego saldría del hospital.

León entra en el mapa de los niños robados…
Cuando hace meses surgió la noticia de la constitución de una asociación que agrupaba a los afectados por el tráfico ilegal de adopciones durante la etapa franquista llamó la atención que León no figurara en el mapa de esta red de robo de niños. Ya había constancia previa de algún caso. Así figura en el ya célebre reportaje elaborado por la televisión pública catalana TV3, ‘Los niños perdidos del franquismo’, que por primera vez puso ante la sociedad española estos terribles hechos. Además, aquel caso leonés, aunque de un periodo anterior, la inmediata posguerra, tenía una significación especial ya que se trataba de Emilia Girón, la hermana del mítico guerrillero antifranquista berciano, Manuel Girón.

Ahora, cuando la Asociación Nacional de Afectados por Donaciones Irregulares (Anadir) está a punto de presentar una demanda colectiva ante la Fiscalía General del Estado, se descubre que entre los casi 300 casos que serán llevados a los tribunales también hay uno leonés, que ha manifestado su expreso deseo de mantenerse en el anonimato. Seguramente no será el único y es posible que en fechas sucesivas puedan aparecer más. Tal como explica el presidente de Anadir, Antonio Barroso Berrocal, en menos de un año (la asociación se constituyó en febrero de 2010) se ha conseguido la adhesión de 270 afectados que compondrán la denuncia colectiva que el próximo día 27 está previsto presentarse. Berrocal señala que a medida que los medios de comunicación están difundiendo su labor el aumento de socios es casi exponencial.
Estos terribles hechos se remontan fundamentalmente a los años 60 y 70 del pasado siglo, con derivaciones incluso a los principios de la Transición. Por lo que se conoce hasta el momento, la supuesta red operaba en todo el país y en ella intervenían curas, monjas, médicos, matronas, funcionarios públicos y hasta enterradores. A grandes rasgos, la forma de operar consistía en anunciar a unos padres el fallecimiento de un hijo durante el parto. La falsedad se ocultaba con partidas de defunción y hasta entierros ficticios para no dejar rastro del bebé que, a cambio de una cantidad económica, era cedido a otra familia.
Aquellos niños reclaman ahora el esclarecimiento de aquellas actuaciones delictivas que marcaron para siempre sus vidas. Nadie debe ni puede robarles también ese derecho

lacrónica.net:

https://ww.la-cronica.net/2011/01/02/editorial/leon-entra-en-el-mapa-de-los-ninos-robados-109583.htm

La Fiscalía vuelve a denunciar a la monja sor María Gómez Valbuena por el robo de niños Destacado


La Fiscalía de Madrid acusa a la monja de detención ilegal ante el juzgado de Madrid número 43, según se dio a conocer ayer. La religiosa ya imputada por el caso de bebés robados fue llamada hace semanas a declarar pero se negó a testificar.

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la monja sor María Gómez Valbuena por su implicación en el robo de niños. La Fiscalía ya citó a declarar como imputada a la religiosa que se negó a prestar declaración, ahora ha sido denunciada nuevamente esta vez por detención ilegal en uno de los casos de bebés robados que se investiga, según consta en la demanda interpuesta ante el juzgado de Madrid número 43, según se supo ayer.

La Fiscalía investiga un caso de 1982, el de María Luisa Torres, entonces una madre separada, que fue engañada por la monja Gómez Valbuena tras dar a luz en la maternidad Santa Cristina en O’Donnell, Madrid.

Estos hechos se han repetido en muchos más casos en el mismo hospital, según los testimonios aportados por muchas madres. En los dos últimos años decenas de familias afectadas han señalado públicamente a esta monja como parte de una trama que entregó a los bebés a otros padres no biológicos.

1.500 denuncias en todo el Estado por robo de niños

La Fiscalía cuenta con más de 200 denuncias por el robo de niños durante el Franquismo y hasta bien entrada la democracia en los años 80. El 50% de los casos se han archivado, pero unos 100 casos están siendo investigados. Sin embargo, son más de 1.500 las denuncias hechas por las familias afectadas por el robo de bebés en todo el Estado Español.

La monja sor María Gómez Valbuena fue durante más de 30 años (entre los años ’60 y los ’80) asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell, allí recibía a los padresque venían ‘recomendados’ por una organización privada, la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), avalada por el Estado, el Tutelar de Menores y por organizaciones católicas como Cáritas o Mensajeros de la Paz. También llegaban hasta Gómez Valbuena familias que eran enviadas por distintas órdenes religiosas para conseguir bebés. Un número elevado de bebés fueron a parar a familias acomodadas con vinculaciones políticas con el régimen franquista, incluso un número sin determinar de bebés fueron enviados al extranjero a través de embajadores, militares y médicos.

LISTAS PARA ENTREGAR BEBÉS ROBADOS

En la maternidad de O’Donnell la monja elaboraba las listas para dar a los niños que supuestamente las madres solteras y otras mujeres abandonaban. Sin embargo, según se ha dado conocer a través de las denuncias y decenas de testimonios de madres e incluso de enfermeras (como publicó DIAGONAL) lo que ocurría en esas maternidades era que una trama de médicos, monjas, abogados, notarios, taxistas, empleados de funerarias, etc. participaban de la entrega de bebés como un negocio que se llevaba a cabo tanto en hospitales públicos, como Santa Cristina, 0’Donnell, y otros del Estado español, desde Bilbao, Granada, Tenerife, Zaragoza, Málaga, etc., y clínicas privadas como San Ramón en Madrid y otras como la Cigüeña en Valencia.

Estos centros, surtían de bebés a la monja a cambio de que los futuros padres adoptivos pagasen una elevada cantidad de dineroy educaran a los hijos en determinados principios religiosos. La monja sor María Gómez Valbuena de la orden de las Hermanas de la Caridad, actuaba en connivencia también con otras monjas de esta misma orden que operaban de la misma manera en otras provincias e intercambiaban bebés desde un extremo a otro del Estado.

EL TRÁFICO DE NIÑOS ROBADOS

Goméz Valbuena era la más activa de la red de supuestas adopciones. Al mismo tiempo, prometía ayudar a las mujeres sin recursos y solteras embarazadas y las acogía en centros regidos por monjas, pisos y pensiones. En otros casos eran los padres de las jóvenes embarazadas las que conducían a sus hijas hasta la monja y daban su consentimiento, de espaldas a la embarazada, para que el niño fuera entregado a otra familia.

Cuando se acercaba la fecha del parto, sor María trataba de convencer a las jóvenes y si no conseguía su objetivo, las mujeres eran dormidas durante el parto y cuando despertaban les decían que el niño había muerto y que el hospital se encargaba de enterrarlo. Mientras, el bebé ya había sido entregado a otra familia, previo pago de importantes cantidades, como han denunciado madres e hijos que ahora buscan su identidad.

La monja era conocida en todo el Estado español e incluso en el extranjero donde fueron a parar muchos bebés . Ahora la Fiscalía ha imputado a la monja, cabecilla de esta trama de robo de bebés que incluso ya en los ’70 presumía de haber dado en adopción a cientos de niños.

https://ww.diagonalperiodico.net/La-Fiscalia-vuelve-a-denunciar-a.html