Susañe del Sil - Leon

Los cinco acusados serán juzgados el próximo 29 de junio por desoír los requerimientos del Procurador del Común y negar información sobre el uso de unos terrenos a una vecina
A.CUBILLASJueves, 22 junio 2017
El Ministerio Fiscal solicita la inhabilitación durante el periodo de tres años para los pedáneos de Palacios del Sil, Susañe del Sil, Valdeprado, Matalavilla y Cuevas del Sil al entender que han incurrido en un delito contra los derechos cívicos. Los cinco acusados serán juzgados el próximo 29 de junio a las 9.30 horas en el Juzgado de lo Penal nº1 de León.
Según el escrito de las calificaciones previas a las que ha tenido acceso este diario, los presidentes de las cinco Juntas Vecinales, miembros de la Mancomunidad de Montes de Palacios del Sil rechazaron la solicitud de una vecina que, a través de varios escritos, solicitó información del uso de unos terrenos.
Concretamente, la solicitante pidió una copia de un escrito presentado por otro vecino de la Mancomunidad que solicitaba la certificación de titularidad de unos terrenos en los que la vecina tenía una edificación así como la copia del acta de la reunión en la que se abordó el asunto.
La vecina sospechaba que en esa reunión se viera afectada por el cambio de titularidad. Sin embargo, los cinco pedáneos declinaron su requerimiento.
Actuación del Procurador del Común
Una negativa que empujó a la solicitante a presentar una queja ante el Procurador del Común que instó a los acusados a presentar de inmediato la documentación requerida. Petición que tampoco fue atendida, acordando no dar información alguna salvo vía judicial.
Una negativa que el Procurador del Común hizo constar en su informe anual antes las Cortes de Castilla y León. Una entidad, la Mancomunidad, que según remarcó, ya consta de forma reiterada entre las entidades no colaboradoras con la institución.
Una decisión que, según el Ministerio Fiscal, supone el incumplimiento de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local por “entorpecer la transparencia”. Por todo ello, entiende que los acusados son culpables de un delito contra los derechos civiles y solicita una pena de tres años de inhabilitación para el empleo o el cargo público.
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