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Riego de la Vega - Leon

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04-10-11 21:06 #8869139
Por:Dianakaz

¿Qué esconden los recortes sociales?
Es obvio que a medida que se recorten los servicios públicos de forma drástica empeorará su calidad. Un objetivo encubierto de este empeoramiento de lo público es la incorporación de aquellos que pueden pagarlo a los seguros sanitarios privados y a la escuela concertada, con los consiguientes beneficios para las empresas del sector. Cuanta más gente haya en los concertados y con seguros de sanidad privados, menos gente (y menos pudiente) se verá afectada por los recortes y más podrán seguir recortando; por no hablar de posibles voces que exijan no pagar lo que no usan.
En esta espiral, se generarán dos sistemas paralelos de educación y sanidad, lo que supondrá el fin de los sistemas públicos como los conocemos. Mecanismos de solidaridad colectiva para asegurar juntos nuestra salud y nuestra educación, la vida y la igualdad de oportunidades. Ya existe, de facto, una dualidad en educación. En los últimos años, animados por la política aguirrista de cesión y desgravación, los colegios concertados y privados han superado a los públicos en la ciudad de Madrid. Y en los públicos estudian los hijos de la gente con menor renta. También es la pública la que mayoritariamente ha acogido a los hijos de los inmigrantes. Hasta la ONU criticó esta guettización encubierta. La eliminación de profesorado para el nuevo curso sólo afecta a la escuela pública, mientras los concertados mantendrán sus plantillas y las familias que lleven a sus hijos a la privada podrán desgravar unos 90 millones de euros.
Decimos que ya existe un sistema dual que se profundizará con cada recorte. En respuesta a este modelo señalamos que:
-Los ciudadanos no hemos causado la crisis ni nos hemos enriquecido con ella. No se entiende que tengamos que pagarla a costa de nuestra salud y de nuestra educación. La crisis deben pagarla los que obtuvieron beneficios en la burbuja, bancos, fondos de inversión y constructoras: al menos sus beneficios actuales deberían ir íntegramente a las arcas públicas. Y valorar la expropiación de patrimonios acumulados durante ese periodo.
-Si queremos equilibrar las cuentas, también puede hacerse por el lado fiscal: eliminar las ventajas que se han otorgado a las rentas altas y financieras y perseguir el fraude fiscal. Y en esto Aguirre tiene competencias en el impuesto de sucesiones y en relación a los tramos autonómicos del IRPF.
-Si, a pesar de la injusticia social fragante que supone recortar el gasto existiendo otras fórmulas, se decide recortar, existen otras partidas menos imprescindibles para una sociedad que su salud y su educación. Por ejemplo en publicidad la Comunidad gastará 111 millones este año, cuando son 80 millones los que se ahorra con el recorte en reducción de profesorado. Sobre todo teniendo en cuenta que el porcentaje del PIB dedicado a sanidad y educación es de los más bajos del Estado.
-Si, con una ceguera sospechosa, se decide recortar en sanidad y educación, existen también otros capítulos menos importantes que el personal de los servicios. Deberían buscarse partidas ineficientes y poner en marcha mecanismos de mejora del gasto: por ejemplo, en sanidad, centrales de compra de maquinaria, evaluación de los medicamentos por coste-eficacia o centralización de unidades especializadas. Y dejar de hacer negociosos ruinosos para las arcas públicas, como la externalización de los análisis, habiendo personal hospitalario capacitado y con disponibilidad. Qué decir de la construcción de hospitales de gestión privada, por los que pagaremos los próximos treinta años más de lo que corresponde a una obra pública, y donde las camas cuestan a la Comunidad de Madrid hasta cuatro veces más que en los hospitales públicos. En educación el despilfarro de la Comunidad de Madrid se centra en la cesión de suelo a los concertados y las deducciones fiscales a los privados.
Podemos concluir que eliminar profesores interinos, y (posiblemente tras el 20-N) a los laborales sanitarios no es una decisión inteligente frente a las demás opciones existentes. No es una apuesta pertinente en relación a lo que ahorramos, ni conlleva un aumento de eficacia de los servicios. Y, desde luego, no es una decisión inteligente en cuanto a los costes económicos y sociales que suponen. Pero, ¿es que Esperanza Aguirre no lo sabe? ¿Son tontos Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty, consejeros de Educación y de Sanidad?
En el sistema dual, lo público queda para los que no pueden pagarse lo concertado/privado. Y lo peor de todo es que lo privado está subvencionado por la administración pública. Éste es el gran negocio. Debajo del supuesto ahorro, se encuentra una auténtica desviación de pacientes y alumnos a los seguros de salud y educación concertada y privada: empresas afines, Iglesia y multinacionales del sector, casualmente, sus aliados políticos y económicos. Aguirre les pone en bandeja la doble pinza: por un lado, externaliza lo público con beneficios garantizados para las empresas y , por otro lado, degrada lo público para fomentar un mercado privado que tendrá más beneficios cuanto peor esté lo que nos pertenece a todos. La trampa se cierra cuando, ante servicios públicos degradados, a falta de competencia y con aumento de demanda, las empresas empiecen a subir los precios de los seguros y la enseñanza. El sistema clasista generado empezará entonces a engullir a los más débiles de la clase media. ¿Será entonces demasiado tarde?


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