¿Qué parte de democracia no entienden? Xavier Caño Tamayo, ATTAC-ACORDEM Cuando Rodríguez Zapatero ganó las primeras elecciones generales, en el calor del triunfo ya comprobado, atendió a un grupo de jóvenes que le pedían eufóricos que no les fallara. Y Zapatero respondió: no os fallaré. Pero sí ha fallado. A todos. O, para ser más precisos, a la inmensa mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Y mucho. Y no nos vale que en el primer mandato hiciera cosas positivas. Que las hizo. Fueron actos de gobierno que enmendaban situaciones injustas que afectaban a derechos elementales. Muy bien, por supuesto. Pero desfacer entuertos de derechos esenciales, si dices ser socialista, ’se le supone’, como se decía del valor como cualidad castrense en las cartillas militares de los reclutas. Sin embargo, desde 2009 parece que ha desaparecido el doctor Jekyll y se ha quedado para los restos mister Hyde. En poco tiempo, gobierno y casi todo el Parlamento han deteriorado severamente el respeto de los derechos sociales y económicos que tan lenta e insuficientemente se edifica en este país. La última sorpresa desagradable ha sido proponer que se introduzca en la Constitución un límite del gasto público. Es el descabello que remata el estado de derechos sociales aún no levantado del todo; mal llamado estado de bienestar, por cierto. Si los problemas de la deuda pública han sugerido al presidente del gobierno tan inaceptable retroceso, no olvide que la deuda importante en el reino de España es privada, empezando por la de bancos y similares, no pública. Y sería de agradecer que no insultara nuestra inteligencia con la tabarra de los “mercados”, recuperar su confianza y toda esa vaina. Los “mercados” tienen nombre y apellidos, además de abultadísimas cuentas corrientes y patrimonios obscenos. Además de ser los responsables de esta sistemática situación de violación de derechos sociales y económicos de la ciudadanía a la que llaman crisis; cuando en realidad es una estafa y una apropiación indebida. Si aún estuviera vigente la legislación económica anterior al nefasto consenso de Washington (consagración del neoliberalismo), que supuso la orgía de la desregulación y el descontrol del poder financiero, muchos de esos “mercados” con nombre y apellidos estarían en la cárcel o huidos. ¿O acaso los paraísos fiscales (muy conocidos y utilizados por los “mercados”) son entidades benéficas o neutrales? Son centros de delincuencia, cuanto menos como encubridores o cómplices necesarios, que perpetran múltiples violaciones de derechos. Déjenme que recuerde que todos los derechos humanos tienen la misma importancia y e idéntica exigencia de ser respetados, tanto civiles y políticos como económicos y sociales. Porque es la irrevocable dignidad de las personas la que exige que todas las personas tengan derecho a vivir libres de pobreza, sin incertidumbre ni miedos. Pero vivir con dignidad es imposible si las personas no gozan de todos sus derechos sociales y económicos. Disponer de vivienda adecuada, de empleo o ingresos mínimos, de adecuada alimentación, de gratuita, correcta y pronta atención a la salud física y mental y de acceso a la educación son derechos irrenunciables. Pero ahora resulta que se puede reformar la Constitución en un visto y no visto que hará tambalear el disfrute de esos derechos, cuando todos estos años la Constitución ha sido intocable para mejorarla en aras de una democracia más real. Una reforma constitucional sin debate social ni parlamentario que merezca tal nombre y sin referendo ciudadano. De hecho solo un acuerdo entre los líderes de los partidos lamentablemente mayoritarios. Al servicio de la minoría de siempre, por supuesto. Esa minoría responsable de la crisis, la misma minoría que impide con sus presiones, argucias y actuaciones que se afronte como es debido. El drama actual para el reino de España es que si lo de ahora es malo, visto lo visto, y por tanto rechazable, lo que puede venir es aún peor. Rajoy y su criptofranquista Partido Popular pueden ser la más negra pesadilla para la ciudadanía, si la conciencia y la acción políticas de españolas y españoles no lo impiden. Una reforma de la Constitución, introduciendo la limitación del gasto público (para contentar a la señora Merkel y los intereses que representa) es una agresión en toda regla contra los derechos sociales y económicos de ciudadanas y ciudadanos. Por eso hay que recordar a los representantes políticos (representantes: no menos, pero tampoco más) que, en una democracia representativa que merezca tal nombre, el poder ha de estar sometido al control de la ciudadanía. Siempre, no solo cada cuatro años. Y que el voto emitido nunca es ni será una patente de corso para que los políticos profesionales hagan lo que les venga en gana. Hoy disponemos de las herramientas tecnológicas y de comunicación para que la participación ciudadana y el control frecuentes de los poderes del estado sean una hecho. Solo se precisa voluntad política. Y no me vengan con el pretexto de la “gobernabilidad”, tan frecuente en labios de políticos profesionales. En nombre de la “gobernabilidad” se han perpetrado inadmisibles recortes a la democracia y ataques a la libertad de los ciudadanos, porque el argumento de la “gobernabilidad” ha sido históricamente una antesala del autoritarismo. No se trata de “gobernabilidad” ni de recuperar la confianza de los “mercados” sino de cambiar de rumbo. De enfrentarse a los “mercados” (el estado puede hacerlo, sobre todo si la ciudadanía se compromete) y de hacer que la democracia sea real. Demos (pueblo) y cratos (gobierno). Democracia, gobierno del pueblo, no de una minoría profesional de la política que simula que representa al pueblo al servicio de otra minoría, la del dinero. ¿Qué parte del término democracia no entienden? |