Riego de la Vega - Leon

A Garzón, no se e va a juzgar por tratar de investigar los crímenes cometidos por el franquismo, si no por posible prevaricación. Hemos de dejar que la Justicia actúe. Aquí, no ha de librarse ni Dios de la Justicia de los hombres. Si unos ciudadanos, tienen certezas de que el juez ha cometido un delito, tienen todo el derecho a personarse contra esa persona. Si un tribunal, admite a trámite, y eleva a la sala esa causa, en Justicia, es porque tiene indicios suficientes para llevar al banquillo al ciudadano Baltasar Garzón. Y es en ese juicio, donde esos indicios, se han de tornar en pruebas concluyentes.

Mi opinión particular, sin saber mucho de leyes, es que Garzón, se quiso subir al púlpito una vez más. Le gusta salir en los papeles, y los destellos de los “flashes”. Quiso encausar a gentes que ya han muerto, y creo que eso, en Derecho, no es posible. Quiso asumir competencias que tal vez no le correspondiesen, si no que son propias de otros juzgados. Y ahí está el meollo de la cuestión. Por varias veces, creo recordar, que le advirtieron de que estaba en terrenos que no le correspondían, y desoyó esas advertencias. Ahora bien, ya solo resta esperar a que la Justicia se pronuncie.

Hoy en día, en los juzgados, quedan muy pocos, muy pocos jueces, que ejerciesen su labor durante el franquismo. Y es más, en este tema, siempre quiero pensar que un juez, siempre dictará sentencia sin pensar en su ideología. Quiero pensarlo, porque si no, apaga, y vámonos.

Pues yo estoy a punto de apagar la luz, es broooma Varonrojo. Que sí, que aplaudo tu escrito.

Otra cosa, ¿estás de acuerdo conmigo en que todos deberíamos proteger al Tribunal Supremo?. Es profundamente vergonzoso la presión que sobre el CGPJ y el Supremo se está desatando.

Con tu permiso , digo que la Justicia española (no sé si otras, a mí me importa esta) no es independiente gracias a los políticos que padecemos. Esto que pongo a continuación no es mío pero como si lo fuera.

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¿Quién nombra a los magistrados que componen el Tribunal Supremo?


La respuesta a esta pregunta la encontramos en el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho artículo establece que:


Será de la competencia del Pleno del Consejo General del Poder Judicial:


1. La propuesta de nombramiento por mayoría de tres quintos de sus miembros de:


a) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y el Vicepresidente de este último.


b) Los miembros del Tribunal Constitucional cuya designación le corresponde.


c) Los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, así como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.



Así pues, la facultad de nombrar a los magistrados que componen el Tribunal Supremo corresponde al Consejo General del Poder Judicial.


Lo cual, naturalmente, nos lleva a la siguiente pregunta.


¿Quién nombra a los miembros del Consejo General del Poder Judicial?


En primer lugar, aclaremos que el Pleno del Consejo se compone del presidente y 20 vocales. Al presidente lo eligen los miembros del Consejo, ¿pero quién nombra a los miembros del Consejo?


12 son jueces y magistrados, de los que el Congreso de los Diputados propone seis y el Senado otros seis, en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros.


Los otros 8 son abogados u otros juristas, de los que el Congreso elige a 4 y el Senado a otros 4.


Es decir, que en último término la composición de los tribunales son un reflejo de la composición política del Congreso y el Senado. Una misma mayoría parlamentaria controla el legislativo, el ejecutivo y el judicial.


La mayoría de tres quintos.


Aparentemente, la exigencia de una mayoría de 3/5 para los nombramientos mitigaría la réplica pura y dura de las mayorías políticas parlamentarias. Sin embargo, a lo que hemos asistido en los últimos tiempos es a un mercadeo político que primero produce una situación de bloqueo la cual acaba degenerando en un reparto puro y duro de cuotas. Si tu votas a estos 3 míos, yo voto estos 4 tuyos: así es como se aplica en la práctica la mayoría de 3/5. La situación es tan grave que, tras la renovación del último Consejo General del Poder Judicial, ni uno sólo de sus miembros es independiente. Los 20 pertenecen a algún tipo de asociación de jueces de clara adscripción ideológica. El hecho resulta especialmente escandaloso cuando la mitad de los jueces españoles no pertenece a ninguna asociación.


Una justicia independiente.
Todo lo cual nos lleva a la búsqueda de la solución, que no puede venir más que de la mano de un cambio en el sistema de elección de jueces y magistrados que garantice su imparcialidad e independencia. En este sentido, existen diversos sistemas para conseguir este objetivo. Por poner un ejemplo, el de que los miembros del Tribunal Constitucional, el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial sean elegidos exclusivamente por los propios jueces. Todo ello partiendo de la base de un cuerpo de jueces al que se acceda exclusivamente por oposición. En cualquier caso, sea cual sea la mejor fórmula, el debate sobre cómo mejorar la independencia del poder judicial es tan apasionante como necesario. Eso siempre que no queramos saber cuál va ser el fallo de una sentencia a través de un video previo del gobierno