Riego de la Vega - Leon

Mientras que el reino de España continúa bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista, la arremetida en los últimos días contra Catalunya, es total. La Guerra judicial, mediática y gubernamental se han desatado en la Nación catalana desde el poder central madrileño.

Mientras que el reino de España continúa bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista y la Fiscalía pide un año y ocho meses de inhabilitación (y una multa de 30.000 euros) al presidente Torra por el asunto de los lazos amarillos, al tiempo, que continúa la trifulca de poscovergents y republicanos por el control de la Diputación de Barcelona; que la Guardia Civil entrara en Palau para buscar información sobre el Primero de Octubre y el ANC organiza manifestaciones de protesta ante las sedes centrales del PDECat y de ERC, la arremetida en los últimos días contra Catalunya, es total.

De fondo, la fecha del juicio del mayor Trapero en la Audiencia Nacional y las palabras de la consejera portavoz, Meritxell Budó, que califica de "granítico" el estado del ejecutivo catalán. Se puede pedir más? Pues, hay más.

La lógica del Estado español es profundizar la punición del independentismo para demostrar que tener el monopolio de la fuerza es mucho más que golpes de porra. Y en este punto se entrecruzan con las lógicas del poder judicial y el mediático, que actúan en consecuencia. Monolíticamente. Íntimamente entramados, apuntan sus miras en una sola dirección obviando el resto de una realidad, que profundiza el desequilibrio en un reino en clara decadencia.

¿Cómo se sustenta todo esto? En tres pilares. Primero: la represión judicial cohesiona, y mucho, claro. Segundo: el Ejecutivo oficia como pié de sujeción. Como amalgama del tridente. Desde la era del corrupto Rajoy, y ahora, con el giro a la derecha hecho visibile por Pedro Sánchez. Tercero: la construcción de subjetivida y control social desde los medios hegemónicos de comunicación. Y que junto a los dos pilares anteriores, cobra una fuerza inusitada en la opinión pública, moldeándola.

Es por demás de evidente que desde el 1-O a la fecha la Guerra judicial, la Guerra mediática y la gubernamental, se han desatado en la Nación catalana, desde el poder central madrileño, sobre el independentismo. Sobre la autodeterminación de los pueblos y las libertades.
Guerra jurídica
En una nota publicada por nuestro medio alternativo Redcom, Lawfare y golpes de Estado: sobrevuelan el reino de España , ahondábamos sobre cómo la Justicia española está cooptada por el poder real. Pero sobre todo, cómo tintes de corte totalitario y fascistas perviven aún a través de distintas sentencias del Tribunal Supremo -para ser más exactos-. Pero además, y queremos hacer especial himcapié, sobre la persecución política e ideológica, criminalización, procesamiento y encarcelamiento preventivo de los políticos catalanes acusados de "rebelión" o de atentar contra la unidad de la patria.

La embestida judicial contra los Presos Políticos catalanes, el independentismo en general o, el ataque elíptico a la República, son ejemplos no aislados de una nueva táctica de guerra no convencional que se conoce como Lawfare. Están imbrincados, y forman parte de la estrategia de la guerra jurídica.

Es decir, el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de prensa para presionar a los acusados y su entorno (incluidos familiares cercanos), de forma tal que éstos sean más vulnerables a las acusaciones sin prueba. El objetivo: logar que pierdan apoyo popular para que no dispongan de capacidad de reacción.

En un apartado de la misma nota, " Guerra jurídica o Lawfare ", subrrayábamos que el Poder Judicial en el reino de España se ha convertido en un "potente espacio desde donde se despliegan, casi sin límites, estrategias de desestabilización y persecución política, hasta colocarse muy lejos del principio republicano del equilibrio de poderes". Catalunya, en su intento independentista a través del voto popular de las mayorias, la activación del 155, el llamado del Ejecutivo a nuevas elecciones, las persecuciones y, la criminalización y estigmatización de los hoy presos políticos y exiliados, son un claro ejemplo en lo que se ha convertido esta justicia cooptada.
Hegemónicos: Subjetividad y control social
Volvamos un poco a los tres pilares mencionados. Allí nos preguntábamos cómo se sustenta. Ahora demos un paso más y, hablemos sobre cómo se coordinan estos pilares.

Hay una coincidencia de objetivos entre los tres actores, es decir el poder político y económico, los jueces y los medios, una sintonía perfecta. Si bien, cada actor tiene sus propios objetivos aparentes, pero pudiendo converger de manera más o menos permanente en cuestiones como la que venimos describiendo, también pueden mostrar ciertas contradicciones también aparentes, o puntos ciegos, resultados inesperados de cara a la galería.

El tema central no es la superficie que dejan vislumbrar, sino el río subterráneo que subyacente a la sociedad mediatizada.

En este sentido, los medios de comunicación son parte inescindibles de este sistema neoliberal que han colaborado a instaurar. El comportamiento salvaje de los medios concentrados atrapa y encarcela al ciudadano, pero también caen prisioneros jueces, fiscales y políticos, que continuamente son extorsionados bajo la amenaza de ser denigrados en las tapas de los diarios si se apartan del camino que dictamina el poder financiero/económico. Como viene sucediendo en Brasil y Argentina en los casos de Lava Jato y la causa llamada de "los cuadernos" o la "Ruta del dinero K" donde la persecusión política e ideológica, con el empeachment a Dilma, la cárcel a Lula o la persecución a Cristina y al PT, son moneda corriente. Y en este caso actúan como mecanismo de presión conjuntamente con el poder Judicial y el Ejecutivo.

Salirse del camino, apartarse de las reglas, significa exponerse a un castigo, primero será expuesto en las noticias y a continuación un fiscal obediente lo llevará a los tribunales hasta obtener la rendición o la humillación del o los rebelde/s. Como a partir del 1-O ha ocurrido en Catalunya. Primero con la estigmatización y persecución del independentismo (como espítitu intrínseco de un pueblo), luego con la brutal represión, seguido de la imposición del 155 por Mariano Rajoy, para así llamar a nuevas elecciónes. Y como colofón, la persecusión y detención de los hoy presos políticos, y el exilio de otros.

En España, los mega grupos Mediaset y Atresmedia conforman un duopolio que concentra más del 55% de la audiencia y más de un 90% de la torta publicitaria.

En lo que respecta al mercado gráfico también se percibe un alto grado de concentración en unos pocos conglomerados. Entre ellos, el grupo Planeta (la mayor editorial en español del mundo), Vocento que tiene 14 diarios y el grupo PRISA, que publica, entre otros, a El País (que más abajo lo utilizaremos como ejemplo), un diario sobre el que en los últimos tiempos se acumulan también denuncias sobre un polémico "estilo" en el "manejo" informativo.

Estos medios de comunicación actúan de esa forma porque su objetivo es obtener la obediencia, fomentar el individualismo y establecer un pensamiento homogéneo en torno a la cultura impuesta por las élites. Manipulando la realidad de manera descarada, fomentan así el odio, instalan prejuicios y hacen uso de la mentira de forma sistemática. Coadyuvando el trabajo -en paralelo- del poder judicial, en consonancia con el ejecutivo.

Este "cuarto poder" -concepto generado hace dos siglos- se ha transfomado en "el poder". Los Conglomerados hegemónicos forman parte del poder que instala o quita gobiernos, adquiriendo un poder, muchas veces, superiores al de los gobiernos democráticos, si antes luchaban por la "libertad de prensa" hoy esas corporaciones son un obstáculo para ello. Y hoy, la libertad de empresa pasa a ser una constante.

Otra de las herramienta a la que recurren habitualmente las corporaciones es a generar miedo y llenar de prejuicios a la gente, pero esta manipulación no es inocente, con estas expresiones lo que buscan es justificar la represión estatal y la aplicación de políticas de contra militantes sociales, contra una ideología contraria, sesgando así la libre expresión popular.

La televisión se ha convertido especialmente en un emisor constante de mensajes agresivos y generadores de angustia, los cuales son impulsados por conductores con una clara ideología fascistizante. “Los medios de comunicación instalan y fomentan el mal, el odio, la grieta entre campos que devienen en enemigos, para luego escandalizarse y reclamar mayores castigos sobre el terreno por ellos sembrado y cultivado día a día”.

En este contexto de construcción de subjetividad y de control social invisibilizado, ésta última semana se ha intensificado el bombardeo mediático conta el independentismo. Contra Catalunya. Las corporaciones mediáticas han salido al ruedo a terminar la faena iniciada hace dos años.

En concreto, este lunes los Conglomerados mediáticos, a través sus medios hegemónicos, dieron el cierre a una semana de intensa actividad. En su trabajo por desinformar, periódicos como El País salieron desde sus cabeceras digitales y de papel a instalar la "gravedad" de las "conductas" de los líderes independentistas y sobre el "papel relevante" de Junqueras. Titulares com el "Tribunal Constitucional y el Supremo, a través de dos sentencias y dos autos redactados 'después del juicio' al procés, coinciden en la gravedad de las conductas protagonizadas por los líderes independentistas durante el otoño de 2017. En nota interior amplían que uno de los dos autos del Supremo, firmado nada menos que por Manuel Marchena y los otros seis magistrados, destaca que "Oriol Junqueras tuvo un papel relevante" en el “proceso secesionista” y destaca la importancia de la “ley de transitoriedad jurídica” en el intento de "ruptura con el Estado español".

Esto que mencionamos como cierre a una semana intensa de bombardeos mediáticos, había comenzado la semana pasada luego de un interregno desde la finalización del juicio.

En una veloz y vertiginosa superposición des-informativa y manipulatoria, donde una nota se vuelve anacrónica a los pocos minutos por el solapamiento con otras, rescatamos algúnas de ellas en esta estratégia tripartita de deslegitimación y judicialización mediática de la política.

En este sentido, un tema recurrente en los medios concentrados ha sido el de "rebelión". Este concepto ha sido absolutamente desnaturalizado con premeditación y alevosía por el Tribunal Supremo en el llamado "juicio al pròces" con la ayuda abnegada de las corporaciines. Pero, en el caso que nos ocupa, medios como La Vanguardia lo instalaron nuevamente para referirse a: "El juicio contra Trapero por 'rebelión' comenzará el 20 de enero de 2020".

Para que los medios concentrados puedan cosechar necesitan un campo propicio y eso indica que hay parte de la población "cómplice" de ese accionar manipulatorio de la prensa canalla. Los medios van conformando un receptor que lo único que pretende es que le reafirmen su fanatismo sin importarle en lo más mínimo el grado de verdad de la noticia. "La unidad de España" está en peligro, viene siendo el mensaje subliminal que contienen muchos, pero otros lo dicen abiertamente. En definitiva, ese público se va acostumbrando a consumir lo que en el lenguaje mediático llamamos "pescado podrido", y lo tiene sin cuidado si la noticia que consumió con avidez, al día siguiente, es desmentida.

Al reafirmar ese fanatismo, consustancial al odio sembrado en las dos Españas desde los medios, notas como la publicada por El País: "El Supremo multa a Puigdemont con 3.000 euros por 'mala fe procesal'", continúan el camino que alimenta aún más la grieta. Los concentrados ya se han encargado de escarnar al Presidente catalán. La "rebelión" y la "mala fe" son muletillas instaladas, aceptadas, y operan en consecuencia.

Quizás la comparación que haremos sobre la relacion que se establece entre consumidores mediaticos y los hegemónicos, no sea muy feliz. Pero, digamos igualmente que se establece algún grado de similitud entre el consumidor de medios hegemónicos con la conducta de quien se somete al accionar del golpeador, en la cual su enamoramiento ciego le hace aceptar ese comportamiento y él mismo se coloca una venda que le impide conocer la realidad. Uno de los rasgos más salientes de la cultura del consumo es precisamente el adormecimiento -valga la redundancia- consumista y despolitizado.

Con el juicio al pròces finalizado y a la espera de las sentencias que emitirá el Tribunal Supremo, los hegemónicos bombardearon con que "La Guardia Civil entra en el Palacio de la Generalitat para buscar información sobre el 1-O". Hacemos hincapié en esta noticia porque además de formar parte de esta nueva arremetida de la última semana, contribuye a alimentar a ese consumista despolitizado. Ya que, o bien la justicia no ha investigado en profundidad lo inherente al 1-O a dias de la sentencia, lo que significaría una nulidad procedimental. O bien, ha sido un montaje de la justicia para marcar territorio con la guardia civil y la cobertura mediática de un allanamiento, a toro pasado, inútil. Tan sólo, para seguir engordando el odio.

Otra de las noticias viralizadas desde las Agencias concentradas, por demás de sugestivas, ha sido que "El fiscal pide inhabilitar a Torra 'un año y ocho meses' por los lazos amarillos". Sugerentes, tanto la nota en sí, cono el simbolismo al cual se combate desde uno de los tres pilares del Lawfare, la justicia decimonónica de España.

El independentismo catalán ha adoptado el lazo de este color como símbolo de las protestas por el injusto y arbitrario encarcelamiento de sus líderes, que pasan a engrosar la lista de presos políticos en el reino. Pero, además y por oposición, los opositores a la independencia rechaza dicho simbolismo. La consecuencia ha sido, y continúa siendo, una feroz disputa en las calles por colocar y sabotear lazos. Lxs independentistas ironizan con que los opositires radicales acabarán por prohibir la difusión del color. A tal grado llegan los extremistas que no faltan aquellos que le han cogido manía y evitan vestirlo. Hoy, gracias al colaboraciinismo mediático, el color amarillo resulta ser caca.

Si tiramos de hemeroteca, o simplemente gugleamos, los despolitizados quizás podrán apreciar que los lazos amarillos no son un invento catalán. Muchas organizaciones y Estados lo utilizan positivamente en distintas luchas y no son perseguidos, ni estigmatizados o multados, como si ocurre en Catalunya desde los estrados judiciales. Y en esta línea se encuentra la fiscalía, que intenta inhabilitar a Torra por los lazos amarillos. Muy simbólico, también.

Para finalizar con esta arremetida desde los concentrados españoles y que ha trascendido las fronteras, lo que nos ha llamado poderosamente la atención en este caso ha sido la publicación de Europa Press, quien se ha encargado de distribuir entre las distintas Agencias corporativas. Y es la crítica que realiza Jordi Cuixart a las "discrepancias entre JxCat y ERC".

Haciéndose eco de una entrevista en RAC1 desde la prisión de Lledoners, Europa Press publica en su página digital que Cuixart se ha referido a la "situación de crisis" que ha desatado entre los partidos independentistas tras los pactos municipales y, sobre todo, el de la diputación de Barcelona. Sin incorporar a la nota el audio correspondiente a la entrevista realizada por RAC1, añade que el presidente de Òmnium Cultural les ha achacado “una falta de sentido de Estado total”, advirtiéndoles que su comportamiento les podría hacer perder la Generalitat. Si bien es una crítica por parte del presidente de la organizacion, el contexto y el momento en el cual se publica, es claramente intencionado.

En este sentido, los medios en su prédica disolvente van conformando un público a su imagen y semejanza, que aplaude los despidos, alienta la represión, obvia los intencionalismos y muestra algarabía cuando se detiene a los opositores. Es que el receptor sugestionado no es sólo una víctima pasiva sino que tiene responsabilidad en la obediencia, la sugestión, la renuncia a pensar y en convertirse en la pieza de un engranaje, lo que lo mantiene en una zona segura de confort.

Rebelión: el hilo conductor
Aceptada sin más por los gobiernos de turno (Rajoy y Sánchez), autoimpuesta desde las corporaciones mediáticas y legitimada desde el Tribunal Supremo, en Catalunya hubo una "rebelión".

El periódico concentrado El Mundo, el 5 de junio instala en una amplia nota que no hace falta leer La rebelión de los catalanes del gran John H. Elliott, maestro de la inteligente Cayetana Álvarez de Toledo, para concluir que "los sucesos desarrollados en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña constituyen, en sentido sociológico, una rebelión.

Haciendo a un costado ese "sentido sociológico", posicionémonos en el estricto sentido jurídico penal. Juristas de las Cortes, no han dudado en señalar que tal calificación resulta insostenible, pues sería un disparate pensar que pueda tener lugar un rebelión sin armas.

No cabe pronunciarse sin tener en cuenta los términos del artículo 472 del Código Penal cuando señala: "Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: "1.º Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución [...] 5.º Declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La conclusión es inequívoca. Para que exista rebelión es necesaria una amenaza real para el bien jurídico protegido, que no es otro que la Constitución, es decir, un alzamiento público, violento y armado. Cualquier otra interpretación que nos lleve a la rebelión sin armas sería extensiva y además conculcaría los principios interpretativos y de aplicación del derecho penal.

En este sentido, el Capítulo que regula la rebelión termina con un artículo que, sin tener contenido penal, refuerza incontestablemente la necesidad del uso de armas, al imponer a la autoridad gubernativa la obligación de conminar a los rebeldes a deponer su actitud, añadiendo que este requerimiento no es necesario si los rebeldes abren fuego.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha, Nicolás García Rivas, reconoce que la expresión “violencia” es “elástica” y en ella caben diferentes actitudes, pero “ni siquiera con esa elasticidad se puede considerar delito de rebelión” a los actos que han acompañado a la declaración de independencia de Cataluña. Sostiene que este tipo penal guarda una relación “histórica, dialéctica y lógica” con el estado de sitio. Según su criterio, para que una insurrección revista la gravedad de la rebelión tiene que ser “un acto de fuerza contra la integridad territorial o el orden constitucional que no puede resolverse con otros medios” que no sean el recurso a las Fuerzas Armadas.

¿Hubo violencia? Sí. Las fuerzas de seguridad del Estado español desplegadas en Catalunya fueron con una única consigna: reprimir violentamente. Por parte de los ciudadanos, que ejercían su derecho al voto, tuvo lugar la resistencia activa. Los violentos han sido los que decían venir a "defender a la Constitución", latiguillo diseminado por Rajoy y por sus voceros oficialistas: los medios de comunicación.

Todos los intentos hechos por el juez instructor del Tribunal Supremo, al amparo de una Orden Europea de Detención y Entrega, para que le entreguen a los políticos residentes en países que se acogen al marco de aplicación de la Orden, han chocado con la resolución del tribunal alemán de Schleswig-Holstein o con la oposición u objeciones formuladas por las autoridades judiciales belgas. Un alto representante del Gobierno Federal Suizo ha manifestado que los actos que tuvieron lugar en Cataluña, desarrollados por el Gobierno y el Parlamento, son delitos políticos por lo que, según su legislación, no acceden a la extradición. En el caso de Escocia, la Corte del Sheriff de Edimburgo ha demostrado, con su pasividad, que no tiene ningún interés en resolver la petición del juez español.

Al margen de la posición que se mantenga sobre las posibilidades de la independencia de Catalunya, un Gobierno y la presidenta de un Parlamento no pueden cometer un delito de rebelión o de alta traición por el hecho de haber tomado decisiones que se enmarcan en las antípodas de un delito insurreccional.

Al margen de nuestras consideraciones al respecto, lo cierto es que hoy se abate sobre la Nacion catalana una guerra descomunal, no inscripta en los códigos procesal y penal. Las guerras no convencionales no están tipificadas. Mientras tanto, en el reino de España, consideramos la existencia de una posición subjetiva, en la que las personas se conducen como si fueran un rebaño, pues transfieren a otro la dirección de su propia vida, sin hacerse responsables de sus actos por cobardía e impotencia. En donde los medios disolvente continúan conformando su público a imagen y semejanza, y el ejecutivo a través de una justicia cooptada se encargan de barrer bajo la alfombra a los que piensan y sienten diferente a la "norma" establecida. Judicializando la política.