Riego de la Vega - Leon

La segunda quincena del mes de abril de 2017 pasará a la historia. La publicación de las conversaciones de las escuchas obtenidas por orden judicial en el marco de la operación Lezo revelan hechos mucho más graves que los investigados.
Esas grabaciones evidencian la implicación de altos cargos de la cúpula del Partido Popular y del gobierno (el ministro de justicia, ni más ni menos) en una vulneración descarada y totalmente antidemocrática de la separación de los poderes del estado.
Recientemente se ha sabido que Rafael Catalá, el ministro de justicia, mandó un SMS a Ignacio González: “Ojalá se cierren pronto los líos”. La justificación inmediata de Catalá fue decir que con "líos" no se referían a nada judicial. Sin embargo, la reacción a ese SMS estaba siendo grabada por orden judicial, dejando en evidencia la versión oficial y demostrando que el ministro miente. Pocos días después González dijo a Cerezo: "A mí me puso el otro día un mensaje encantador, a ver si terminamos con los líos y tal… Bueno, vale macho, pues lo que quieras". La reacción de Cerezo ante la noticia de colaboración del ministro es muy esclarecedora: "Yo, que le veo ahora con frecuencia por el tema del estadio... siempre se lo digo y siempre, pero es que no se lo tengo que decir, que siempre lo recuerda él". En esa misma conversación se pone en evidencia la colaboración del ministro de justicia en la vulneración de la separación de poderes cuando González dice a Cerezo: "Me encontré el otro día con, con Rafa (Rafael Catalá). Y me dijo lo mismo, que lo estaban mirando, macho".
Debemos recordar, que este presunto delincuente, que ha cometido innumerables delitos y está en prisión incondicional sin fianza, a espera de juicio, está hablando del ministro de justicia, que claramente estaba maniobrando para proteger a esta panda de delincuentes y a su partido, el partido popular, en detrimento de la credibilidad en las instituciones, el interés general y la justicia. Además, las grabaciones son la prueba de su buena relación con el ministro, todavía más clara en otro momento de la conversación, cuando hablan de las acusaciones populares, a las que Cerezo, por error, se refiere como particulares: "¿Te acuerdas qué dije yo, lo de las acusaciones particulares? Le dije, ¡no tenéis bemoles a quitar y tal... lo van a quitar!", y que Rafael Catalá ha dicho recientemente en rueda de prensa que deben ser suprimidas, evidenciando el control total del poder judicial e incluso del legislativo. Tengamos en cuenta que ello supondría la supresión del derecho de cualquier ciudadan@ de a pie u organización popular a presentarse como acusación en causa alguna, y supone una vulneración flagrante de derechos.
A pesar de que los hechos que evidencian estás conversaciones son ya excesivamente graves y profundamente antidemocráticos, posteriormente se hicieron públicas más conversaciones telefónicas. Enrique Arnaldo Alcubilla, ex-vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y expresidente del Tribunal Administrativo del Deporte, es un hombre muy cercano al PP y también interlocutor habitual de Ignacio González en los meses previos a la operación Lezo, por lo que también ha sido grabado en las escuchas. Días antes del nombramiento de José Manuel Maza como fiscal general, Arnaldo Alcubilla le decía a González que había "movimientos de cambios en la Fiscalía General", que se ponían "en marcha las piezas" y que sabía que era "voluntad del ministro (de justicia, Rafael Catalá) cambiar la pieza principal". Ante estas palabras, Ignacio González respondía: "Jobar, estás ahí moviéndote como corresponde".
El 11 de noviembre, Maza consigue el puesto de Fiscal General y ambos se muestran entusiasmados en las conversaciones grabadas. Arnaldo Alcubilla le dice a González que no se equivocaba. Entonces, González afirmaba: "Estamos contentos, ¿o no?" y Alcubilla le respondía: "Estamos muy contentos, sí [...] cuando nos veamos te contaré cómo se actuó en otra etapa anterior que es la que hay que seguir", sugiriendo que en etapas anteriores el Partido Popular ya había usado estás prácticas antidemocráticas e inaceptables.
En esas mismas conversaciones, González dice que no le vale con el fiscal general y pregunta qué pasa con las Fiscalías Anticorrupción y la de la Audiencia Nacional. A eso, Alcubilla contestaba: "Hay que mover la pieza principal y luego las dos que van al lado, la Fiscalía de la Nacional y la Fiscalía Anticorrupción", evidenciando la puesta en marcha, por parte del ministro de justicia y la fiscalía general del estado, de la operación para remplazar a la fiscal jefe de anticorrupción en ese momento, por el fiscal Moix, actualmente en el cargo y que ha tratado de frenar por todos los medios las investigaciones, registros y las acusaciones más graves contra la corrupción del Partido Popular. Una operación que, según sus palabras, ya está preparada y es conocida por el ministro de Justicia. Alcubilla decía: "Esa operación, que yo sepa, está preparada; ahora es una garantía que siga Rafael (Catalá, el ministro de justicia) porque ya se lo conoce".
Estamos, sin duda, ante los hechos publicados más graves de nuestra historia reciente. Un atentado contra la democracia, contra el estado de derecho y contra todo lo que cualquier demócrata debe defender sin miramientos.
España debe avanzar hacia una democracia real, donde realmente exista separación de poderes y en la que los partidos políticos y los poderes fácticos tengan que responder por sus delitos como cualquier otr@ ciudadan@ o persona jurídica. Un país en el que podamos confiar en las instituciones, en el que el que los poderes del estado luchen de forma independiente para mejorar las leyes y para que estas se cumplan, investigando y castigando de forma justa a los que están poniendo en riesgo la estabilidad del estado con estas prácticas mafiosas y antidemocráticas.
Por ello demandamos que el Consejo General de Poder Judicial cumpla de una vez su función y vele por la separación de poderes, actuando con todas las de la ley ante esta vulneración flagrante de esa separación de la que tanto presumen y que se ha demostrado inexistente cuando hablamos de juzgar a políticos.
Pedimos la disolución judicial del Partido Popular conforme al artículo 10 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, llamada Ley de Partidos. Rogamos la consideración y la actuación de oficio de la justicia española debido a que la asociación ilícita llamada partido popular cumple objetivamente todos los requisitos para su inmediata suspensión judicial.
Pasamos a explicar los motivos de tal afirmación. El artículo 10 de dicha ley, en su segundo punto expone:
2. La disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente en los casos siguientes:
a) Cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal.
b) Cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos.
c) Cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.
Por una parte, pedimos la suspensión judicial del Partido Popular por las reiteradas evidencias probadas (dicho por varios jueces en distintas causas) de que su estructura se corresponde con la de una banda criminal organizada para delinquir, blanquear dinero obtenido de comisiones y otras actividades ilegales y malversar dinero público para beneficiar a la propia organización, entre otras fechorías. Estos hechos probados y algunos no probados por destrucción de pruebas y opacidad gubernamental, pero de sobra conocidos, están obviamente contemplados en los apartados a) y b) del punto 2 del artículo 10 de la ley de partidos, expuestos con anterioridad, como casos en los que el órgano jurisdiccional competente debería disolver judicialmente el partido político.
Por otra parte, nos gustaría saber su opinión sobre el hecho probado, mediante escuchas obtenidas por orden judicial, en las que, meses antes del cambio del fiscal jefe anticorrupción, un alto cargo del PP y un delincuente, hoy en prisión, hablen de colocar a un determinado fiscal, el fiscal Moix, para "facilitar las cosas". ¿Creen que la gente puede creerse que Rafa Catalá, el ministro de Justicia, colocó posteriormente a dicho fiscal al frente de la fiscalía anticorrupción por casualidad? ¿Qué opinión les merece el hecho de que ese fiscal intentase impedir registros e impusiese la retirada de la acusación de pertenencia a banda criminal? ¿Creen que tiene esto algo que ver con las consecuencias legales y letales que dicha acusación podría traer para la organización en cuestión, el Partido Popular? La verdad es que su opinión personal debería ser irrelevante. Las escuchas de la operación Lezo y el posterior nombramiento del fiscal Moix revelan que el Partido Popular, a través de su control del gobierno y las instituciones en los últimos años, ha utilizado la justicia, vulnerando la necesaria separación de poderes y cambiando jueces y fiscales incómodos a su antojo. Este hecho se encuadra dentro del caso explicado en el apartado c) del punto 2 del artículo 10 de la Ley de Partidos, anteriormente expuesto, ya que se corresponde con una vulneración planeada y continuada de un principio democrático básico como es la separación de poderes. Por tanto, es un insulto a la democracia y a la justicia que el órgano jurisdiccional competente no haya decidido de forma inmediata la disolución judicial del partido político en cuestión, el Partido Popular.
Saben tan bien como el resto de l@s español@s que éstas son las prácticas habituales de dicha organización, como ha confirmado en una entrevista el ex-fiscal jefe de anticorrupción, ya jubilado. Humildemente pensamos que la destrucción de pruebas en la trama Gürtel ya debería haber conducido a la suspensión del Partido Popular. Es una anormalidad democrática que los tres robos consecutivos en la casa del fiscal anticorrupción de Murcia, en los que sólo se ha robado documentación de la investigación del Partido Popular, no hayan despertado ninguna acción en sus despachos, cuando se corresponde con otra vulneración flagrante de la separación de poderes. En Galicia el PP desvía fondos de las ayudas Europeas en su propio beneficio. Podríamos seguir indefinidamente nombrando los casos de Valencia, de Murcia, etc.
Por todo ello, humildemente les pedimos que consideren seriamente la disolución judicial del Partido Popular, y las acciones pertinentes para castigar la intromisión continua del poder ejecutivo en el poder judicial. Dejen ya de tratar esto como un conjunto de casos aislados, tiren de la manta y, caiga quien caiga, juzguen al Partido Popular como lo que es, antes de que se lo lleven todo.
Esta petición será entregada a:
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)