Riego de la Vega - Leon

Se ha convertido en el goteo diario de noticias escandalosas y ya todas sin excepción procedente del Partido Popular y su estructura mafiosa que funciona en base a una estructura que solo está diseñada para obtener beneficios ilícitos a costa de los españoles.

Todo funciona como una Omertà o ley del silencio que es el código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas. Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de mafia donde un testimonio o una de las personas incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables. En la cultura de la Mafia, romper el juramento de omertàes punible con la muerte política del implicado.

Mis desayunos en el bar del barrio en pleno centro de Madrid se han convertido en una escandalosa retahíla de personajes dirigentes del PP, en sus andadas por el saqueo del estado en estas décadas de mayorías aplastantes de las que han disfrutado en las corporaciones locales y autonómicas. Es una experiencia personal, pero probablemente se le puede aplicar un coeficiente de generalización. Habitualmente el desayuno era un momento relativamente plácido. Mientras se hacían las tostadas y el café, se dejaba correr la imaginación sobre las tareas del día, los proyectos, las dificultades. Eran minutos en que uno se armaba de valor para afrontarlos. Esto ha cambiado. Ahora desayunamos sometidos a un bombardeo de noticias sobre corrupción que desconciertan, indignan e, incluso, inclinan a volver a la cama. Es un fenómeno que puede enfocarse desde diferentes perspectivas, desde la política, desde la ética, desde la sociología…, trataremos aquí de abordarlo desde la óptica de sus consecuencias económicas.

Parece obvio que cuando un empresario paga subrepticiamente para conseguir un contrato con el Estado es porque espera obtener unos ingresos adicionales, lo que supone el incremento del coste del proyecto. Además, las percepciones que recibe, bien el partido popular, bien personalmente el responsable de la Administración, les hacen proclives a gastar en proyectos sin un análisis cuidadoso de su rentabilidad.

Los proyectos sufragados con dinero público requieren un estudio de rentabilidad más complejo que los que dependen de la iniciativa privada, ya que al retorno directo a las arcas de las administraciones se debe añadir su rentabilidad social. La construcción de un aeropuerto, por ejemplo, ofrece los ingresos directos de su utilización pero, si estos no son suficientes para justificar el gasto, es legítimo añadirles los que se derivan de la promoción del área geográfica en que se sitúa, turismo por ejemplo. Sin embargo, este último apartado puede ser bastante ambiguo y, por tanto, sometido al criterio de la gente que toma la decisión. Si este criterio viene condicionado por la corrupción, podemos encontrarnos con que la rentabilidad total es, en la práctica, inferior a la que resulta de los análisis previos. La corrupción aporta ineficiencia a la utilización del gasto público.

La evidencia apunta al sector de la construcción como origen tradicional de un porcentaje muy elevado de los fondos empleados en corromper. Tiene su lógica. Las decisiones administrativas sobre recalificaciones, permisos, etc., en este sector, añaden de forma inmediata un valor muy elevado, con la ventaja de que no implican gasto público. Es fácil condicionar estas decisiones a recompensas que el empresario correspondiente está dispuesto a entregar al PP, ya que el neto le es claramente favorable.

En términos teóricos, y dado que el comportamiento humano es bastante sensible a los incentivos, se puede deducir que la corrupción es uno de los factores que han colaborado al sobredimensionamiento de la actividad constructora en nuestro país, en detrimento de otras actividades. Por eso con el PP, solo las grandes obras aunque fuesen ineficaces, explotaban por todas partes.

Uno de estos recursos de especial relevancia es el crédito. La expectativa de rentabilidad, en ausencia de una regulación adecuada, aboca a incrementar de forma desmesurada el peso del “ladrillo” en los balances del sistema financiero. Es un incremento en sí arriesgado. Si, además, el sistema financiero capta gran cantidad de fondos en los mercados internacionales, a bajos tipos pero con plazos muy reducidos, entre 1 y 3 años, y los presta con ganancia pero a un plazo mucho mas largo, entre 20 y 35 años, ya que se trata esencialmente de crédito hipotecario, la solvencia del sistema financiero puede verse gravemente afectada.

El Estado tiene legitimidad para privatizar empresas públicas, pero cuando se trata de empresas que muestran elevados índices de rentabilidad, posiciones estratégicas de largo alcance para la economía o cuando afectan a servicios sociales, sanidad, educación… es necesario ser muy precisos en sus valoraciones y consecuencias económicas y sociales. Las privatizaciones pueden generar centros de poder económico fieles a quienes deciden privatizar, convirtiéndose en un incentivo de naturaleza corrupta que puede mermar los ingresos públicos y el estado de bienestar.

La eficacia del sistema recaudatorio se asienta sobre un conjunto de condiciones: legislación fiscal adecuada, información precisa, coerción disuasoria… y, también, conciencia social que logre que los ciudadanos acepten como un deber contribuir al esfuerzo común. Hay tipos de corrupción que inciden muy negativamente en esta última. El espectáculo de gobernantes que reciben dinero no declarado, “en negro”, es una fábrica de desaliento. Quienes nos exigen impuestos cada vez más elevados se eximen a si mismos de pagarlos. ¿Es que somos los menos listos de la clase? Es una fuente de argumentos que auto-justifican la evasión de impuestos y que quiebran su aceptación por los ciudadanos.

La imagen de España reflejada por los medios de comunicación de muchos países, da mucha pena. A España y a su Presidente se les conoce por los sobresueldos y las noticias de un miembro de la Casa real y un Gobierno involucrados en la corrupción impacta en la línea de flotación de nuestra imagen y justifica cualquier exceso. Portadas y editoriales contundentes de periódicos como el Financial Times, el Washington Post o The Economist, protagonizadas por la corrupción en nuestro país llevan nuestra imagen a las cercanías de república bananera.

Esto también tiene consecuencias económicas desfavorables. Reduce la capacidad de negociación de nuestros representantes en los foros internacionales (un mundo de lobos), transmite la sensación de inseguridad jurídica a los inversores potenciales y trastoca la confianza de los mercados.

El signo del resultado económico de la corrupción se cuantifica en 40.000 M€ -cifra equivalente al rescate de la banca española- lo que, si en condiciones normales es inaceptable, en la situación actual adquiere tintes dramáticos. Por España, por su economía y por el futuro no se puede tener a mafias organizadas en los puestos de poder. El 24 de mayo ni un voto para los corruptos.