Riego de la Vega - Leon

Uno ya no sabe qué pensar. Es verdad que el último recurso de los humildes es la Justicia, ya que el de los poderosos siempre es el mismo, el poder en estado puro, pero en ocasiones se te hace muy cuesta arriba respetar la honorabilidad del estamento judicial, el que debería ser impenetrable a toda presión… pero que pone el cazo a las primeras de cambio.


La Comunidad de Madrid, administración que se encuentra inmersa, directa o indirectamente en un montonal de procedimientos e investigaciones judiciales por corrupción, resulta que se dedica a pagar sobresueldos a un ramillete escogido de jueces, fiscales y secretarios judiciales, con el pretexto de que están asesorando en las reformas informáticas que el estamento precisa para ganar en eficacia y agilidad. Además, ni siquiera lo hace directamente, sino que ordena los pagos a través de la empresa INDRA, contratista del proyecto y supuestamente beneficiaria de tan generosamente remunerada asistencia técnica.

Y no se crean que se trata de unos cualquieras. En la nómina de sobresueldos de la Comunidad de Madrid está incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, entre otros nombres insignes.

Dudas, muchas dudas sobre la legalidad de estos pagos. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, que tendría que haber detectado esta situación, se ha caído ahora del guindo y promete una investigación par comprobar si los jueces han incurrido en alguna incompatibilidad.

A la espera del resultado de la prometida investigación que dilucide si es legal, lo que ya es seguro es que ni es ético ni es estético. No puede ser que los responsables de velar por el cumplimiento de la Ley, aquellos que, tarde o temprano, tendrán que juzgar los sumarios que se están instruyendo por Gürtel, Púnica y otras redes de corrupción que afectan directamente a la Comunidad de Madrid, reciban dinero en gratificación por sus desvelos a la hora de mejorar un sistema informático encargado a una empresa privada, con lo que no se entiende muy bien por qué es la Comunidad quien orden y selecciona los pagos, los pagadores y los cobradores.

Faltan muchas explicaciones, que son urgentes. Los ciudadanos tienen que saber por qué se han producido estos comportamientos y qué consecuencias se pueden derivar de los mismos. A 90 días de las elecciones, puede que no tengamos por qué saber qué candidato o candidata encabezará las listas del PP a la Comunidad. Pero tenemos perfecto derecho a saber a qué se dedican mientras tanto. Con el dinero de todos.