Riego de la Vega - Leon

Una vez más, tenemos que dar las gracias a Argentina por su valentía, su arrojo y su perseverancia. Una vez más, tenemos que sonrojarnos por las connivencias, obstrucciones, oscurantismo y complicidades latentes o manifiestas que el Gobierno español está desplegando para bloquear la acción de la justicia. Nos referimos, claro está, a la causa por los crímenes del franquismo que mantiene viva la juez María Servini de Cubria.


Si no fuese tan patético, si no fuese tan revelador de los turbios cimientos sobre los que asentamos nuestra democracia, sería casi de risa. Interpol emite una orden para la localización y arresto de 20 cabecillas franquistas, algunos de ellos con posterior currículo en la vida política democrática, responsables directos o indirectos de los crímenes contra la humanidad y el genocidio que perpetró el estado franquista contra su propio pueblo, no sólo durante la guerra y la postguerra civil, sino durante la eterna noche de la dictadura subsiguiente.

Y,’ por supuesto’, Interpol España se ha negado a cursar la petición, ha presentado una queja ante la sede internacional de Interpol y, de momento, ha conseguido que la organización internacional de la policía, para evitar males mayores, y para sonrojo de todos los defensores de los derechos humanos, meta en la nevera la petición de arresto, hasta en tanto no se clarifique la situación.

Al parecer, ahora no peligra la marca España. Al parecer, con estas actuaciones, no se pone en riesgo la credibilidad internacional de nuestras instituciones, de nuestro Gobierno, de nuestras fuerzas de orden público, que, a la luz de cualquier persona con dos dedos de frente, se están convirtiendo en encubridores de unos presuntos delincuentes, cuyos crímenes no pueden prescribir.

La orden cursada afectaba La magistrada María Servini de Cubría imputa a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, que es suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licino de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos muchos de ellos por armas de fuego.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, ha imputado a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputa a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967 donde trabajaba como médico ginecólogo.

Este listado de los horrores, de momento, quedará sin esclarecer. Una nueva contribución de España a la defensa internacional de los derechos humanos. Qué vergüenza.