Riego de la Vega - Leon

Mas y Rajoy protagonizan, desde hace tiempo, una historia de desencuentros y estrategias cruzadas, que tiene un desenlace incierto. La dificultad en la relación entre Cataluña y el resto de España viene de antiguo, y, lógicamente, hay muchos agentes políticos y sociales que han participado en este proceso. Por tanto, la responsabilidad no es solo de Mas y Rajoy.

Sin embargo, estos dos líderes son los máximos dirigentes de la Generalitat y del Gobierno central, y les ha correspondido gestionar un momento especialmente delicado de esta relación territorial.

Y ambos han demostrado, al menos hasta ahora, poca pericia para dar una solución realista al problema. A mi juicio, Mas y Rajoy son, cada uno a su manera, “jugadores tramposos”. Es decir, ambos toman un concepto básico (el voto, la ley) y lo convierten en una verdad absoluta, al servicio de sus respectivos intereses.

La trampa del voto

En Democracia, resulta difícil oponerse al llamado “derecho a decidir”, es decir a que la gente acuda a las urnas. En efecto, las decisiones importantes deben tomarse votando y nada tiene más fuerza que la voluntad ciudadana.

Sin embargo, para que la votación sea creíble, deben cumplirse unos mínimos “estándares de calidad”. Por respeto a los ciudadanos.

En primer lugar, algo muy elemental. La pregunta de una consulta o referéndum debe ser clara. Esto es algo que comparto con Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Los partidos pro-consulta han aprobado el siguiente texto para la papeleta de votación: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo: ¿Quiere que ese Estado sea independiente?”. En mi opinión, la doble pregunta resulta confusa. Casi todo el mundo interpreta que un Estado es un ente con independencia o soberanía (aclárese si no qué otras opciones se barajan).

Por otro lado, cuando se vota, no solo deben ser comprensibles las alternativas entre las que se opta, sino también las consecuencias de cada una de ellas. ¿Qué pasaría si saliera ganadora la opción de la independencia? ¿Estaría Cataluña dentro de la Unión Europea? ¿Qué moneda tendría ese eventual Estado? No parecen asuntos menores, y, sin embargo, no se están explicando a los catalanes. Con lo cual no parece que se les estén facilitando suficientes criterios para tomar una “decisión informada”.

Otro de los argumentos de Mas y sus aliados es que se trata de una votación sin efectos jurídicos. En efecto, nuestro ordenamiento prevé esa figura en el artículo 92.1 de la Constitución (“Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”). Sin embargo, incluso aunque la Generalitat pudiera asumir esa competencia estatal, convocar una votación meramente consultiva, podría ser, políticamente, una burla a la ciudanía y un nuevo motivo de “desafección” (“os preguntamos, pero luego no hacemos lo que decís”). De hecho, la historia reciente nos demuestra lo que pasa cuando la gente aprueba algo, en votación, y no se respeta esa decisión. Hubo un referéndum de ratificación del Estatut, el Tribunal Constitucional impugnó parte de su articulado, y ésa es, a mi juicio, una de las causas del actual malestar de amplios sectores de la sociedad catalana.

Finalmente, las votaciones suelen hacerse para culminar los procesos políticos. Íñigo Urkullu, que no es precisamente un peligroso centralista, indicaba cuál debe ser el orden de factores: primero dialogar, luego negociar, luego acordar, finalmente votar.

Hasta aquí, he planteado lo que se podría llamar objeciones de forma. Hay también objeciones de fondo, quizás todavía más importantes que las anteriores.

Los partidos pro-consulta hacen mucho hincapié en el supuesto valor democrático del voto (que supone la consulta), y en la necesidad de que los catalanes se gobiernen a sí mismos (lo que Junqueras, el líder de Esquerra, llama “acercar las decisiones a los ciudadanos”). Sin embargo, hablan menos de las ventajas “tangibles” (económicas, sociales, o de otro tipo) que tendría la secesión.

Se podría decir que nos encontramos ante la épica de la independencia frente a la realidad de la convivencia. En la práctica, los países tienen, hoy día, cada vez más intercambios económicos y culturales. Vivimos en una clara situación de interdepedencia, especialmente entre aquellas regiones próximas geográficamente. Lo que se hace hoy día, especialmente, dentro de Europa, es convivir, comerciar. No parece que un proceso de separación entre Cataluña y España facilite esos intercambios.

Por otro lado, en estos momentos, los europeos vivimos en un espacio geográfico donde hay una clara situación de co-soberanías. España ha cedido gran parte de su soberanía a Europa, Y, por otro lado, en un país como el nuestro, las decisiones y los recursos públicos están muy repartidos entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Parece ingenuo, por tanto, pensar que un eventual Gobierno catalán independiente va a poder contar con una auténtica soberanía nacional, si quiere seguir dentro de la Unión Europea.

La trampa de la ley

En un Estado de Derecho, el cumplimiento de las normas no es negociable. Ciertamente, hay que respetar el llamado “imperio de la ley”. Y resulta indudable que la consulta que propone Mas no tiene cobertura jurídica conocida.

Ni de la ONU. El derecho de autodeterminación está previsto para la descolonización, no para la separación de un territorio de un Estado del que forma parte desde hace siglos.

Ni de la UE. Ningún Tratado contempla qué pasaría si una región de un Estado miembro se independizara.

Ni de la Constitución del 78. Más bien nuestra Ley Fundamental establece lo contrario en su artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

Sin embargo, si Rajoy sigue un enfoque meramente legalista en este asunto, estará, a mi juicio, equivocado. Indudablemente, el presidente tiene razón en guardar y hacer guardar la Constitución (como juró al tomar posesión).

Ahora bien, conviene admitir, al menos como hipótesis, que la ley se puede modificar. La propia Norma Fundamental contiene un Título, el X, que se llama precisamente, “De la reforma constitucional”. Por tanto, la ley no sería un fin en sí mismo, sino un instrumento dinámico al servicio de la sociedad. La ley “sirve” si permite canalizar las aspiraciones de la gente, dentro de un espacio público compartido. Y la ley “sirve” si permite resolver los problemas. En caso contrario, estamos ante una ley ineficaz, que debe ser revisada.

Además, Mariano Rajoy no ha “entrado en materia”. Ha centrado su discurso en la legitimidad formal, que le da el Derecho, sin buscar una legitimidad material para sus decisiones, explicando, por ejemplo por qué la independencia es mala para Cataluña, por qué es mejor mantener la unidad de España.

Algunas propuestas para una solución acordada

Me gustaría hacer alguna modesta aportación a lo que podría llamarse una solución acordada o una tercera vía. En definitiva, para buscar un mejor encaje de Cataluña en España.

Antes de llegar a un acuerdo, hay un trabajo preliminar que hacer. En primer lugar, se necesita recuperar los espacios de diálogo, y, sobre todo, las actitudes de diálogo. Eso supone corregir algunos errores del pasado, y evitar los agravios, bidireccionales, entre Cataluña y el resto de España

Hace tiempo que se habla de que hay separatistas y separadores. Los separatistas han acuñado la expresión “España nos roba”. Aparte de ser injuriosa, resulta falsa en términos económicos. Sería más riguroso decir “España nos compra”, pues el superávit comercial de Cataluña con el resto del Estado fue de 18.615 millones en 2013 (ver Expansión, 25-03-2014).

Los separadores también han dificultado la convivencia. Ha habido gestos muy simbólicos, como el boicot a los productos catalanes en la Navidad de 2004, a raíz de unas desafortunadas declaraciones de Carod Rovira sobre la candidatura de Madrid para las Olimpíadas de 2012. Tampoco ayudó la recogida de firmas contra el Estatut en toda España, impulsada por el PP.

Sin embargo, la decisión más grave de los supuestos separadores, directamente atribuible al PP y a Mariano Rajoy, ha sido la incoherencia política, dar a otros territorios lo que se negaba a Cataluña (ver Público, 10-12-2009). En efecto, el Partido Popular recurrió 136 artículos del Estatut. 95 de ellos están en vigor en los Estatutos de otras Comunidades Autónomas, como Andalucía, País Valenciano, Illes Balears, Aragón y Castilla-La-Mancha, con el apoyo expreso del partido de Rajoy. Esto es lo que dicen los informes jurídicos de la Generalitat.

Sin embargo, no hacen falta los dictámenes de los expertos para confirmar algunas coincidencias evidentes, pues, en 17 casos, la redacción es idéntica, como se ve en los siguientes ejemplos:

Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
Estatut de Catalunya
Art. 95.1: “El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Catalunya y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Catalunya es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los otros que puedan crearse en el futuro”.

Estatuto de Andalucía
Art. 140.1: “El TSJ de Andalucía es el órgano jurisdiccional en que culmina la organización judicial en Andalucía y es competente, en los términos establecidos por la ley orgánica correspondiente, para conocer de los recursos y de los procedimientos en los distintos órdenes jurisdiccionales y para tutelar los derechos reconocidos por el presente Estatuto. En todo caso, el TSJ de Andalucía es competente en los órdenes jurisdiccionales civil, penal, contencioso-administrativo, social y en los que pudieran crearse en el futuro”.

Agencia Tributaria
Estatut de Catalunya
Art. 204.1: “La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los tributos propios de la Generalitat de Catalunya, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat, corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña”.
Estatuto Illes Balears
Art. 133.2: “La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de los tributos propios de la Comunidad de las Illes Balears, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears”.

Además, en un asunto especialmente sensible, como es el de la identidad, se da la paradoja de que el PP de Arenas y Rajoy acepta definir a Andalucía como una "realidad nacional", en su Estatuto, mientras que se opone frontalmente a este concepto en el caso catalán.

Siendo yo claramente favorable a que Cataluña siga formando parte de España, debo decir con preocupación que observo más coherencia en los separatistas que en los que yo considero separadores.

Los partidarios de la independencia buscan la secesión, y hacen todo lo posible para que se produzca, fomentando el distanciamiento entre los catalanes y el resto de los españoles.

Sin embargo, los separadores afirman su apoyo a que Cataluña siga formando parte de España, y, sin embargo, como he intentado explicar en los párrafos anteriores, practican políticas que no promueven, precisamente, el acercamiento la comprensión mutua entre Cataluña y el Estado.

Por tanto, se debe trabajar, a mi juicio, en el terreno de los afectos. Pero no solo eso. Hace falta encauzar la situación actual, desde la política, intentando recoger, en la medida de lo posible, las aspiraciones de todos.

En lógica se habla de conceptos como tesis, antítesis y síntesis. Aquí tendríamos una tesis: los partidos pro consulta piden que los catalanes voten. Una antítesis: el Gobierno de España pide que se respete la ley. Se podría, por tanto, buscar una solución sintética, que consistiría en votar dentro de la ley. Esto se podría hacer a través de una reforma constitucional acordada, en la que se abordaran cuestiones clave. Por ejemplo, la financiación autonómica o la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas (a través de un nuevo Senado gubernamental).

De esta manera, habría una nueva votación, que corregiría la “desautorización” que sufrieron los catalanes cuando el Estatut, que habían aprobado en referéndum, fue corregido por el Tribunal Constitucional. Esto requiere valentía, como la que tuvo Adolfo Suárez, cuando pilotó la Transición.

Vivimos un momento histórico relevante. De cómo sepamos responder a esta situación y gestionar la diversidad dependerá que vivamos en lo que Javier Tussell llamaba “una angustia nacional”, o que sea posible el encaje de Cataluña en España, o al menos la “conllevancia” de la que hablaba Ortega y Gasset. España tendrá futuro como nación, con su actual territorio, si hay una convivencia fructífera y amistosa entre los distintos pueblos que la integran.
Pablo Reyero