Riego de la Vega - Leon

El declive de un régimen político presenta etiologías significativas, algunas de ellas no exentas de un alto grado de irracionalidad. Es cuando se somete toda estrategia a la elusión de las contradicciones, cada vez más relevantes, del sistema y, por tanto, la imposición de un escenario sin alternativa y fallido.

Todo ello supone una estructura, un continente protegido por un contenido que son los intereses de las minorías dominantes y que conlleva una incomprensión total de todo lo que el poder considera caput mortum. El problema es que esos “restos sin valor” lo constituyen la mayoría de los ciudadanos.
El presidente Rajoy se reunió hace unos días con el Consejo Empresarial para la Competitividad al objeto de dar oportunas explicaciones a sus miembros sobre la gestión del Ejecutivo. Dicho consejo es una especie de gobierno in the shade que reúne a las élites económicas financieras y mediáticas como grupo de presión que condiciona taxativamente la política y la economía del país. Son los artífices de esa banalidad conceptual que reduce la nación al rótulo comercial de “marca España.” La crisis económica, devenida en poliédrica en su plano institucional, social y político, y, muy singularmente, la coartada que ha supuesto para la contundente materialización de la supremacía del poder económico sobre el poder político, se ha decantado en una realidad donde la vida pública es un ejercicio esquizoide y dual. La misma política se constriñe a un enfático parloteo que esconde inseguridades y delgadeces.

Los defensores del mercado son, en el fondo, los más intervensionistas puesto que han incautado los resortes estatales, aboliendo cualquier tipo de responsabilidad social, para garantir sus minoritarios intereses, dejando a España desigualmente dividida mediante una ortopédica frontera entre ricos y pobres. Como consecuencia, es un acto de suma ingenuidad decir que la recuperación económica aún no ha llegado a las clases populares, en ese sarcasmo urticante en el que se ha convertido la política en nuestro país. Si para que la recuperación económica se produjera, según la narrativa institucional, había que recortar gastos sociales, empobrecer a la mayoría de la población, implantar salarios de hambre, ajustar las pensiones por debajo de la subsistencia, hacer que los enfermos sin recursos tengan que pagar parte de sus tratamientos, dejar en el abandono a los desempleados recortando prestaciones y suprimiendo subsidios... Si todas estas acciones producen, según el discurso establecido, que la económica mejore... ¿Qué recuperación puede llegar a los que en nombre de esa recuperación han sido arrojados a la pobreza y a la exclusión social? La “mano invisible” de Adam Smith es invisible simplemente porque no existe.

Un régimen al exclusivo servicio de las élites, que demandan para preservar sus intereses un déficit democrático cada vez más oneroso–ya se encarcelan a huelguistas y manifestantes como en tiempos decimonónicos- y fiar que la propaganda consiga la necesaria confusión en la opinión pública, es un sistema que por la irracionalidad que contiene funciona profundizando en su propia descomposición. No es entonces extraño que sea un clamor -lo dicen las encuestas- que el régimen político necesite una reforma profunda, es decir, una redistribución a fondo del poder que garantice un alto control social, en lugar del control oligárquico de hoy pobremente adornado con el ritual de una democracia limitada.