Riego de la Vega - Leon

Somos muchos los analistas que venimos anunciando que, más pronto que tarde, la gravísima crisis que padecemos desde hace ya algunos años en nuestro país acabará produciendo un estallido social. La crisis, que en un principio comenzó siendo financiera y con su epicentro en Estados Unidos, para pasar acto seguido a ser la primera gran crisis económica global, con gravísimas y a menudo dramáticas consecuencias sociales, tiene en España otras derivadas específicas: la crisis institucional, que afecta desde la Corona a los partidos políticos y a las organizaciones empresariales y sindicales, con la corrupción como lacra cada vez más extendida; la crisis territorial, muy patente en Cataluña y de nuevo evidente en el País Vasco; la crisis cultural, y como consecuencia de esta última la crisis moral, con la entronización de unos referentes públicos procedentes en su mayoría de la “telebasura”.

En este contexto de gravísima crisis, global no solo porque afecta a la práctica totalidad de nuestro actual mundo globalizado sino porque se extiende del terreno específicamente financiero y económico a la vida diaria del conjunto de la ciudadanía, lo único que resulta extraño y sorprendente es que todavía no se haya producido un gran estallido social, aquella explosión que exprese en la calle la frustración no ya de las clases populares y de casi toda la clase media sino, en realidad, de la de la inmensa mayoría de la sociedad española. Porque, por mucho que Mariano Rajoy esté ahora en trance místico tras recibir los elogios de Barak Obama a su política económica, y por mucho que sus ministros y sus propagandistas se empeñen en querer hacernos creer que “España va bien”, la realidad social es la que es, y cada día es peor.

En este sentido hay que entender el inesperado estallido de violencia y rabia ciudadana que se ha producido en el barrio burgalés de Gamonal. Un barrio en el que vive un tercio de la ciudadanía de Burgos, 60.000 de sus 180.000 habitantes, y donde el índice de paro, la pobreza, los desahucios y todos los problemas derivados de los recortes en sanidad, educación, dependencia y todo tipo de prestaciones sociales básicas que se han producido estos últimos años han provocado situaciones individuales, familiares y vecinales de carácter dramático.

Claro está que la violencia no es defendible en ningún caso. Pero no es menos evidente que existe, en el barrio burgalés de Gamonal como en tantos y tantos otros barrios de España entera, una violencia estructural que está encendiendo la mecha de lo que mucho me temo que acabará siendo una gran explosión social. Una explosión que no va a parar ni la ya anunciada ley de seguridad ciudadana ni el uso de la seguridad privada anunciado en otro proyecto de ley del Gobierno de Mariano Rajoy. Si no se va a las raíces del problema, si no se dan respuestas a las legítimas exigencias de una ciudadanía que padece en sus carnes las consecuencias cotidianas y dramáticas de las políticas regresivas del PP, la explosión social se acabará produciendo. Y estará justificada

Bajo un más que sospechoso apagón informativo, la barriada burgalesa de Gamonal ha protagonizado—y protagoniza—unos corajudos disturbios a cuenta de lo parece una maniobra especulativa (otra más) para beneficiar a un empresario (por llamarlo de algún modo) en perjuicio proporcional y directo del resto de ciudadanos.

Desde el gobierno se asegura que todo se debe a “grupos itinerantes y violentos que utilizan la violencia en las manifestaciones”. Definición que a muchos cuadra con los antidisturbios, por cierto.

Sin embargo, no hay cabeza pensante que pueda atribuir a “grupos itinerantes violentos” el alzamiento de un barrio, y más en la fría y tranquila provincia de Burgos.

La realidad es otra: el alcalde de la provincia ha acordado unas costosas e innecesarias obras. Esto llenaría de millones de euros los ya de por si forrados bolsillos de un empresario oscuramente asociado a la corrupción. Dichas obras, además, eliminarían plazas gratuitas de aparcamiento sustituyéndolas por parking de pago. Todo a costa de los vecinos de la localidad.

Las evidencias parecen indicar que nos hallamos ante una turbia maniobra (¡otra más!) para enriquecer amigotes con el dinero de los ciudadanos de bien

Explicable estallido de violencia

Este robo maquillado de legalidad se perpetra mientras se recortan sueldos y pensiones, mientras los ERES se multiplican sembrando angustia e inseguridad entre la gente honrada, mientras se recorta la investigación y la ciencia, mientras se asfixian las becas, mientras se nos arrebata el dinero para cubrir las vergüenzas (más bien desvergüenzas) de las estafas bancarias, mientras se privatiza lo público para beneficio de golfos y merma del servicio, mientras se subvenciona a la iglesia, mientras se pone en marcha la contrarreforma del aborto situándonos al nivel de los países subdesarrollados, mientras se impone el repago sanitario, mientras se apalea a quien protesta, en suma, mientras se empobrece a la mayoría para beneficio de unas oligarquías tan corruptas como ineptas …

Por consiguiente, no me extraña la explosión de violencia en Gamonal. Más bien me extraña que no se produzcan otras de mayor alcance y virulencia.

Ante ello, algunos alegan que en España se ha inoculado una suerte de pacifismo absurdo, un prejuicio ante cualquier expresión de violencia que no venga con el copyright del estado. Hasta el punto que los ciudadanos, para delicias de Ana Botella, “aguantan los malos tratos sin rechistar”.

Lo anterior no implica promover o justificar la violencia sistemática, pero no debemos olvidar que el monopolio del uso de la fuerza lo poseen los gobiernos… ¡por delegación del pueblo! El titular de la soberanía, en un país democrático, es el pueblo. Es el ciudadano quien delega el uso de la violencia y elige a sus representantes para que cumplan aquello para lo que se les votó.

Pero puede ocurrir que esos representantes se valgan del poder delegado para dictar normas en perjuicio de quienes los eligieron. En estos casos, los “representantes” se valen de la fuerza bruta policial para reprimir a quienes protestan al comprobar que sus “representantes” les han estafado. Y, para remate, los “representantes” elaboran otras normas para blindarse ante nuevas formas de protestas pacíficas.

Nadie honesto y con unos conocimientos en política o derecho puede negar que ante esos supuestos surge el derecho a la rebelión. Derecho que no solamente emana de la más pura esencia democrática, sino que fue calificado de sacrosanto por presidentes de EEUU.

El problema del uso de la violencia por parte de los ciudadanos

Como acaba de exponerse, nadie honrado, decente y con las neuronas sanas puede contradecir este axioma: Nosotros (ciudadanos) te entregamos a ti (gobierno) un poder y un uso de la fuerza, que nos corresponden como pueblo titular de la soberanía. Si manejas ese poder delegado y de esa fuerza en nuestro perjuicio, utilizaremos nuestro derecho a rebelarnos.

Desgraciadamente, la sociedad española se encuentra, en gran parte, manipulada, amedrentada y anestesiada. El poder político se vale de episodios violentos para incrementar el miedo, hasta el punto que provoca más rechazo un cajero ardiendo que los miles de millones que nos arrebatan para regalárselo a esa misma entidad.

Además, la manipulación y fotos de contenedores en llamas o encapuchados agresivos (que para muchos suelen ser policías infiltrados) “convence” a importantes sectores sobre la necesidad de “mano dura” y leyes de corte fascista como la de “seguridad ciudadana” que prepara el gobierno. El uso de la violencia puede, por tanto, volverse en contra de los ciudadanos que la ejercen. Sin perjuicio, obviamente, de unas respuestas de legítima defensa ante agresiones directas policiales, por supuesto.

De cualquier modo, enfrentamos un problema muy complejo. El poder político se vale de la violencia para reprimir y aterrorizar a quienes se percatan del colosal andamiaje de engaño y saqueo. Pero, a su vez, gran parte de la población mira con muy malos ojos cuando las víctimas del latrocinio recurren a actos violentos, por más que se trate del último recurso después de haber sido atropelladas e ignoradas. Tras lo anterior, paradójicamente, el poder sale “legitimado”.

Por suerte o por desgracia, no todos los ciudadanos españoles actúan como los del Gamonal, por tanto, de momento, la solución, aunque lenta, radica en ir concienciando a sectores cada vez más amplios de la sociedad acerca del drama y estafa que vivimos: un gobierno al servicio de las oligarquías financieras y empresariales que se vale de la fuerza bruta para reprimir y sancionar a quien se resiste a ser expoliado.

Cuando una mayoría suficiente de ciudadanos sea consciente de este escenario, podrá ejercerse el derecho a la rebelión en todas sus amplias modalidades con ciertas garantías de éxito. Antes, a mi juicio, constituye un suicidio. Sin olvidar, mientras, algo importante: votar a quienes pueden desalojar de los despachos del poder a la canalla que amarga la vida de millones para enriquecer a unos pocos golfos sin escrúpulos.