Riego de la Vega - Leon

Si de algo se vanaglorian orgullosamente quienes formaron parte e hicieron posible aquel periodo de transición entre dos regímenes políticos en nuestro país, es del texto constitucional que de ahí nació.

Se cumple 35 años del nacimiento de nuestra actual Constitución Española de 1978. Un texto constitucional que fue fruto de un alto grado de consenso entre quienes ofrecieron su voluntad para contribuir a un país mejor renunciando a determinados postulados ideológicos. Un texto constitucional que ponía fin al régimen franquista y abría un nuevo tiempo para España. Es necesario entender la importancia de su momento para valorar la riqueza de su contenido. La ciudadanía española lo vivió y percibió como el fin de una etapa oscura y la llegada de una era de progreso, libertad y derechos.

Constituyentes

La vigente norma constitucional fue fruto de una admirable y ejemplar capacidad de acuerdo, miras de futuro y conciliación entre diferentes. Los constituyentes cedieron para aceptar vivir en unión y armonía dejando las diferencias y enfrentamientos ideológicos relegados. Esta ha sido, sin lugar a duda, la norma fundamental que ha asentado las relaciones políticas, jurídicas y sociales entre españolas y españoles.

La historia constitucional de nuestro país nos enseña lo convulso de los periodos y lo susceptibles de nuestras constituciones pasadas en tanto en cuanto su vigencia quedaba sujeta comúnmente a los mandatos temporales de un partido o corriente ideológica, con leves excepciones. El mérito de la CE de 1978 radica en su alto beneplácito y conformidad política general que la ha hecho convertirse en la segunda más longeva, tras la CE de 1876, y la primera con tan elevado grado de estabilidad y garantías ciudadanas.

La Constitución del 78 dio la oportunidad a que el poder ejecutivo y legislativo pudieran garantizar, con el respaldo del judicial, un fuerte Estado del Bienestar mediante los mecanismos establecidos en ella, que hiciera de España un Estado moderno y próspero.

No obstante, quedó exigua en algunos aspectos, e incluso con nulas alusiones en otros. Ejemplo de esto último pudiera ser el no reconocimiento a la verdad, justicia y reparación respecto del periodo que se dejaba atrás. Quizá ello por el aspecto de fuerte consenso ya aludido, por el cual todos cedieron en favor de una moderación ideológica.

Su resultado, atendiendo al momento en la que se promulga y su funcionamiento posterior, puede ser considerado positivo.El dia seis de diciembre pasado, celebró su trigésimo quinto aniversario con unos retos indiscutibles para seguir siendo útil y funcional. Su actualización resulta tan necesaria como imprescindible para evitar quedar obsoleta e incluso correr el riesgo de que se plantee su derogación por querer evitar su acoplamiento a la realidad presente.

Es el momento de revisar en pequeña y gran escala nuestra carta CE 1978. Alejandro Espí.magna, de tal modo que sirva para asentar la convivencia social, política y jurídica en base a los retos, demandas y situación actual. Es tiempo de que quienes no tuvimos ocasión de ser observadores de su elaboración ni partícipes de su aprobación, la podamos sentir como propia para
protegerla y hacerla ganar en legitimidad.

La CE abrió las puertas al desarrollo de toda una nación. Ahora se hace precisa su revisión para que nos garantice más avance y progreso. Para ello, algunas de las vías reformistas deberían encaminarse, a mi juicio, en base a las siguientes premisas.
En pro de una democracia más participativa y más pura, se hace necesario una serie de modificaciones de instituciones y mecanismos constitucionales para pulir nuestro sistema democrático. Estos son:

-Facilitar la utilización de la herramienta del referéndum como consulta ciudadana con la posibilidad de hacerlo vinculante para algunas cuestiones como las sociales. Prever la posibilidad de solicitarlo la ciudadanía.

-Una Iniciativa Legislativa Popular más práctica y tenida en consideración por las Cámaras como representación de la voz ciudadana.

-Reforma del sistema electoral español. Una revisión de las circunscripciones y reparto de diputados para garantizar una mejor y más proporcional representación.

-Exigir la democratización y apertura de los Partidos Políticos obligándoles a la rendición de cuentas.

-Incluir la transparencia en las instituciones como una obligación de las mismas para evitar ocultismos y corruptelas.

-Revisión de instituciones como las Diputaciones Provinciales, planteando su sustitución por un Consejo de Alcaldes o bien mantenerlas mediante una elección directa.

-Fortalecer los Ayuntamientos como Administración más próxima a la ciudadanía.

-Aclarar la funcionalidad del Senado si como cámara territorial o como cámara de segunda lectura. Su elección no debe ser en ningún caso simultánea a la del Congreso puesto que la misma mayoría queda reflejada en ambas cámaras perdiendo así sentido. Por tanto, elección alternada con el Congreso.

-Regulación del papel de la Casa Real. Plantear su ratificación por la ciudadanía mediante referéndum. En caso de mantenerse, revisar la sucesión.

-Eliminación de la financiación a la Iglesia y las confesiones religiosas.

-Atención especial a las mayorías absolutas. Incluir mecanismos para evitar el absolutismo derivado con permisividad democrática con métodos eficaces de reprobación. Que una mayoría no sea nunca un cheque en blanco.

-Agilizar el Tribunal de Cuentas para dirimir recursos y conflictos en menor tiempo.
En defensa de los derechos y libertades ciudadanas que los nuevos tiempos exigen reconocer constitucionalmente, debemos avanzar para:

-Reconocer la igualdad entre hombres y mujeres y velar por el cumplimiento de ello en todos los ámbitos.

-Reconocer el Derecho a la Información como un derecho fundamental de los ciudadanos y ciudadanas, en aras de una transparencia institucional e higiene de las administraciones.

-Blindar la sanidad y la educación como derecho para evitar su cuestionamiento y venta a manos privadas, de tal modo que nadie pueda quedar excluidas de las mismas.

-Garantizar el derecho a luz y agua corriente a toda la ciudadanía.

-Reformar el Artículo 47 referido a vivienda, prohibiendo la posibilidad de desahuciar familias de las mismas. Reconocer también la dación en pago.

-Reconocer el derecho de los animales, para penar el maltrato y tortura animal.

En definitiva preservar y aumentar los derechos que el constituyente Peces Barba reflejó en el Título I y que ya supusieron un gran avance en nuestro país.
Una reforma territorial para preservar la convivencia nacional.

-Evolucionar hacia un federalismo que mejore la autonomía, financiación y reconocimiento de nuestra diversidad territorial.

-Eliminar lo relativo al proceso autonómico e introducir el nombre de las 17 CCAA.

-Vincular el Senado a los territorios, si fuera la pretensión del mismo.
El Poder Judicial es otro pilar en el que se debe hacer hincapié para preservar y hacer efectivo todo lo anterior. Para ello es necesario:

-Un sistema mixto de elección de los miembros del CGPJ.

-Regulación de la figura del indulto para que no se convierta en una arma ideológica o política e incluso antidemocrática por su carácter.

-Reformulación del Tribunal de Cuentas para que su actividad sea veladora y garantista de las cuentas de aquellos que manejan fondos públicos.

Por otro lado es necesario derogar determinadas alusiones insignificantes como la del servicio militar obligatorio del Artículo 30 o la pena de muerte del Artículo 15.

Probablemente deje en el aire muchas posibles y necesarias reformas o algunas de éstas puedan ser consideradas por muchos de atrevidas o insuficientes. Sin embargo lo que todos compartimos es la necesidad de abordar una reforma constitucional que se adecue a la España del Siglo XXI.

Probablemente mañana surjan nuevas necesidades que atender constitucionalmente, o incluso que estas propuestas fracasen, pero sin duda, el error sería obviar aquello que hoy es una necesidad.

La Constitución Española deberá de enfrentarse a un futuro convulso con asuntos como el territorial, por la cuestión catalana y la financiación autonómica, y otros como la vivienda, el derecho de huelga y manifestación, entre otros. Además deberá ser capaz de visualizar los nuevos problemas a los que la ciudadanía del siglo veintiuno se enfrenta.

En definitiva, a la Constitución Española de 1978 se le plantean retos para un futuro democrático que nos permita vivir en paz y armonía dando sentido a esa esencia de la democracia que se sustenta en constituciones que como la nuestra, son garantes de nuestro desarrollo humano, político y social.

Reformar la Constitución para convivir amparados bajo una inviolable protección suprema fruto de un nuevo y valiente consenso reformista.

Twitter: @AlejandrEspi