Riego de la Vega - Leon

2013 finaliza con una tasa de paro del 27% de los cuales el 57% son jóvenes. La clase media se ha empobrecido considerablemente y la baja roza la pobreza mientras que los millonarios han aumentado un 13%. En cuestión de derechos, algunos han retrocedido a la década de los 80.

Cinco años después de comenzar la crisis, el balance de la sociedad española es bastante negro. Con un 27% de paro y unas políticas muy agresivas llevadas a cabo por el PP, el empobrecimiento ha sido general afectando de forma especial a la clase media.

Con la excusa de la crisis, los conservadores han hecho realidad sus eternos proyectos de convertir derechos ciudadanos en negocio. Así pues estamos viendo como intentan privatizar la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Afortunadamente la justicia está rechazando muchas de sus políticas y las calles de las ciudades se han llenado de ciudadanos protestando. La “marea blanca” por la sanidad, “la marea verde” por la enseñanza, “la morada” por los derechos de la mujer. Sólo la ciudad de Madrid registró en el año 13 más de cuatro mil manifestaciones. Pero tal y como están las cosas los ciudadanos tendrán que seguir protestando.

Mientras el Gobierno adelgaza la sanidad y la ofrece a compañías privadas como Capio y USP-Quirón, dominados por fondos de inversión británicos, Ribera Salud, propiedad de CAM y Bancaja (Bankia), estrellas de la burbuja inmobiliaria o Sanitasa través de una empresa británica, despide también a numerosos profesores de la escuela pública, restringe las becas universitarias (20 mil menos), deja bajo mínimos la financiación de la investigación y liquida de un plumazo la ley de dependencia que permitía recibir ayudas y servicios a los más desprotegidos. Más de 200 mil enfermos, minusválidos han dejado de percibir estas ayudas en los últimos dos años.

Tan grave como esto ha sido la exclusión de la sanidad de los inmigrantes no legales. Hasta la llegada del PP recibían atención médica ya que la sanidad era gratuita y universal. Ahora ya no lo es y ya hemos tenido que avergonzarnos ante la muerte de un joven senegalés de 28 años en Mallorca éste verano al no ser atendido de la tuberculosis que sufría.

Por si todo esto fuera poco el Gobierno del PP de Mariano Rajoy se siente muy orgulloso de su reforma laboral. Despedir a un trabajador es más fácil y más barato y lo que impera son los contratos temporales, hasta el punto que se hacen contratos por semanas o días. Los contratos indefinidos han caído más de un 25%.

Ya me dirán que proyecto de futuro tienen nuestros hijos cuando saben que no van a conseguir un contrato estable y eso a los que tienen trabajo temporal porque como ya he citado anteriormente el 27% están en el paro.

Muchos de ellos han decidido salir del país. Después de haber estudiado en Universidades públicas pagadas con nuestros impuestos, ésta inversión la van a disfrutan los alemanes o británicos que los acogen. Desde 2007 hasta 2012 habrían abandonado el país en torno a 174.851 personas en edad de trabajar.

Cuatro millones de pensionistas malviven con 500 euros, fundamentalmente viudas. España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de pensionistas en riesgo de pobreza relativa, un 19,3%, según un informe de los Técnicos del Ministerio de Hacienda. Y para rematar el tema, el Gobierno ha decidido subir las pensiones por ley a partir de ahora un 0´25 en los años de crisis y un 0´50 en los de bonanza, independientemente de la inflación, lo que significa que a pesar de la subida cada año los más mayores perderán poder adquisitivo.

Muchos de estos pensionistas más familias que se encuentran en situación límite son los que ahora forman parte de los cuatro millones de “pobres energéticos” o sea que si no se toman medidas urgentes se les cortará la luz en los próximos meses por impago pero ya de momento este invierno están viviendo sin calefacción. Hay que tener en cuenta que más de dos millones de familias tienen a todos sus miembros en paro.

Y en este pequeño resumen anual, no puedo dejar de recordar a los miles de familias que han sido desahuciadas de sus viviendas por no pagar la hipoteca. El hecho ha llegado a ser tan escandaloso que gracias a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) encabezada por Ada Colau se han podido frenar 929 de ellos, pero no todos y ha realojado a 712 personas. Lo que sí ha conseguido la plataforma encabezada por la citada activista catalana ha sido sensibilizar a la población, de forma que hoy en día no hay desalojo de una vivienda sin manifestaciones y protestas en las puertas de las casas y sin los medios de comunicación informando. Las protestas ciudadanas han funcionado.

Este año se han ejecutado alrededor de 58.604 desahucios. En un 70% de los casos el impago de la hipoteca obedece a la pérdida de empleo y el 70% de las familias desalojadas tenía al menos un menor de edad.

Pero lo más indignante no es que la derecha española tome estas medidas por falta de dinero sino por convicciones ideológicas. Dinero hay y se lo gastan en otras cosas como armas y “lecheras” para reprimir manifestaciones, en pagar deudas del Ejército, en campañas multimillonarias para vender en el extranjero “la marca España”, en subvencionar colegios del Opus Dei, en pagar a los miles y miles de asesores que tienen los políticos (la mayoría de ellos sin hacer prácticamente nada), para seguir manteniendo sueldos de lujo o para gastarse tres millones de euros por la construcción de un pabellón de caza para el Rey.

España es el país con más políticos por habitante de Europa. Tenemos 300.000 políticos más que Alemania, trabajando a costa del presupuesto, y el doble que Italia y Francia. Y los “asesores” de éstos nos cuestan al erario público la friolera de 850 millones de euros. Estos personajes pueden tener estudios o no tenerlos, ser expertos en algo o nada. Se les nombra a dedo y se ha demostrado que la mayoría son familiares o amigos del político de turno.

Y es que ahora en plena crisis están apareciendo demasiados casos de corrupción del mundo de la política. El PP con el “Caso Gurtel”, el “Caso Bárcenas” y su contabilidad en B, La Junta de Andalucía con los casos del “ERE”, 100 cargos públicos imputados en la Comunidad Valenciana por corrupción y hasta tres presidentes de importantes clubs de fútbol condenados y cinco imputados por manejar indebidamente dinero público.

A esta lista de pérdida de derechos sociales hay que añadir los civiles. Los primeros pretenden hacer negocio con lo público, los segundos, limitar derechos a los ciudadanos.

Y como muestra ahí tenemos la recientemente aprobada reforma del aborto que vuelve a la legislación de los 80 o a la nueva ley de Seguridad Ciudadana que no es ni más ni menos que una mordaza para los que protestan.

Esto supone una nueva vuelta de tuerca y un blindaje a la acción del Gobierno y la Policía contra los movimientos sociales, una acción que el propio Consejo de Europa ya condenaba recientemente.

Recordemos que el pasado mes de octubre el comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, llamó la atención al Gobierno de Rajoy después de constatar que las autoridades recurren a un “uso excesivo de la fuerza” contra las manifestaciones ciudadanas, además de acusarles de “importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional que son practicadas por funcionarios públicos”.

Pero en este último artículo del año quiero lanzar un grito de ánimo a todos los ciudadanos que no están dispuestos a perder en una legislatura del PP lo que ha costado muchos años conseguirlo. A las mujeres porque de la noche a la mañana hemos visto como “la ley de Igualdad” se ha hecho trizas y la del aborto es peor que la de los años 80. Y a todos los ciudadanos en general porque han demostrado en la calle y en las encuestas que quieren una sanidad y una enseñanza pública, gratuita y de calidad.

Queremos una sociedad en la que podamos pensar en un proyecto de futuro.