Riego de la Vega - Leon

No es una sorpresa, era una evidencia, algunos lo advertimos en casi todos los idiomas: Orange Market sirvió para financiar irregularmente al Partido Popular, trampas en las elecciones, ventajismo político.


Y lo hizo, según la Agencia Tributaria, en bé, en dinero negro, utilizando una doble contabilidad en la sede valenciana del Partido Popular. Lo hizo, y también lo dijimos, señalando las partidas declarables y las no declarables.

Lo dijimos, digo, porque nos leímos en su día parte del sumario. Porque alguien encontró un lápiz electrónico en un piso de Correa cerca del Paseo de la Castellana de Madrid en el que se deja bien clara la doble contabilidad del partido de la derecha española.

Si cuando los que tienen que velar por el cumplimiento de la ley, ellos mismos la incumplen, ¿qué hacemos? Si los que deben perseguir al infractor, defraudan al fisco, ¿en qué país vivimos?

Es decir que, como se ha pretendido señalar, no se trata de un grupo de chorizos incrustados en un honorable partido político. Se trata de gestores no tan honorables de dicho partido, formado por militantes honorables y, sin embargo, con algunos dirigentes apestados.

Ahora dirán que pague usted a hacienda sin parpadeo posible. Dirán que hay que perseguir y llegar a un pacto contra la corrupción. Dirán que podrán meter la pata, pero nunca meterán la mano.

Esos mismos, esos que se dan golpes de pecho, son los mismos que llevaban una contabilidad bé en Valencia. No, no me estoy refiriendo a ese autónomo que declara un gasto sin justificar.

No, no me estoy refiriendo tampoco a esa gran empresa que abre una cuenta en un paraíso fiscal. Me estoy refiriendo al partido político que sustenta al Gobierno de la Nación, a aquellos que debieran ser ejemplo, en la vida pública y en la vida privada.

No puede haber compasión para aquellos que han manchado la buena voluntad de tantos militantes del Partido Popular. No puede haber compasión política con los dirigentes que lo disimulan como Cospedal o lo ocultan como Rajoy.

Se tienen que ir a su casa, lo más lejos de la administración pública, con una orden de alejamiento si es posible de todo aquello que sea dinero o tesoro público.