Riego de la Vega - Leon

El celo con el que la Fiscalía Anticorrupción está actuando en el caso EREs de Andalucía sólo es comparable, en su magnitud, a la dejación de sus funciones en el caso Blesa; circunstancia esta última que ya ha sido denunciada por algún partido político como el PNV. Su portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Emilio Olabarria, al ser preguntado por la decisión del Ministerio Público de recurrir a la Audiencia Provincial de Madrid el ingreso en prisión incondicional del expresidente de Cajamadrid ha manifestado que, últimamente, se están produciendo en esta Fiscalía “una suerte de lagunas” en determinados casos que le llevan “inmediatamente a recordar la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal”; en referencia a que su máximo responsable es elegido por el Gobierno.

Mientras que en el primer caso -el de los EREs- esta Fiscalía ha solicitado todo tipo de diligencias para “avanzar” en la instrucción de la causa implicando en ellas a la Guardia Civil, Agencia Tributaria, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e, incluso, a la Cámara de Cuentas de Andalucía, en el segundo de los casos -el de Blesa- está por averiguar cuáles han sido las actuaciones instadas en orden a la realización de indagaciones para el esclarecimiento de las presuntas irregularidades denunciadas sobre el que fuera presidente de la Caja madrileña y amigo reconocido del ex presidente José María Aznar.

Mientras que en el caso EREs la Fiscalía ha alabado la actuación de la jueza que lo instruye -así como del personal del juzgado- reconociendo su “amplitud y complejidad” y solicitando por ello “la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la causa”, en el caso Blesa, por el contrario, intentó en el pasado mes de mayo apartar de la causa al juez instructor, posteriormente solicitó su anulación y más recientemente, cuando el juez ha decidido la prisión incondicional de Blesa, la Fiscalía está analizando las resoluciones dictadas por aquél para decidir sobre la interposición de una querella por prevaricación.

Estamos, por tanto, en la antesala de una segunda edición del caso Baltasar Garzón, es decir, que cuando un juez se atreve a meter las narices en una causa abierta contra el Partido Popular y/o su entorno cae inexorablemente sobre él el peso del Estado de Derecho en forma de presunta prevaricación. En aquella ocasión Federico Trillo-Figueroa se anticipó a la condena del juez cuando manifestó que Baltasar Garzón estaba en una “situación imposible” y que debía “reflexionar y meditar sobre su propia posición como juez” porque “no se merece esto la carrera judicial”.

Hoy, ante la ausencia del escenario de la política nacional del que fuera ministro de Defensa por su dorado “exilio” en la embajada británica, es la prensa afín al PP la que, de momento, se ha lanzado a hacer las premoniciones de rigor. Este viernes el diario La Razón decía: “El encarcelamiento incondicional de Miguel Blesa, que el fiscal recurrirá de manera inmediata por entender que la decisión del polémico juez Elpidio José Silva no se ajusta a derecho, acentúa la necesidad de que se resuelva con urgencia el incidente de recusación que ha presentado la defensa. Está de por medio un derecho tan fundamental como el de la libertad, por lo que la Audiencia Provincial, encargada de resolver la recusación, tiene la obligación de actuar con diligencia y acortar al máximo los plazos legales”. Ahora, sólo restan las formalidades de ponerlo todo negro sobre blanco. ¡Puro trámite!

Gerardo Rivas Rico es Licenciado en Ciencias Económicas