Riego de la Vega - Leon

El caso Bárcenas, con sus graves implicaciones respecto a la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y las dudas sobre el comportamiento del presidente del Gobierno, uno de los mayores escándalos políticos de nuestra historia reciente, transcurría hasta ahora de forma un tanto surrealista, como un escándalo en busca de juez.

La investigación de la Fiscalía no proporcionaba la confianza entre el público de que el asunto se movería con el rigor la y rapidez debida.

La Fiscalía será todo lo independiente que se quiera pero su actuación es jerárquica por definición y al fiscal general del Estado, con todo mi respeto para Torres Dulce, le designa el Gobierno. Es el Fiscal General del Gobierno.

Finalmente el juez Javier Gómez Bermúdez ha tomado el asunto al vuelo aprovechando que Izquierda Unida pasaba por allí con su querella.

El juez ha citado en calidad de imputados a los empresarios que figuran en el cuadernillo de Bárcenas como autores de donativos al PP.

Clamaba al cielo que a la fiscalía no se le hubiera ocurrido indagar este asunto que, aunque negado por los empresarios, producía claras sospechas de veracidad.

Es justo que se investigue a los corruptos pero los corruptores no pueden quedar en la impunidad aun entendiendo sus razones.

Vamos que si no llevaban maletines a Génova no se comían una rosca en los contratos de obra pública.

No se podía admitir que la corrupción se convirtiera en un instrumento de trabajo, en un coste más del proceso productivo.

También ha pedido el juez que el Partido Popular le remita todas las retenciones en el IRPF de los miembros del mismo que aparecen en el infamante cuadernito.

El juez Bermúdez ha respondido al clamor ciudadano. Ha hecho lo que había que hacer abriendo la esperanza de que finalmente el público reciba explicaciones y que se haga justicia.

Ahora es de esperar que el juez de un paso que se tenía que haber avanzado hace tiempo: meter en la cárcel a Bárcenas, preventivamente, para evitar que se fugue a uno de sus paraísos.

Es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora de retirada de pasaporte y prohibición de salir de España eran bastante flácidas.

El escándalo social es ya asfixiante como demuestra el barómetro del CIS publicado el pasado miércoles que sitúa a la corrupción política como el segundo problema más importante del país, solo por debajo del paro

Y escandaliza sobremanera que con tantos casos de corrupción, de políticos y asimilados –los relacionados con la Casa Real–corruptos y de empresarios corruptores haya tan pocos en la cárcel. Un número insignificante entre los 65.000 reclusos a cargo del Estado.